El Presupuesto Participativo sigue siendo una deuda pendiente para las Comunas

A 20 años de la sanción de la Constitución porteña, los vecinos todavía no cuentan con el Presupuesto Participativo (PP). Aunque hay siete proyectos de PP en debate parlamentario, el Presupuesto 2017 fue elaborado, como los años anteriores, desde el Ejecutivo, sin la voz de los vecinos que participan en Consejos Consultivos, contemplados en la Ley Orgánica de Comunas (1777).
 
“Es el derecho vecinal a decidir qué queremos que se haga en las Comunas y a tener el financiamiento necesario”, explica a Pura Cuidad Carlos Wilkinson, miembro del Movimiento Comunero.
 
Tras la autonomía de Buenos Aires, se elaboró su carta magna. El artículo 52 establece el “carácter participativo del presupuesto”.  “La ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos”, añade el texto. 
 
“El Gobierno de la Ciudad no tiene voluntad de hacer una descentralización profunda. El Presupuesto Participativo implica superar el concepto de democracia representativa para hablar de la democracia participativa expresada en la Constitución local”, manifiesta Wilkinson.
 
Los vecinos demandan por el PP, desde distintos lugares como el Movimiento Comunero y el Encuentro Intercomunal, asambleas con vecinos participantes de los 15 Consejos Consultivos. Incluso, cuentan con un fallo judicial favorable. En noviembre de 2013, por un amparo, el juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario obligó al Gobierno porteño, entonces encabezado por Mauricio Macri, y a la Legislatura a cumplir el artículo 52 de la Constitución local y el artículo 9 de la Ley 70 (garantía de participación ciudadana en el presupuesto anual porteño).
 
Ni el fallo ni las reuniones fueron determinantes. Ahora hay distintas iniciativas del oficialismo y la oposición presentados en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura. Son siete textos con autoría de Paula Penacca (FpV y presidenta de la Comisión), Roy Cortina (Partido Socialista), María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Esteban Penayo (PRO), Marcelo Guouman (SUMA+), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Pablo Bergel (Mandato Cumplido).
 
“La descentralización es un paso fundamental para una correcta implementación de las comunas porteñas,  queremos proponer con esta ley varias instancias de discusión privilegiando la participación ciudadana asegurándole un rol importante a los Consejos Consultivos Comunales”, afirma Paula Penacca. 
 
“Tenemos que llevarle a la ciudadanía leyes participativas para incentivar a los vecinos que quieran trabajar en demandas sociales y preocupaciones en torno a sus barrios y Comunas, y brindarles mecanismos dinámicos, para que las Comunas tengan el sentido por las que fueron creadas”, continúa Penacca.
 
Los proyectos apuntan a que entre marzo y abril los Consejos Consultivos hagan un anteproyecto de Presupuesto. En algunos proyectos llaman a tener un coordinador que haga de nexo entre los Consultivos y las Juntas Comunales.
 
Un tema relevante es si las propuestas vecinales son vinculantes o no. Los textos de Penacca y Penayo establecen que no son vinculantes, pero las Juntas las deben tener en cuenta al confeccionar el anteproyecto que mandará al Ejecutivo en julio. La mayoría de los textos establecen a las Competencias Exclusivas como marco para pensar qué obras hacer. Otros suman las Competencias Compartidas con el Ejecutivo. El texto del PRO plantea que la Secretaría de Descentralización evalúe “la viabilidad jurídica, técnica y financiera” de las propuestas vecinales.
 
Los legisladores de la Comisión de Descentralización visitaron durante el año a los vecinos de los distintos Consultivos para exponer el alcance de los textos. Además, varios Consultivos pidieron la jurisdicción presupuestaria para las Comunas.