Policía de choque

No tengo un amor particular por el ‘trabajador’
idealizado que aparece en la mente del
comunista burgués, pero cuando veo a un
trabajador de carne y hueso en conflicto con su
enemigo natural, el policía, no tengo que
preguntarme de qué lado estoy.
George Orwell
   
La imagen se repite una y otra vez, como en las pesadillas circulares y eternas de Neil Gaiman: la Policía de la Ciudad, esa que fue creada por ley para ser una policía de contacto, moderna, cercana al vecino y mil palabras más que adornaron el debate legislativo, es utilizada para reprimir manifestaciones de trabajadores que reclaman por sus puestos de trabajo, por sus salarios o por ingresar de alguna forma al mercado laboral. La enésima represión de este año de la policía conducida por Horacio Rodríguez Larreta ratifica lo que dijimos en otras oportunidades: Patricia Bullrich les ganó la partida y ahora son los funcionarios porteños los que cargan con el costo político de la represión. Lo pudo hacer, claro está, porque quien ejerce presión sobre el jefe de Gobierno es el presidente Mauricio Macri, que abrió la campaña a palos y balazos de goma.

Larreta se resistía a aplicar el protocolo antipiquetes porque tiene aspiraciones personales y nada las trucaría más rápidamente que un muerto en una manifestación por balas policiales.

Hagamos, una vez más, un repaso cronológico para no perder la perspectiva de este hecho político: durante todo 2016, Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, se resistieron a aplicar el protocolo antipiquetes que les impuso la ministra Bullrich, quien por ese entonces se jactaba de que los cortes serían reprimidos en cinco minutos. Los funcionarios porteños no se resistían porque sus ideologías difieran en lo esencial, sino porque el jefe de Gobierno tiene aspiraciones presidenciales y es consciente de que, en este país, nada es más veloz en truncarlas que un muerto en una manifestación por balas policiales. (Y, lamentablemente, hay que agregar: sobre todo si ese muerto es de clase media, porque ya fueron asesinados en el contexto de un desalojo represivo tres inmigrantes en el Parque Indoamericano cuando Macri era jefe de Gobierno y despotricaba contra la “inmigración descontrolada”; luego, fue electo presidente).

Esa tensión entre Nación y Ciudad, impensada en un contexto de hegemonía amarilla, se resolvió en enero cuando Macri ejerció presión pública sobre Larreta para que comenzara a reprimir como Dios manda. Y así se sucedieron los primeros hechos represivos: primero contra los más marginados y vulnerables, como eran los manteros de Once que fueron expulsados cuando todavía había márgenes para negociar una salida pacífica. Luego vino el 8M y la razzia de mujeres que organizó la Policía de la Ciudad, con un especial carácter lesbofóbico. Recordemos: un grupo de manifestantes feministas fueron detenidas con la mediación de policías de civil, de noche y fueron humilladas y obligadas a desnudarse. Les siguió la represión a vecinos de La Boca que protestaban por el balazo que habían recibido dos habitantes de ese barrio. Todos estos hechos formaron parte del bautismo represivo de la nueva policía, que tiene pocas diferencias con la vieja.

El súmmum parecía haber llegado cuando a la Policía de la Ciudad la enviaron a reprimir a los docentes que querían instalar la Escuela Itinerante frente al Congreso. El repudio generalizado que siguió a esas imágenes de la represión obligó a los macristas porteños a recalcular y a permitir que se instalara la Escuela. No obstante, en cada entrevista, continuaron justificando la represión.

Hay dos grupos claros dentro del PRO: Los macristas que pasaron a gobernar el país y buscan enviar el mensaje de que se terminó la joda y los que se quedaron en la Ciudad, cuya supervivencia va en contra de la línea que baja la Casa Rosada.

La voluntad represiva parecía haberse enfriado por un tiempo, hasta que aparecieron los cooperativistas en la 9 de Julio, que fueron a reclamar por 40 mil despidos al ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. Allí volvió a actuar la Policía de la Ciudad, nuevamente con una serie de irregularidades: policías de civil, menores detenidos, y una verdadera cacería de manifestantes por las calles porteñas. Nuevamente, la represión comenzó cuando todavía existía una negociación dentro del Ministerio de Desarrollo Social, como si de lo que se tratara es de dar un mensaje. Y el mensaje, fuerte y claro, que planteó Macri lo repitieron todos los funcionarios entrevistados: no se van a permitir más piquetes. Acá se terminó la joda.

Si bien el PRO se muestra monolítico en este discurso y busca polarizar con la lectura de lo que para ellos ocurrió en el espacio público mientras gobernaba el kirchnerismo (la joda), dentro del macrismo se da un juego de posiciones ante esta represión donde algunos de sus integrantes salen perjudicados y otros beneficiados. Claramente, quien continúa quedando en el lugar de recibir todos los costos políticos es Larreta: tiene que dar la cara para defender estas decisiones políticas y corre con todos los riesgos si la Federal que ahora se llama Policía de la Ciudad vuelve a matar, como ya lo hizo en 2001 (por mencionar un solo hecho). Algunos funcionarios nacionales planean continuar utilizando a Larreta de escudo para que reciba todos los golpes ante estos hechos. Larreta, en tanto, elaboró una teoría según la cual las manifestaciones masivas están protegidas por la Constitución, pero los cortes de personas de clase baja, por alguna razón, no.

En definitiva, la represión de la semana pasada vuelve a mostrar que se delimitan dos grupos muy claros dentro del PRO: los macristas que pasaron a gobernar el país y que buscan que se baje el mensaje de que se terminó la joda y ven con desagrado los cortes de calles que no son reprimidos, como había ocurrido un día antes del desalojo a palazos del miércoles. Y, por otro lado, los macristas que se quedaron en la Ciudad, entre ellos Larreta y el vicejefe Diego Santilli, cuyos instintos de supervivencia política gritan en contra de la estrategia que les bajan desde la Rosada. De la misma opinión es otra actora política de Cambiemos, Elisa Carrió, mientras que el ala dura la conduce el presidente Macri. De cómo seguirá esta guerra de posiciones depende la integridad física de muchos manifestantes que no tienen otro lugar que la calle para expresar sus reclamos.