Prohibido tomar colegios

No se les puede negar la coherencia: es la quinta vez que el macrismo intenta esto.  El Gobierno porteño volvió a la carga para prohibir las tomas de secundarios. El año pasado, tras negarse a dialogar con los centros de estudiantes en torno al proyecto de Secundarias del Futuro (que los mandaba a trabajar gratis en quinto año), enviaron desde un correo oficial una orden de denunciar a la policía a los que hicieran tomas. Pese al origen obvio del instructivo, el ministerio de Educación luego negó su autoría. Ahora hizo circular otro protocolo, en el que ordena a los rectores que les avisen a los padres y madres que, en caso de tomas, deben retirar a sus hijos o serán sancionados económicamente. Se olvidaron de informar esta resolución al Poder Judicial, por lo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, ya fue intimada a dar respuestas.

Fueron cuatro los intentos previos a este del macrismo de disponer una avanzada represiva sobre las tomas de colegio. El primero fue apenas llegó Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno, en 2008. En ese momento, la jueza Elena Liberatori debió anular la disposición por ser ilegal. Pero la gestión PRO volvió a intentarlo dos veces más, con Esteban Bullrich a la cabeza, así que la jueza debió dar de baja otras dos disposiciones similares en 2010 y 2012. Bullrich también tuvo la idea de crear un 0800 para que pudieran denunciar la actividad política en las escuelas. Esa disposición fue severamente acotada por la jueza Liberatori, luego de una audiencia donde Bullrich hizo un poco el ridículo al intentar explicar en qué leyes se basaba para intentar prohibir la actividad política en los colegios.

El año pasado fue el cuarto intento. Esta vez, fue a través de un correo electrónico que enviaron desde la dirección de escuela media y dirigido a los directores de escuela. Ante la jueza Liberatori, no obstante, negaron que fuera un documento oficial. Cuando se los confrontó con el obvio origen, Acuña dijo que salió de una cuenta oficial pero que ella no dio la orden. En ese protocolo, les ordenaban  denunciar a la policía a los menores de edad que tomaran escuelas. Fue también anulado, por supuesto.

Pero la gestión PRO no se rinde. Ahora la ministra de Educación hizo circular por los medios de comunicación un nuevo protocolo. En este caso, lo que hace es advertir a los directores de escuela que deben inventariar las instalaciones cuando haya una toma –incluso, de ser posible, con un escribano y tomando fotos- para tener un registro de los daños que, presuponen, harán los estudiantes en la toma. Esta orden es bajo pena para los directores de “apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos”. La orden es llamar al SAME (como si hubiera una emergencia médica) y al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (como si hubiera niños en conflicto con la ley penal), y además convocar  a madres y padres y ordenarles que retiren a sus hijos e la toma. En caso de que no lo hagan, advierte, serán económicamente responsables de cualquier daño que ocurra y se le iniciarán acciones legales.  Intentarán que firmen un documento asumiendo dicha responsabilidad penal y civil.

La nueva directiva parece apostar a que los padres y madres funcionen como grupos de choque para terminar con las tomas. Y, ya que estamos, a enfrentarlos con sus hijos e hijas para cercenarles sus derechos políticos. Un concepto pedagógico un tanto dudoso, que la ministra Acuña explicó así: “Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras, porque se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas" (SIC). La funcionaria pareció no reparar en que fue su intransigencia al diálogo la que generó las más de 30 tomas el año pasado en torno al proyecto de Secundarias del Futuro.  La discusión es si los estudiantes están o no dispuestos a que en quinto año se los use como mano de obra barata. Desde el ministerio aseguran que esto no ocurrirá y que el espíritu es otro, pero muy pocos en la comunidad educativa parecen creerle.

El otro pequeño problema con el nuevo protocolo de la ministra de Educación es que no lo informó en la causa judicial que sigue abierta desde el año pasado y que iniciaron los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno. Este último escribió apenas se conoció el nuevo protocolo: “Los anuncios oficiales a través de los medios masivos de comunicación se contradicen con la contestación de la demanda en tales expedientes judiciales, donde el Poder Ejecutivo porteño manifestó la innecesariedad de dictar un protocolo”. Está claro: el protocolo que pedía Moreno era para que no los criminalice a los estudiantes y se garanticen instancias de diálogo.

“Celebro que al menos la Ministra de Educación no insista con calificar a las ocupaciones pacíficas de los establecimientos escolares como delito (ej. usurpación), frente a la evidente inexistencia delito reflejada en la falta de prosecución de las denuncias formuladas en el mes de setiembre próximo pasado por parte los fiscales penales de la Ciudad”, ironizó Moreno.

Cuando se terminó el sarcasmo ante esta nueva medida, la asesora tutelar López Oliva hizo una nueva presentación y la jueza Liberatori intimó a la ministra de Educación para que entregue el documento del nuevo protocolo que estuvo exhibiendo en los medios, pero no ante el Poder Judicial.  Liberatori le dio plazo máximo de un día para entregar los documentos.  “Frente a los anuncios del Ministerio de Educación porteño -en distintos medios de comunicación- acerca de la implementación de un protocolo destinado a las ocupaciones pacíficas de los establecimientos educativos secundarios, por parte los estudiantes, entiendo prudente manifestar que cualquier propuesta de protocolo por parte del Poder Ejecutivo local deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4”, indicó la magistrada, que ahora deberá evaluar la legalidad de este nuevo intento macrista.

Algo me dice que el show punitivo se le está por terminar a la ministra de Educación porteña.