El silencio de las pautas

Los negociados y las movidas de la política porteña contaron, una vez más, con la inestimable cobertura de los escándalos y vaivenes nacionales, que siguen tapando cualquiera de las polémicas en la Ciudad. En este caso, una sesión en la Legislatura en la que el macrismo y sus aliados avanzaron con la modificación de la Ley de Basura Cero para volver a permitir la incineración de basura. No importaron ni los reclamos de los cartoneros, que advierten que perderán sus empleos, ni de las organizaciones ambientalistas, que recuerdan los riesgos para la salud de los habitantes. A todo esto, se sumó un esfuerzo extra del macrismo para ignorar una denuncia que se presentó en la misma Legislatura un día antes y que mostró, a través de documentos de la Agencia de Protección Ambiental, cómo se orquestó una campaña que incluía la posibilidad de comprar medios y periodistas con pauta oficial. Esto último, según adelantó uno de los denunciantes, el ex legislador Facundo Di Filippo, se convertirá en una denuncia penal, pero la ley ya está aprobada.

No sorprende haya sido poca o nula la cobertura de medios amigos al macrismo de esa denuncia si incluye discutir el manejo de la publicidad oficial en la Ciudad, algo que en 2015 llevó a que se hiciera otra denuncia penal por el presunto desvío de fondos millonarios para la campaña presidencial de Mauricio Macri (que el juez Marcelo Martínez de Giorgi se ocupó de no investigar). Antes de eso, Macri como jefe de Gobierno –en cuya época ya se gastaba un millón por día en publicidad- vetó una ley que regulaba el uso de la pauta pública. La no cobertura de la denuncia, entonces, no sorprende: es el silencio de las pautas. Como habíamos contado por acá, muchos de los periodistas de esos medios fueron regalados con viajes a Europa para ver las maravillas de la “termovalorización”, es decir, de la quema de basura para producir energía. Es algo que, curiosamente, aparece en los documentos filtrados.

Repasemos qué dicen esos documentos, presumiblemente generados por personal de la Agencia de Protección Ambiental. Hay powerpoints que plantean textualmente “desinformar / confundir” y “realizar un planteo que no haga foco en los problemas de fondo”. Incluyen una lista de periodistas y dirigentes ambientalistas con calificaciones para cada uno de si son permeables o no al proyecto de incineración. Los denunciantes editaron los documentos para que no aparezcan los nombres de los periodistas (dado que el hecho de que alguien del Gobierno porteño los califique como “comprables” no es prueba de que lo hayan sido). Pero hay casos en los que se dicen cosas como, por ejemplo: “Habrá que ver si acepta cambiar su posición (o morigerarla) a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios” o bien “Testear si son permeables a la propuesta si se les ofrece publicidad”. También hay periodistas que son puestos en una lista negra por no ser “abordables” para que cambien sus ideas.

No solo hubo un rotundo silencio de aquellos medios y periodistas que sí aceptaron, por ejemplo, viajes all inclusive por el Gobierno porteño a Europa para cubrir la termovalorización, sino también de los propios funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta. El presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Bautista Filgueira Risso, no ha dicho esta boca es mía. El mutismo se contagió a los legisladores oficialistas que votaron finalmente la ley de incineración. El legislador del FIT Patricio Del Corro señaló que todos están muy confiados en que el blindaje mediático de Larreta –lubricado, justamente, con los millones de la pauta- hará que pase esta denuncia y ni siquiera se investigue si existieron delitos en el manejo de la publicidad oficial.

La sesión transcurrió a puro escándalo, con militantes de ONG ambientalistas tocando una marcha fúnebre mientras se votaba la ley. La presidenta de la comisión de Ambiente, la macrista Mercedes de Las Casas, hizo una defensa a ultranza de la quema y fue abucheada por los ambientalistas. También estuvieron los cartoneros reclamando por sus trabajos, dado que la nueva norma produce serios problemas en la continuidad laboral: el material que reciclan es el mismo que van a salir a buscar las empresas que quemarán basura. A partir de esta ley se perderían seis mil puestos de trabajo y el impacto económico y social puede llegar a otras 20 mil personas. Las objeciones ambientales tampoco fueron tomadas en cuenta por los 34 legisladores macristas y de la Coalición Cívica que votaron la incineración y los dos aliados. Varios legisladores recordaron que las mismas plantas que se trasladarán ahora a este rincón de América Latina vienen siendo discontinuadas en Europa.

Las plantas de termovalorización, cuya localización todavía no se difundió pero todo indica que estarían en la comuna 8, van a costar 500 millones de dólares y traerán un negocio millonario a los privados que se presenten. Hay que estar muy atentos a la presencia de una multinacional francesa que viene haciendo lobby para entrar en el negociado. Es, en definitiva, uno más de los negocios de la basura, que explicamos en este informe especial de Nueva Ciudad. La recolección es el gasto más importante de la Ciudad a lo que ahora se le sumará de nuevo una actividad contaminante. Las ONG ambientalistas denuncian que la población estará expuesta a la liberación de dioxinas, que son químicos potencialmente cancerígenos y altamente contaminantes.

Entre los documentos filtrados, había una línea de tiempo que indicaba que luego de la aprobación de la ley, ahora vendrá una licitación internacional, que se hará durante el Mundial de Fútbol para, nuevamente, tener poca cobertura mediática. La adjudicación será en diciembre, un mes que también suele estar cargado de noticias, cosa de que nadie se entere hasta que el humo nos tape.