Hotel, triste hotel: Los números de la calle, en disputa

"Hay gente viviendo en la calle pero hay muchos que no quieren ir a los paradores, siempre tenemos lugar. Hay que llamar al 108. Por la fuerza no los podés llevar. Tenemos un hogar para familias, hay hogares para mujeres, para hombres y un hogar para familias", sostuvo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Aseguró que  "el número de la gente en la calle se mantiene estable, son entre 800 0 900 personas". Sin embargo, diversas ONG sostienen que ese número hay que multiplicarlo por veinte. No se cuentan allí, por ejemplo, a los que viven en hoteles y están en riesgo de volver a la calle, que según la ley vigente deberían ser incluidos en un censo anual. La discusión ya tomó estado judicial y la jueza Elena Liberatori le ordenó al Gobierno porteño hacer ese censo. El Gobierno respondió con los mismos números, más algunos agregados, sin hacer un nuevo relevamiento.

El Gobierno porteño insiste con que sólo hay 876 personas en situación de calle. El número es similar al que ofreció en otros años y es producto de un relevamiento que se hizo en abril.

“No voy a opinar sobre la percepción. Lo que pasa es que vienen del conurbano, por eso parecen más”, sostuvo  Maximiliano Corach, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, el área que impidió una inspección por parte de auditores y legisladores a uno de los paradores para gente en situación de calle. 

No obstante, la ley 3076 que rige el censo que se debe hacer todos los años incluye como personas en situación de calle aquellas que están en riesgo de quedar en la calle. Un informe del Consejo Económico y Social sobre la implementación de esa ley advirtió que no se está cumpliendo con el censo que prevé la ley. Por eso, Laura Velasco y la diputada Victoria Donda presentaron un amparo para que se haga el censo.

Advirtieron en el escrito que, pese al reiterado número de 800 personas, el mismo gobierno reconoce que recibe 36 mil llamados al año por personas en situación de calle y que unas 7000 personas por año solicitan el subsidio. “El censo no cuenta los menores de edad, ni las personas que no tienen techo pero se refugian en paradores”, advierten.  Tampoco a los que viven en hoteles gracias a amparos judiciales.  A pesar de estos datos contradictorios, este año el Ministerio de Desarrollo Humano redujo sus metas físicas para el programa de atención integran de personas en situación de calle: pasó de 2270 personas en 2015 a un objetivo de 2090 personas este año, como si se hubiera reducido el problema.

La jueza Liberatori, a raíz de esta presentación, ordenó hacer el censo como manda la ley. Vale la pena detenerse en algunas consideraciones que hizo la magistrada sobre el censo que presentó en la causa el Gobierno porteño, que se hizo en la noche del 14 de abril. “El relevamiento del año 2016, por lo pronto, no abarca a la totalidad de las personas especificadas en forma expresa por el art. 2 de la Ley 3706, por cuanto en ninguna se alude a las personas en riesgo a la situación a calle. Queda evidente el desganado actuar de los funcionarios administrativos que en una noche al voleo, previa al mayor impacto de la crisis económica y del clima invernal en su punto más álgido, maquillan en un informe datos no comprobables, y casi seguramente no ajustados a la realidad, por cuanto tampoco se especifican procedimientos preestablecidos de trabajo ni las pautas que reglamentariamente deben estar hechas al presente”, indicó la jueza. “Llama escandalosamente la atención que el mismo se base en un único relevamiento de una noche otoñal,  sin considerar, el complejo y dinámico universo social que compone el colectivo humano de personas en situación de calle y en riesgo a la misma. Ni metodología, fundamentación ni propósitos han sido informados y en mi convicción, siquiera existen”, sentenció.

“No vemos de parte del Gobierno de la Ciudad un número que refleje la realidad. Era más o menos lo que pasaba con el INDEC en los últimos años. Al haber una negación por parte del Gobierno pensamos que era importante que la Justicia intervenga”, indicó Donda.

En la nueva presentación que hizo en la causa el Gobierno porteño, sumó al listado ya presentado de 860 personas unas 1123 personas alojadas en dispositivos (hogares o centros de integración), unas 170 con sentencia de desalojo, 131 familias en “ranchos”, sin servicios básicos (serían unas 2600 personas), pero no hizo un nuevo relevamiento.  Laura Velasco, del Consejo Económico y Social, advirtió que incumplieron la orden judicial. “Siguen sin admitir que hay un crecimiento de la situación de calle. El Gobierno sigue sin reconocer que hay gente en la calle”, indicó. “Muchas veces el discurso del Gobierno y el argumento al que echan mano es que hay gente que vive en la calle y no quiere ir a los hogares o los paradores –señaló—  Nunca se preguntan por qué una parte no quiere ir. Y lo que sucede cuando uno escucha a la gente es que les sacan las pertenencias, separan a las familias, no funcionan las 24 horas, por lo que a las 8 de la mañana se tienen que ir. Hay violencia institucional y de la otra. Claro, es muy sencillo decir que la gente no quiere ir. O que no se dejan ayudar. Esto implica no hacerse cargo de que las políticas públicas son absolutamente deficitarias”.