Pánico en el túnel

El mismo día que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, inauguraban una estación de la línea H (¡enhorabuena!) me encontré (con un cochecito de bebé a cuestas y la consecuente bebita) frente a un ascensor de esa línea que tenía el cartel de “en reparación”… desde hace casi ya un mes. Esa situación ya es conocida y es repetida en las múltiples experiencias que tenemos los usuarios: Wi Fi en las estaciones, pero escaleras mecánicas que no andan. Vagones pet friendly… en los que no entran ni los humanos. La concesión privada muestra sus problemas –y pese a todo, el PRO va camino a renovarla-, las tarifas están frenadas por un fallo judicial, pero seguramente se apliquen con la misma desmesura de siempre y sin que mejore el servicio y a esto le sumamos un nuevo conflicto: el Gobierno porteño nos garantizó unos meses de paros del subte con las decisiones que viene tomando, que incluyen suspender trabajadores por protestar y no negociar la paritaria con sus legítimos representantes.

La cosa viene así: hace tres años, los metrodelegados consiguieron la personería gremial, una resolución largamente postergada durante el kirchnerismo pese a que no es tan difícil contar la cantidad de afiliados en una sola empresa (el subte) y ver qué gremio tiene más. La UTA, no obstante, ya en época de Macri, consiguió recuperar la personería gremial mediante un fallo judicial. No obstante, los que tienen mayor representación numérica de los trabajadores y mayor legitimidad eran y siguen siendo los metrodelegados. Pero con los que sigue negociando el Gobierno porteño es con los dirigentes de la UTA, que este año firmaron sin dudar una paritaria del 15 por ciento (el número seguramente les suene) en cuotas. Consecuencia: los trabajadores del subte no reconocen ese acuerdo y siguen discutiendo y pidiendo algo más acorde a la inflación. Siempre que firmaron con la UTA fue así.

Lo que cambió este año es la inflexibilidad de Metrovías y el Gobierno porteño, que decidieron dar por cerradas las negociaciones y vienen sometiendo a los usuarios a una gimnasia de paros cada vez mayores. Para bajar la lesividad de las medidas, los metrodelegados optaron por abrir molinetes y advirtieron que ya cuentan con jurisprudencia a su favor de esa medida. Desde el Gobierno porteño y Metrovías decidieron ignorar esto y suspendieron a 70 trabajadores por protestar. Nafta al fuego.

Las consecuencias son conocidas por todos: hubo dos paros esta semana de 12 horas en las líneas A, B, C y D y el martes próximo se viene un nuevo paro en la E, H y premetro. Metrovías ante esto incrementó las sanciones a 82 trabajadores y el vicejefe Diego Santilli salió a subir el volumen de la disputa: “Ahora empezamos con denuncias hasta penales. Espero que no incrementen esta operación porque sólo están perjudicando a los vecinos", sostuvo. Metrovías sostiene que “no atenta contra el derecho a huelga, ya que las personas sancionadas son las que han sido identificadas como partícipes de acciones de carácter ilegal”. En el mismo comunicado, la empresa del Grupo Roggio sostiene que pidió a las autoridades laborales que “declaren ilegales las medidas”, que en el propio mensaje la empresa ya decretó ilegales. Llamativo: ahora es una empresa y no el Poder Judicial el que dictamina sobre el carácter legal o no de una medida de fuerza. Cambiamos.

En este escenario, solo se puede pronosticar un conflicto largo y complicado como el que tuvo Macri en el primer año que tuvo bajo su cargo el subte. Los metrodelegados, por su parte, hicieron un “llamado a la reflexión a las autoridades del gobierno porteño y a la concesionaria Metrovías, en relación a su responsabilidad en este conflicto que lleva más de un mes de duración y su falta de voluntad para encontrar una solución al mismo”. No parece que vayan a hacerles caso.

Todo esto ocurre en el año en el que Larreta optó -tras décadas de concesión privada que tiene el servicio como todos los que lo usamos podemos experimentar- por renovar la concesión del subte en manos privadas, para lo que habrá una nueva licitación que, incluso, puede ser que gane de nuevo Metrovías. La posibilidad de estatizar el subte, que plantearon distintos sectores de la oposición, ni se le cruzó por la cabeza.

El conflicto también llega en plena disputa por el aumento de tarifas, algo que fue frenado por una cautelar de la jueza Patricia López Vergara ante una presentación de los legisladores del PTS-FIT Myriam Bregman y Patricio Del Corro. No obstante, es casi seguro que tarde o temprano el Gobierno porteño aplicará al aumento de tarifa a 12,50 pesos. Y obviará todas las advertencias que le ha hecho la Auditoría porteña de que esa tarifa está inflada. En este cuadro se resumen las diferencias entre el cálculo que hace el Gobierno porteño para beneficiar a Metrovías y el que hace la Auditoría, que daría un aumento del boleto a 10,50 pesos:



La diferencia principal, como le han señalado en diversos informes al Gobierno desde 2012 para acá, está en incluir los gastos de mantenimiento y la depreciación del material rodante, que no deberían ser sumados a lo que se le factura al usuario. Ante ese fallo judicial que suspendió el aumento, la empresa estatal de subte SBASE, controlada por el macrismo, argumentó que no subir la tarifa implicaría más subsidios del Estado al Grupo Roggio. En un hilo en Twitter la cuenta Subte Data desmintió esa afirmación: indica que solo el 12 por ciento del costo operativo del subte tendría que ser cubierto por el Estado. Son 2 pesos por usuario. El macrismo le traslada eso a los que viajan, y mucho más.

En los próximos días, cuando el subte se vea paralizado por la intransigencia oficial, entonces, es importante recordar tres cosas: que la concesión privada nos llevó al servicio deficiente que tenemos, que la solución PRO es otra concesión privada (o incluso la misma), que la benefician con aumentos de tarifa que –según los organismos de control- le dan ganancias extraordinarias, y que todo se podría solucionar, como le gusta decir al presidente, sentándose en una mesa a negociar con los sindicalistas una paritaria que represente las verdaderas estimaciones inflacionarias para este año y no el techo del 15 por ciento en el que ya nadie cree.