La seguridad es para los amigos

Quizás haya pasado desapercibido en el megaescándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que ahora dio lugar al revoleo de los cuadernos Gloria. Pero una de las empresas que aparece involucrada es Murata S.A., una vieja conocida del Gobierno porteño, desde la época en que Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Murata aparece entre las empresas de seguridad que, eludiendo la ley electoral, financiaron la campaña presidencial de Macri. Son las mismas empresas que consiguieron un negocio de más de cuatro mil millones de pesos. Recientemente, una ex empleada de Murata admitió como era el mecanismo por el que blanqueaban fondos de campaña usando a sus trabajadores para que le aportaran a Cambiemos.

Esta última noticia la escribió la periodista Emilia Delfino en Perfil: una ex empleada de Murata S.A. llamada Brenda Osso contó que esa empresa utilizó su nombre y de otros once empleados y empleadas para blanquear el aporte de esa proveedora del Gobierno porteño, algo que está prohibido por la ley electoral. Esto ocurrió tanto en la elección presidencial de 2015 como en la legislativa de 2017. En total, Osso apareció tres veces por un total de 95 mil pesos en 2015 y por 46 mil en 2017. Los montos, como ocurre en muchos casos, exceden sus posibilidades reales. “Ni siquiera ganaba la mitad de lo que decían que había donado. Hablé con la tesorera de la empresa y le pedí explicaciones. Me negó que ellos hubiesen entregado una lista con nuestros nombres. Había otros 11 compañeros míos en la lista de aportantes”, relató Osso a la periodista de Perfil. 

Hay que recordar que la ley prohíbe que las empresas contratistas aporten a la campaña de los que están al mando del Ejecutivo porteño. Finalmente, la empleada consiguió que el dueño de Murata admitiera que él había entregado una lista con nombres para blanquear dinero: “El dueño le admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña y la abogada me lo contó. Le mandó a decir que no era tan grave, que si tenía algún problema con la AFIP que lo llamara y que si los periodistas llamaban les teníamos que decir que habíamos aportado porque apoyábamos a Cambiemos”. Más claro, imposible. 

Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron en una investigación de Chequeado una serie de casos de empleados de las empresas de seguridad porteña que seguían este mismo patrón: empleados que contribuían con montos muy por encima de su ingreso y que, a todas luces, eran usados para blanquear los aportes de empresas a la campaña de Macri. No era la única: también había empresas de publicidad –recordemos que hay otra causa penal por el desvío de fondos de la pauta porteña- y de Higiene Urbana. No por casualidad, parte del proyecto actual del Ejecutivo es permitir los aportes de empresas. Según la investigación de Chequeado, Murata invirtió 295 mil pesos en la campaña de Macri, por lo menos según lo que se puede deducir de los informes oficiales, que siempre subestiman el monto real gastado en la campaña. 

Los 295 mil pesos son una moneda al lado de lo que recibieron Murata y las otras empresas aportantes. Como conté hace cuatro años, Murata y otras tres empresas se reparten un negocio de 4400 millones de pesos en la custodia de edificios porteños. Hacen esa tarea pese a que el Gobierno porteño contaba con la Policía Metropolitana y ahora con la Policía de la Ciudad. Esto motivó en su momento un pedido de informes de la entonces legisladora Claudia Neira, que quería saber el motivo del crecimiento exponencial en los gastos en seguridad privada. Según indicó la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, uno de los dueños de Murata es Ignacio Cocca, ex director de Seguridad Privada cuando el ministro del área era el macrista Guillermo Montenegro. 

Quizás por eso Murata sigue apareciendo en distintos escándalos: en su momento fue contratada por Molina Ciudad, el emprendimiento inmobiliario al que Macri eximió de impuestos y en el que, luego se supo, él tenía invertida parte de su fortuna.

(s)Murata S.A. también vuelve a aparecer en distintos contratos de la gestión PRO. Uno que me interesa destacar: fueron llamados para hacer un cerco en torno al INTI e impedirle el ingreso a los despedidos.(s) Una delegada de UPCN los describió como “80 monos que van a poner orden”. La aparición de Murata como fuerza de choque en el conflicto del INTI fue incluida en la denuncia penal que presentó Margarita Stolbizer contra su titular, Javier Ibáñez. En su denuncia, Stolbizer dio más detalles sobre los misteriosos dueños de esta empresa: “Su dueño es Roberto Reglewski, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, y pasado a retiro en 2004 luego de un escándalo de corrupción. Raglewski donó como particular 500 mil pesos más (a la campaña de Macri). Por mes el INTI le está pagando a Murata S.A. casi 1.300.000 pesos”, indicó la líder del GEN. De la Ciudad a la Nación, claramente se trata de una empresa que acompaña al macrismo y les da mucha seguridad a la hora de los negocio.