COMUNA 13

Se votó el plan urbanístico para la Estación Colegiales

En la última sesión, la Legislatura porteña aprobó un convenio entre Nación y Ciudad para urbanizar, con espacios verdes y edificaciones de uso público y privado, a un amplio predio ferroviario de más de 9 hectáreas en la Estación Colegiales que pertenecían al ferrocarril Mitre.


El Gobierno porteño está muy cerca de convertir en espacios verdes y edificaciones públicas y privadas a un predio de 9 hectáreas en el barrio de Colegiales. El terreno se utilizaba como playón de maniobras del ferrocarril Mitre y fue traspasado a la Ciudad. Un grupo de vecinos había presentado una iniciativa para que se convirtiera en un gran parque y podrán insistir con su pedido en una audiencia pública no vinculante.
 
La Legislatura porteña aprobó, en primera lectura, un convenio entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad, para construir espacios verdes y edificaciones de uso público y privado, a un amplio predio ferroviario de más de 9 hectáreas en la Estación Colegiales, informa Noticias Urbanas.
 
La norma deberá ser sometida a audiencia pública, antes de su sanción definitiva. A su vez, el predio deberá ser debidamente mensurado para saber con exactitud de qué superficie se dispone para parquizar y construir, una vez definida cuál es la franja de terreno que se seguirá utilizando para las vías férreas y área operativa del Ferrocarril Mitre.
 
El polígono afectado, cuya rezonificación se dispone mediante esta ley, es el que está comprendido por la avenida Lacroze y las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes y Cramer, en el barrio de Colegiales. Allí se prevé levantar viviendas colectivas, locales comerciales, establecimientos de salud y educación, abrir nuevas calles y disponer de amplios espacios verdes parquizados. El 35% del terreno rezonificado podrá utilizarse para edificación de uso privado y el otro 65% debe ser “para uso y utilidad pública de la Ciudad”, con alrededor de la mitad de esa superficie destinada a espacio verde absorbente.
 
Al efecto, el Estado nacional deberá elaborar los planos discriminando la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y la que se destine al desarrollo urbano de la Ciudad. Se prevé un área edificable de 47.200 metros cuadrados.
 
Por otra parte, el proyecto aprobado dispone incluir en la conformación de un sistema de espacios, corredores y conectores verdes a los predios que se encuentran en torno a las vías férreas desde la calle Juramento hasta Santos Dumont, incorporando en el corredor paisajístico a las plazas Castelli, De los Olmos, Portugal, Paso, De los Colegiales, Mafalda y Clemente. 
 
“El Master Plan urbanístico del polígono surgirá de la convocatoria a concurso público de iniciativas y proyecto urbano, promovido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice la ley.
 
Explica además que “el proyecto paisajístico de dicho polígono tendrá en cuenta las propuestas surgidas del Concurso Público, de carácter no vinculante” y que “se convocará a reuniones en el ámbito del Consejo Consultivo Comunal, como organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad, con la finalidad de incluir instancias participativas que contemplen las necesidades y requerimientos de los vecinos y potenciales usuarios de los espacios públicos”. También estipula que “las autoridades de la Junta Comunal serán convocadas para participar como observadores en cada uno de los concursos”.
 
La Comisión de Planeamiento Urbano emitió un despacho de mayoría (que fue el votado) y dos despachos de minoría de los diputados Adrián Camps (PSA) y Javier Andrade (FpV). A su vez, hicieron observaciones en contra de la iniciativa Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT).
 
Aún resta la segunda lectura de la ley, pero antes habrá una audiencia pública en donde los vecinos podrán insistir con su plan para que las 9 hectáreas desafectadas se conviertan en un parque. La norma deberá ser sometida a Audiencia Pública, antes de su sanción definitiva.
 
El diputado ambientalista del Socialismo Auténtico, Adrián Camps, votó en contra del proyecto, y pidió que ante las irregularidades de la ley se vuelva a discutir en Comisión.  Argumentó que es un proyecto que va en contra de la voluntad de los vecinos y se basa en un decreto de la dictadura. Además, advirtió que es un negocio ilegal y desastroso para la Ciudad.
 
“Hay una lucha muy amplia de los vecinos para que el predio sea un espacio verde de uso público. Colegiales es uno de los barrios con menos espacios verdes de la Ciudad. Cuenta solo con 0,6 m2 por habitante y la OMS recomienda 10 m2 por habitante. Estuve con los vecinos que se movilizaron y no escuché en ningún momento que hubiera alguno a favor de esta ley”, contó Camps a revista Qué.
 
Por otro lado, Camps explicó que “El proyecto tiene falencias técnicas absolutas que lo hacen inviable. El 65% de las tierras son transferidas por la Nación a la Ciudad. Para que adquieran un mayor valor, la Legislatura va a permitir que en el 35% restante se puedan construir torres de hasta 25 metros de altura con la posibilidad de construir 80 mil m2. Según Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, el m2 de capacidad constructiva vale en la Ciudad 1000 dólares, y por ende esa parcela valdría 80 millones. Según el convenio que se propone, la Nación se queda con 70 millones y la Ciudad con 10, un acuerdo totalmente desventajoso para los porteños. La Legislatura va a habilitar un gran negocio de tierras, que van a ser rematadas. Pero venderlas sin la aprobación del Congreso es ilegal. El oficialismo se ampara en un decreto de la dictadura firmado por Videla y Martínez de Hoz.  En ese momento no había Congreso, y se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a vender tierras públicas. Por eso, el negocio que implica esta ley es ilegal, y tampoco no defiende la voluntad de los vecinos ni los intereses de la Ciudad”.
 
Además, en un comunicado los vecinos organizados de la Comuna 13, expresaron: “Decimos no porque tiene como uno de sus fines la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Estos emprendimientos comerciales tendrán un impacto negativo en nuestra calidad de vida provocando la concentración de la población y el incremento del tránsito vehicular, así como el aumento de la demanda de servicios públicos, que al día de hoy ya no dan abasto. Además del impacto ambiental que significa la impermeabilización del suelo y el incremento del efecto isla de calor por el cemento y el aumento de la contaminación sonora”.

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