“Fuerza pública en la escuela”: polémica por una guía difundida por el Ministerio Público de la Defensa porteño

El material comenzó a circular este martes en las escuelas porteñas, y no tardó en generar polémica. Se trata de una guía elaborada por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad, titulada “fuerza pública en la escuela”. Plantea a las comunidades educativas “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retirar’ a un alumno del establecimiento”. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), así como referentes del Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, repudiaron la publicación y circulación de la guía, mientras que desde el área comandada por el defensor general, Horacio Corti, admitieron ante la consulta de este medio que se trató de un “error” y que retirarán el material de circulación.

El documento en cuestión señala que las fuerzas autorizadas para actuar en la CABA –Policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- “podrán requerir la detención de un estudiante con orden judicial y, como excepción, sin ella”. Detalla que eso ocurrirá cuando se esté persiguiendo un delito y el estudiante ingrese a la escuela, y enumera como “delitos más comunes” hurto, robo, homicidio y lesiones en riña, entre otros.



Desde UTE emitieron un comunicado expresando el “rechazo” y “repudio” a la guía. “En esta publicación se aborda lo educativo desde una mirada policial donde los posibles comportamientos de lxs estudiantes son estigmatizados y criminalizados. La preeminencia del trabajo educativo no puede verse obturada por las definiciones que se dan en el orden de la estructura policial, que objetivamente tienen metodologías vinculadas al control de las conductas sobre principios punitivistas”. Además, exigieron que el material “deje de ser difundido y que se convoque para consensuar las divulgaciones que afecten derechos de niños, niñas y adolescentes a los Organismos de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presidida por la Diputada Victoria Montenegro”.

Por su parte, la plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Legislatura, Florencia Gentile, advirtió: “Ante las discusiones sobre el rol de las fuerzas de seguridad en las escuelas, recordamos las últimas Recomendaciones del Plenario del CDNNyA, documento oficial que  restringe el ingreso de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, enumeró las recomendaciones vigentes, dirigidas al Ministerio de Justicia y Seguridad: No puedan ingresar a los establecimientos educativos sin expresa orden judicial; siempre acompañados por las máximas autoridades del establecimiento; sin orden judicial sólo en el caso de riesgo de vida y bajo pedido de las autoridades escolares; se recomienda que en ninguna circunstancia ingresen con armas; ni soliciten información sobre actividades que organicen los y las estudiantes.

En tanto, el asesor tutelar Gustavo Moreno advirtió en diálogo con Nueva Ciudad que “las fuerzas de seguridad no tienen que ingresar a las escuelas. Tienen que pedir autorización a la autoridad escolar. Frente al conflicto, situación de violencia o, al primero que tiene que llamar es al Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes según la ley de protección del niño. En algún caso podría ingresar en un caso de flagrancia por un delito que se está cometiendo pero en favor de una víctima menor de edad”. En relación a los recientes casos de ingresos de policías porteños a escuelas, incluso primarias –como la requisa a un nene de tercer grado-, Moreno alertó que “es muy preocupante la actividad de las Fuerzas de Seguridad en las escuelas tanto como en las inmediaciones, a veces con una actitud intimidatoria”. El asesor tutelar mencionó también casos en escuelas Roma y Mariano Acosta: "Hemos formulado peticiones al ministerio de Educación y no nos han contestado". 

Sobre la publicación y difusión de la polémica guía, consideró que “ha sido un error” ya que “no es la voluntad del defensor general, Horacio Corti”. Además, remarcó que “lo único que tenemos –en materia de legislación sobre el tema- es el artículo 31 la ley de Educación Superior, que prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad en las universidades. En materia de nivel primario y secundario, no tenemos una norma específica, tenemos principios procesales que salen de los Códigos”. Por eso, resaltó que “sería bueno que el Gobierno de la Ciudad, el poder Ejecutivo, dictara un protocolo con participación de los estudiantes y docentes (para ver) en qué casos puede ingresar y no con respecto a los estándares de Derechos Humanos”.

Cabe mencionar que hace un año Moreno remitió al Ministro de Justicia porteño un pedido para que “elabore con todos los sectores y de forma intersectorial un protocolo que se adecúe a los Derechos Humanos”, pero el 14 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial el rechazo a tal pedido, con la firma del titular de esa cartera, Martín Ocampo.

Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad informaron que "la guía informativa denominada Fuerza Pública en las escuelas, ha sido retirada de circulación por no reflejar adecuadamente la posición que tiene esta institución respecto de la intervención de las fuerzas de seguridad en establecimientos educativos".

Y añadieron: "Como es público y notorio, el MPD siempre condenó cualquier forma de intervención de las fuerzas de seguridad en las escuelas, por resultar contraria al derecho internacional de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. El MPD denuncia, reiteradamente, toda forma de violencia institucional y asiste a quienes la padecen, en especial a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos que son criminalizados por la protesta social".