La Legislatura aprobó rezonificar en La Boca para levantar torres

La Legislatura porteña aprobó ayer un convenio entre los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad para construir las Torres Catalinas Sur II, en un predio del barrio de La Boca, pese al fuerte rechazo de los vecinos, quienes proponían una Unidad deportiva, educativa y cultural abierta para toda la comunidad, informa Página 12.
 
El proyecto fue aprobado con 33 votos a favor y 11 en contra, incluyendo los de los bloques del Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Además, hubo 11 abstenciones. Ahora deberá ser debatido en audiencia pública para, finalmente, volver a ser tratado en el recinto para su aprobación definitiva.
 
El proyecto votado habilitó una rezonificación especial para levantar edificios que alcancen los 75 metros de altura en un terreno delimitado por el Club Darling, la plaza Maestro Quinquela, una sede de Vialidad Nacional y un depósito de hidrocarburos. El presidente del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó a Página 12 que “bajo una lógica economicista se pretende construir torres que potencien el negocio inmobiliario en un barrio dónde no sólo se multiplican los desalojos, sino que además está en emergencia urbanística y habitacional en una ley decreta hace diez años”.
 
La Legislatura aprobó la rezonificación de tierras en La Boca con los votos del interbloque Vamos Juntos. Los vecinos proyectaron para ese lugar un predio verde, con actividades sociales y culturales, pero ahora tendrán torres, autos y tránsito. “Pasamos de una ciudad verde a una ciudad gris. Las Catalinas eran un oasis en medio de la ciudad, donde uno disfrutaba de la plaza, de caminar por el barrio. Incluso, con el proyecto que presentamos, buscamos potenciar creando una Unidad deportiva, cultural y educativa”, indicó a Página 12 el vecino Juan Agüero.
 
El convenio aprobado dispone un acuerdo entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad para que se modifique el plan urbanístico en el predio ubicado entre las calles Gualeguay, Espósito, Azopardo y las avenidas Brasil e Ingeniero Huergo, y así levantar torres en esa zona con un límite para cada edificio de 75 metros de altura y no más de 30 pisos.
 
“El texto que se votó permite la construcción en un terreno en 150.000 metros cuadrados, un poquito más que toda la urbanización que tiene el barrio de Catalinas desde su fundación”, sostuvo Baldiviezo y agregó que “en ningún momento pensaron el impacto que sufrirá la zona, con una congestión en la estructura de servicios públicos, la red de transporte, entre otras cosas”.
 
En medio de abucheos de los propios vecinos, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Agustín Forchieri (PRO), comentó en sesión que “este convenio dará un visto bueno al desarrollo y construcción de las torres Catalinas Sur 2 y como todo proyecto de desarrollo urbano trae como consecuencia la generación de nuevas fuentes de trabajo”. La legisladora Laura Marrone  (FIT) contestó: “Acá se quiere entregar terrenos para la especulación inmobiliaria, para negocios y no para favorecer fines productivos. Además, hay que decir que en ese lugar hay terrenos contaminados que no permiten ser habitados”.
 
Desde el Club Darling salieron a denunciar que una de las hectáreas donde se harán torres forma parte de sus instalaciones desde hace 34 años, a partir de un convenio de uso y el pago de un canon mensual a la Administración General de Puertos. Según la institución, allí tienen canchas de tenis y de fútbol y un gimnasio, además de una arboleda centenaria. "La sanción del proyecto de ley cambia vertiginosamente las condiciones de vida del barrio y transforma radicalmente la dinámica del club, amenazando seriamente su existencia", aseguraron en un comunicado.
 
En el predio también funciona la Asociación Vecinal Catalinas Sur, en Azopardo y Necochea, que tiene un permiso de uso vigente hasta 2030.
 
"Esta Legislatura debería defender los intereses de los porteños, en este caso representados por los vecinos del barrio de La Boca. Ellos han elaborado un proyecto superior, que propone la creación de una Unidad de Gestión Socio Ambiental para esas tierras, priorizando los espacios verdes. Eso es lo que los diputados deberíamos defender", señaló a Clarín el legislador Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico).
 
Otro tema que surgió fue el de los territorios contaminados: “Nunca escuchamos a los funcionarios del gobierno decir cómo van a sanear los terrenos que pertenecieron en su momento a YPF. Buscaron a toda costa aprobar el convenio, sin importar las consecuencias ambientales”, agregó una vecina.
 
Agüero, que vive en las Catalinas, concluye “Vemos cada vez más familias del barrio que reclaman en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad por los desalojos o los incendios de La Boca. Y el Gobierno, en vez de hacerse cargo de esto, creando viviendas sociales, busca alimentar el negocio inmobiliario”.