Costa Salguero, el negocio que sigue

Hace un año, el complejo Costa Salguero y su relación cercana con el macrismo quedó en el centro de la escena con la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica. En Nueva Ciudad, investigamos el negocio de la noche en este informe especial. No obstante, el PRO consiguió pasar de largo las muertes juveniles y ni siquiera se privó este año de festejar sus victorias en el mismo lugar donde fue la fiesta Time Warp: allí el presidente Mauricio Macri bailó como si nada hubiera pasado. Un informe reciente de la Auditoría de la Ciudad señala que el Complejo sigue siendo beneficiario de un negocio sin igual. Los auditores también comprobaron que, contra lo que manda la ley, nunca hicieron las obras para que se pueda acceder a la costanera. No obstante, el Poder Judicial cerró una causa que impulsó durante ocho años el ex legislador Facundo Di Filippo, en la que exigía que se hicieran las obras para que el Complejo y sus dueños dejaran de apropiarse del espacio público.

Cuando fue la tragedia de Time Warp, en Nueva Ciudad contamos el entramado de relaciones entre sus dueños y los macristas, aunque la empresa los precede largamente (viene haciendo negocios allí desde 1987). No obstante, mediante el bloqueo parlamentario de cualquier tipo de investigación con la ayuda de sus aliados de la Coalición Cívica y un buen acompañamiento de los medios regados de abundante pauta porteña, la crisis fue rápidamente superada. Lo único que quedó fue una investigación que se aprobó en la Auditoría porteña sobre la concesión del Costa Salguero que, desde hace años se sabe, es escandalosa: un canon irrisorio a cambio de un negocio formidable. Esa investigación sobre el lugar que el presidente Macri también eligió para casarse con Juliana Awada no incluyó el período de la fiesta Time Warp gracias a que votó en contra una auditora vinculada a Martín Lousteau.

Un informe de la Auditoría de la Ciudad confirma que el canon que paga la empresa Telemetrix es insuficiente, tiene deudas millonarias con Rentas por falta de pago de ABL y hay locales con falta de documentación o habilitación apócrifa.

Pero finalmente el informe de la Auditoría se aprobó el 11 de noviembre de este año. ¿Qué es lo que dice? Confirma que el canon que paga la empresa Telemetrix es insuficiente, que tienen deudas millonarias con Rentas por falta de pago del ABL y que hay locales con falta de habilitación o documentación apócrifa. Vamos por partes:

El canon soñado: Telemetrix gozó de un canon congelado que pagaba al Gobierno de la Ciudad hasta 2008, pese a que la razón original del congelamiento era la convertibilidad. El informe de la Auditoría indica que la relación del canon con respecto a los ingresos de Telemetrix (que lo que hace es subconcesionar los predios de Costa Salguero a otras empresas) disminuyó a la mitad (del 14,29 por ciento al 7,78 por ciento, más precisamente). Es decir: mientras Telemetrix pagaba una suma sin aumentos al Gobierno porteño por utilizar un lugar que pertenece al Estado, aumentaba a sus subconcesionarios la cuota del alquiler ajustando el monto por el CER o bien por el INDEC, por lo que habían subido un 195 por ciento.

A partir de 2008, con la readecuación, pasó a pagar 65 mil pesos por mes. Se fijó un mecanismo un tanto extraño para aumentar ese canon (incluía, por ejemplo, el precio de las pelotitas del golf de Costa Salguero entre sus variables) que, según pudo recabar la Auditoría, implicó hacia 2015, cuando Macri promediaba sus ocho años de Gobierno, un perjuicio al Estado de 345 mil pesos. Si en 2013, el canon de Costa Salguero representaba el 13 por ciento de todos sus ingresos, para cuando Macri terminó su mandato era el 8 por ciento. Para graficarlo aún más: en ese año, por cada metro cuadrado que Telemetrix concesionaba se llevaba 107 pesos y le pagaba al Estado (verdadero dueño de las tierras) nueve pesos. La Auditoría advirtió que la fórmula que utilizan para calcular los aumentos del canon no es correcta. ¿Por qué el Estado necesita un intermediario privado para alquilar esos locales y perder el ingreso de fondos? Es algo que no se entiende.

Zona libre de impuestos: Telemetrix no tuvo que poner un peso de ALB hasta 2007, pese a que ya en 2002 tenían asignada una partida. El motivo es que el Gobierno porteño se demoró en empezar a enviarle las facturas de ABL y luego prescribió la deuda. Cuando Rentas le empezó a exigir el pago, los empresarios objetaron que tuvieran que abonar impuestos a la Ciudad, iniciaron acciones judiciales y demoraron el proceso hasta 2016 con apelaciones y más apelaciones. Hasta hoy, el concesionario acumula una deuda por ABL de 57 millones de pesos. Además, muchos de los subconcesionarios registran falta de pagos del impuesto de Ingresos Brutos. En el Gobierno porteño no parece haber gran apuro por cobrar estas deudas.

Habilitaciones: Varios de los locales de Costa Salguero fueron clausurados en su momento por el juez Andrés Gallardo por no contar con habilitación. El Gobierno porteño se ocupó en un trámite expres de resolverle ese problema a los empresarios. La única que quedó clausurada fue la estación de servicio, por su cercanía al Aeroparque. La Auditoría porteña advierte en su informe que algunos locales funcionan pese a que su habilitación fue rechazada, otros nunca la solicitaron y uno les exhibió una habilitación apócrifa.

Por cada metro cuadrado que Telemetrix concesionaba, se llevaba $107 y le pagaba al Estado $9. Además, acumula una deuda de ABL por $57 millones y muchos de sus locales funcionan pese a que su habilitación fue rechazada.

Pero la auditoría dice algo más: los empresarios de Telemetrix nunca cumplieron los fallos que los obligaban a dejar libre el camino costero (conocido como camino del sirga), algo que es obligatorio por ley: se trata de un espacio público que siempre debe dejarse, son 15 metros desde la costa. Para que quede claro: es el equivalente a un negocio que decide quedarse con la vereda y hasta con la calle e impide el tránsito.

En el marco de la auditoría, los investigadores hicieron dos recorridas para verificar si el Complejo Costa Salguero había cumplido con los fallos judiciales que impulsó el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo. Y en las dos recorridas se encontraron con que no los cumplieron: “El primero tuvo lugar al inicio de las tareas de campo el 22 de septiembre de 2016, dentro del marco de la visita al predio de carácter institucional. En este primer recorrido pudo ya constatarse con carácter preliminar que el camino de sirga se encuentra interrumpido a la altura de la disco Club Caix y Puerto Salguero S.A., lo que impide su recorrido en forma continua de un extremo al otro de la Avenida Costanera. El 24 de octubre de 2016 se realizó un segundo recorrido”, dice el informe.

En esa segunda visita, pudieron ver que “al llegar a la altura de Club Caix, se constató que el camino se encuentra interrumpido hasta la finalización del local Puerto Salguero. Allí sólo es posible el paso sobre la defensa costera, en un plano inclinado hacia el río sobre el premoldeado articulado de dicha defensa, que lo torna intransitable y peligroso para la seguridad de los visitantes”. Como conclusión señalaron que en “ningún tramo el camino presenta un ancho de quince metros, y en otros tampoco alcanza los cinco metros”. Además, señalaron que “en algunos tramos del recorrido se observaron abundantes cantidades de escombros y residuos que denotan deficiencias de acondicionamiento en este paseo público”.

Además, advirtieron que Telemetrix buscó computar las obras que tenía que hacer como parte de las inversiones previstas por el concesionario (la Auditoría advirtió que no lo son). Encima, hay gastos que se computan por parte de la empresa Emaco, que pertenece a los mismos dueños y es contratista de la gestión PRO (por ejemplo, en la Villa Olímpica). El Gobierno porteño le reconoció esas “inversiones” y se las dedujo del canon que debían pagar al Estado.

Es curioso que esta simple constatación no la pudo hacer el juez Martín Converset, que mientras subrogaba una causa declaró la caducidad de la instancia judicial en la que los empresarios del Costa Salguero estaban siendo obligados a dejar de ocupar el camino del sirga. Con esa decisión, clausuró una causa judicial que llevaba ocho años reclamándole a los empresarios de Costa Salguero que cumplieran con la ley.

“Esto se traduce, en la práctica, en la posibilidad de la empresa de sostener sin límites la explotación comercial ilegal del predio, así como la pérdida de ocho años de material probatorio que confirma el actuar ilegal en que han incurrido la empresa y el Gobierno porteño desde el comienzo de la concesión que detenta. Al analizar el expediente se ve claramente como los funcionarios de Cambiemos han defendido a capa y espada este ilegal emprendimiento”, advirtió Di Filippo. “Los jueces adoptaron una decisión vergonzosa, que no nos perjudica solo a quienes impulsamos la causa, sino a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que queremos disfrutar de nuestra Costanera”, indicó el ex legislador, quien planteó: “Hay que investigar y exponer a esta justicia de la Ciudad, llena de prebendas y privilegios, tan maleable como la de Comodoro Py“.