“Hay un mensaje político claro de respaldo a los excesos y delitos cometidos por los/as integrantes de las Fuerzas de Seguridad”

En el marco de crecientes casos de violencia institucional de diverso tipo y en un panorama de incremento de la protesta social, la Legislatura porteña no es ajena a la temática. El miércoles de la semana pasada, por caso, se presentó públicamente la Comisión Especial contra la Violencia Institucional, presidida por Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) e  integrada por diputados de las distintas fuerzas políticas.

Durante la presentación, Bregman dijo que en un primer período de funcionamiento de la Comisión el eje de trabajo será la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles. “Nos parece que entre todos los temas de violencia institucional que hay, sobre los que hay que ir trabajando por partes para poder ahondar y hacer un seguimiento profundo de cada uno, en este primer período vamos a estar trabajando sobre la criminalización de la protesta”, destacó la legisladora.

Su par Victoria Montenegro (Unidad Ciudadana), miembro de la Comisión, dijo a Nueva Ciudad que “es fundamental que la Comisión Especial que integro sea una caja de resonancia de los hechos de violencia institucional en las que participen las fuerzas de seguridad que estén en el territorio y, particularmente la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Puntualmente, Montenegro consideró que “será importantísimo fortalecer desde la Comisión Especial el contacto con aquellos colectivos afectados directamente por el accionar policial violento”. En ese sentido, enumeró “casos graves como las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento a los/as adolescentes de las barriadas populares, los migrantes, las mujeres, los/as militantes políticos, etc.”.

“Respecto a estos últimos casos será importante el control para que el accionar de la policía local se ajuste a la Ley N° 5688, que regula el Sistema Integral de Seguridad Publica y contiene una serie de principios que garantizan que el accionar policial sea respetuoso de los derechos humanos y las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, resaltó la diputada, que a su vez preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.

En cuanto al incremento de las situaciones de violencia institucional, Montenegro analizó que “hay un mensaje político claro de respaldo a cada uno de los excesos y de los delitos cometidos por los/as integrantes de las Fuerzas de Seguridad, que genera el aumento de la violencia y la irracionalidad en el uso de la fuerza por parte de los/as funcionarios/as policiales y la multiplicación de intervenciones policiales y ciudadanas violentas ante los hechos delictivos”.

Al respecto, señaló que “no se puede analizar el desarrollo de la política de seguridad llevada adelante por (Horacio Rodríguez) Larreta y por (Mauricio) Macri sin atender a la creciente cantidad de demandas populares ante el modelo de ajuste económico llevado adelante por ambos gobiernos. En este contexto, el rol de las fuerzas de seguridad será, cada vez de forma más marcada, acallar las voces disidentes, reprimiendo las protestas y criminalizando a quienes participemos de ellas”. La legisladora enfatizó que “al conflicto social no se lo canaliza, se lo reprime. Esto irá en aumento y de allí la importancia de reforzar las herramientas institucionales –como la Comisión Especial y cada una de las Comisiones de la Legislatura- y los lazos de la organización social, los/as trabajadores/as y la militancia”.