En la vereda del negocio

La denuncia fue en plena campaña presidencial de Mauricio Macri, quien debió responder a regañadientes una mañana de domingo sobre las dos empresas que se repartían los contratos de arreglos de veredas. Dijo generalidades y luego llamó al funcionario denunciado para reclamarle explicaciones. Este último era Eduardo Macchiavelli, entonces a cargo de la secretaría de Gestión Comunal y hoy promovido a ministro de Espacio Público por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La comunera Julieta Costa Díaz era la denunciante: hizo una investigación donde describía con lujo de detalles que las empresas alternaban entre perdedor y ganador, que no contaban con empleados, que sus presidentes figuraban como monotributistas, que las contrataciones se hacían en tantas de a cuatro para no superar el tope legal de las contrataciones directas y que en algunos casos quedaron a 52 pesos de ese tope. A pesar de esto, nada ocurrió. Esta semana, Costa Díaz presentó una ampliación de la denuncia porque uno de los dueños de estas empresas le pidió al otro que se presente en una causa judicial en su favor. “Soy amigo”, aclaró el testigo al presentarse. Más claro, echale cemento a la vereda.

La denuncia original la publiqué en septiembre de 2015: allí Costa Díaz describía con una extensa serie de documentos que dos empresas, llamadas Derby Eland S.A. y EcomLat, se repartían los contratos de obra pública que no pasaban por licitación. En concreto, la comunera había analizado 24 compulsas de precios de las cuales cada una de las empresas ganó doce. La mitad exacta. En algunos casos, según describió Costa Díaz, el precio final estuvo a 52 pesos de pasarse del tope permitido de dos millones de pesos, como indica este cuadro elaborado por la comunera:



Como se puede ver, las contrataciones se dieron en tandas de cuatro, lo que hace sospechar a Costa Díaz de que se dividían para no pasar el tope y tener que llamar a una licitación. Además la comunera encontró que ambas empresas no tenían empleados registrados ante la AFIP -al igual que ocurrió con la empresa de Fernando Niembro y sus contratos con el Gobierno porteño- y sus presidentes figuraban como monotributistas con un ingreso mensual de menos de 15 mil pesos. Los dos presidentes son Héctor Cristian Santander y Alejandro Monti. Ninguno de los dos tenía antecedentes en obra pública –Santander venía de administrar bares- cuando empezaron a llevarse millones por arreglar veredas. Eso sí, uno de ellos tenía experiencia en marketing digital y su empresa Santabros S.A. (que tiene con su hermano) trabajaba para el Gobierno PRO. El socio de Santander en la obra pública era Gonzalo Cayo. Las dos empresas tienen su domicilio sobre la calle Vuelta de Obligado, a cuatro cuadras una de la otra.

Derby Eland SA fue inscripta en 2013 y tiene como objeto social la reforma y reparación de edificios residenciales (no veredas). Ecomlat, en cambio, fue creada en 2006 para la comercialización de “máquinas, herramientas y elementos especiales de la industria metalúrgica, óptica y de precisión, y todo tipo de productos requeridos por las Fuerzas Armadas y de seguridad, con la excepción de armas y explosivos”. En 2013 tuvo un súbito cambio de rubro a la reparación de veredas y comenzó a ganar compulsas de precio al instante (en 2016 abrieron otra empresa para que siguiera en el rubro original y separarla de los negocios investigados judicialmente). En 2014, habían tenido otras 38 contrataciones directas, con lo que llevaban embolsados 64 millones de pesos. Luego de la denuncia de Costa Díaz, dejaron de operar con el Gobierno porteño, aunque Ecomlat reapareció en una contratación del Gobierno bonaerense, conducido por María Eugenia Vidal.

En 2015, Costa Díaz presentó una denuncia penal con todos estos datos, pero nada sucedió. Macri en plena campaña debió responder una pregunta al respecto nada menos que en radio Mitre: “Hay empresas constructoras que se forman para construir una cantidad de metros cuadrados de vereda, toman 600 empleados, en este caso son cooperativas, y después que termina el trabajo le van pagando mes a mes el despido anticipado. No tienen relación de dependencia”, justificó que no tuvieran empleados ante la AFIP. No obstante, ninguna de las dos empresas son cooperativas.

Luego del llamado que recibió de Macri, en ese cálido septiembre de 2015, Macchiavelli decidió no responderle a Costa Díaz, pero quedó a la espera de resultar absuelto en la causa. Evalúa que, cuando eso ocurra, será momento de iniciarle acciones legales a la comunera. No obstante, ella no se rinde. Esta semana presentó una ampliación de la denuncia.

Sucede que, pese a toda la información reunida, la comunera no había podido probar la relación entre los dueños de las empresas, pese a que ella sabía que Monti y Gonzalo Cayo eran amigos del secundario: St Brendan’s College, un colegio católico y bilingüe de Belgrano R. Finalmente, dio con un documento judicial que probó esa relación. En una causa caratulada “CAYO GONZALO C/ AMERICA TV SA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Cayo le pidió a Monti que se presentara como testigo. Cuando le preguntaron por su relación con el dueño de la otra empresa y si le cabían las generales de la ley, Monti contestó: “Conozco al actor del colegio, soy amigo”.

Costa Díaz aportó esta información a la causa penal, para que se avance en la investigación de la responsabilidad de los funcionarios involucrados en esa maniobra. Hasta ahora, ninguno quiso dar explicaciones al respecto. Larreta, por su parte, lanzó un ambicioso plan de arreglo de veredas por 1300 millones de pesos. Y el Ministerio de Espacio Público contrató para que evalúe en qué estado están las veredas a la reconocida consultora McKinsey, de donde provienen casualmente los dos coordinadores del Gabinete nacional, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.