En boca cerrada entran fallos

Hay una noticia que ningún medio contó, así que empecemos por ahí. El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño que haga refacciones urgentes en la escuela Isauro Arancibia, a la que asisten chicos en situación de calle y a la que el macrismo quiere demoler para construir el Metrobus. El juez indicó que se deberá colocar el ascensor que está pendiente y que impide la libre circulación de estudiantes con discapacidad motriz. También citó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y al ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública para que asistan o bien suspender las obras del Metrobus del Bajo. Según indicó en el fallo, deberán explicar por qué en la última audiencia un funcionario porteño mintió al asegurar que no existe el Metrobus del Bajo cuando las obras ya han comenzado. Como en otros casos, se puede leer aquí la judicialización de un conflicto que se podría haber evitado con un mayor diálogo del Gobierno porteño con los actores involucrados.

El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño que haga refacciones urgentes a la escuela Isauro Arancibia, a la que asisten chicos en situación de calle y que el macrismo quiere demoler para construir n Metorbús.

 

El juez Gallardo había interpuesto un fallo que frenó el traslado de los docentes y la posterior demolición del Arancibia, con la que el Gobierno porteño busca avanzar para despejar el camino al Metrobus del Bajo. El juez dispuso en esa oportunidad que el Gobierno porteño garantice el normal funcionamiento del lugar y citó a los funcionarios a una audiencia judicial. En esa audiencia el director general de Transporte Masivo de Buses Rápidos, Lucas Rafael Salese, aseguró que “todavía no existe Metrobus del Bajo”, que “es un proyecto en estado de desarrollo” y que ni siquiera tiene un expediente. La asesora tutelar Mabel López Oliva presentó un escrito en el que lo acusó de mentir. En rigor, ualquiera puede constatar que esta semana comenzaron las obras sobre Paseo Colón. También con una rápida búsqueda en Google se puede ver que el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, dijo que piensan demoler parte de la escuela Isauro Arancibia y trasladar el centro a un nuevo edificio.

Después de esa audiencia, el magistrado resolvió hacer una inspección ocular. Allí constató que hay una serie de obras que todavía no se hicieron. Entre ellas, instalar el ascensor que permitiría que a los estudiantes con discapacidades motrices no los tengan que subir todos los días aupa por la escalera. En esa inspección, López Oliva indicó que en los baños hay “inodoros rotos, desperfectos que generan inundaciones, cables colgantes” y que en el subsuelo falta reparar las cañerías y las conexiones de la tubería para evitar también que se inunde. En la escuela ya se invirtieron casi 12 millones de pesos en obras, por lo que demolerla también sería tirar ese dinero público a la basura. La obra estaba avanzando, pero la empresa que debía completarla se retiró y nunca regresó.

El juez Gallardo consideró que los plazos que se autoimpuso el Gobierno porteño (primeros meses del año próximo) son demasiado holgados para “tareas que no presentarían mayor complejidad como ser la colocación de un portón en la puerta de acceso del establecimiento, el reemplazo de vidrios, la colocación de espejos y herraje” o bien “la colocación de una plataforma para el acceso al establecimiento en silla de ruedas, así como la instalación del sistema de calefacción a gas por agua caliente en el SUM”. El juez concluyó en que el paso del tiempo atenta contra la integridad física y los derechos de los que asisten al establecimiento. Sobre la instalación del ascensor, subrayó que está pendiente desde noviembre del año pasado.

En la escuela ya se invirtieron casi 12 millones de pesos en obras, por lo que demolerla también sería tirar ese dinero público a la basura. La obra estaba avanzando, pero la empresa que debía completarla se retiró y nunca regresó.

Por todo esto, el juez ordenó hacer las obras pendientes antes de que comience el ciclo lectivo 2017 o se le aplicará a la ministra de Educación una multa diaria de cinco mil pesos. También intimó a ese ministerio a entregar en cinco días las actas de inspección de las obras, bajo apercibimiento de otra multa sobre la ministra de dos mil pesos por día. Gallardo les dio diez días para que arreglen los baños y las filtraciones o se sumará una tercera multa de mil pesos sobre la funcionaria PRO.

Por último, el juez citó para este miércoles a la ministra de Educación, al procurador porteño Gabriel Astarloa, y al ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, a concurrir personalmente a una audiencia para explicar si la traza del Metrobus del Bajo pasará por donde está hoy la escuela. El juez destacó en el fallo que los funcionarios “deberán comparecer en forma personal e inexcusable. Todo ello bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de ser traídos con auxilio de la fuerza pública y/o de suspender la ejecución de las obras del Metrobus del Bajo”.

La situación a la que se llegó con el Isauro Arancibia en el medio de un expediente judicial tiene como correlato la falta de diálogo con las autoridades de la escuela, la poca o nula información sobre lo que ocurrirá con el lugar, con los docentes y con los chicos.

 

La situación a la que se llegó con el Isauro Arancibia en el medio de un expediente judicial tiene como correlato la falta de diálogo con las autoridades de la escuela, la poca o nula información sobre lo que ocurrirá con el lugar, con los docentes y con los chicos que tienen ese espacio como uno de los pocos que les da contención. Nada de esto hubiera ocurrido si hubiera una mayor voluntad de escuchar a los actores involucrados.

La misma conclusión se puede aplicar a otros casos, como el traspaso de los dispositivos penales juveniles, que también fue frenada por un amparo. Nuevamente, los que presentaron el amparo advirtieron al Gobierno porteño en numerosas oportunidades que era un error traspasar los ex institutos de menores al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el organismo que tendría que velar por sus derechos.

Otro fallo que suspendió la construcción del paso a nivel en Avenida Balbín tiene el mismo trasfondo: los vecinos de Saavedra que presentaron el amparo expusieron en la audiencia pública previa al comienzo de la obra. Allí 56 personas dijeron que había riesgo de que provocara inundaciones. Nuevamente, no fueron escuchadas por los funcionarios. Promover el diálogo como conducta de los gobernantes es loable. Ejercerlo es aún mejor.