- Opinion
- 26.08.2018
CUADERNOS AMARILLOS
Un negocio terminal
Ahora que cayó preso el empresario Néstor Otero, muchos recuerdan sus negociados con el kirchnerismo pero pocos quieren hablar del espectacular negocio que hizo con Macri.
Néstor Otero, el empresario que tiene hace dos décadas la estación de Retiro, fue preso en la causa de los cuadernos. No fue porque se probaron algunas de las numerosas irregularidades en sus relaciones con el Estado que algún día se tendrían que investigar. No: fue porque no confesó e involucró a ex funcionarios. La noticia de su caída y el posterior allanamiento donde encontraron un millón de dólares cash en una caja fuerte de su casa llevó a recordar la causa en la que fue condenado por coimear al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Pocos, en cambio, se tomaron el trabajo de contar que Otero también hizo negocios con el PRO. Cuando era jefe de Gobierno, Mauricio Macri le compró llave en mano un proyecto para una terminal en el sur de la Ciudad –que ya construyó pero que nadie utiliza- con una cláusula que le permitía a Otero comprar los terrenos públicos y convertirla para siempre en una terminal privada, sin pagar nunca más un canon al Estado. Son 37 mil metros cuadrados.
La semana pasada contamos que luego de que el empresario dueño de Metrovías, Aldo Roggio, se arrepintió en el Gobierno porteño descartaron anular la licitación por la que la actual concesionaria del subte podría quedarse por otros 15 años. El legislador Leandro Santoro presentó la semana pasada un proyecto para excluir a los empresarios “arrepentidos” o procesados por corrupción de todas las licitaciones del Gobierno de la Ciudad. También introdujo otra iniciativa para crear una comisión investigadora legislativa que analice si existieron responsabilidades de los funcionarios porteños. El PRO, tan defensor de la transparencia, bloqueó el tratamiento de esos proyectos. Roggio sigue en carrera.
Otero es otro viejo empresario de negocios con el Estado, que se entregó y fue preso la semana pasada. Es el dueño de TEBA, una empresa que tiene la concesión de Retiro (ya largamente vencida) desde 1993. Al igual que Roggio y los empresarios que manejan las grúas, sus concesiones vienen del menemismo profundo y llegan hasta nuestro presente macrista. Otero apareció mencionado en las fotocopias de los cuadernos atribuídos al chofer Oscar Centeno. Allí figura aportando fuertes cifras en efectivo (250 mil dólares) y vinos y champagne a funcionarios del Gobierno anterior. Otero se presentó ante el juez Claudio Bonadío y negó todo. Mala idea.
Por lo que estamos viendo, empresario que confiesa, sale. Empresario que se defiende, prisión preventiva exprés. A Otero le llegó el turno el viernes de la semana anterior, cuando Bonadío le denegó la eximición de prisión. El martes pasado, Otero se entregó y fue preso. Sus abogados ya están pidiendo prisión domiciliaria, ya que tiene 79 años. Mientras Bonadío lo deja macerarse en una celda, le allanó su vivienda en Puerto Madero. La policía encontró dos cajas fuertes, pidió autorización para romperlas y las abrió sin más trámite. En total, según trascendió, encontraron un millón de dólares y un millón de pesos en efectivo. Secuestraron el dinero.
Otero debería haber dejado la concesión de Retiro en 2005, pero en ese año Ricardo Jaime le dio una prórroga. Luego se probó en un juicio que el empresario le pagaba el alquiler de dos departamentos muy lujosos a Jaime, por lo que ambos fueron condenados. Para haber empezado con una pizzería en el sur bonaerense, se puede decir que Otero llegó lejos, siempre con negocios con el Estado. Durante el menemismo, fue parte de la ruinosa concesión del zoológico de Gerardo Sofovich (manejaba los locales de comida). Su fortuna fue creciendo aceleradamente, compró campos de 200 hectáreas, un haras de caballos y sumó otros negocios agropecuarios.
Hasta el día de hoy sigue en manos suyas la concesión de Retiro, que Macri le volvió a renovar cuando llegó al Gobierno. Hubo promesas del macrismo de sacarlo del medio, transferirle la terminal a la Ciudad y hacer una nueva licitación (que debía haber finalizado en junio del año pasado). La licitación que existió –y el Gobierno se dispone a anular- tuvo cuatro empresas que se presentaron. Una de las cuatro tenía detrás a Otero y era la que tenía todas las respuestas correctas para ganar. Así que no la aprobaron. Esto trabó la transferencia a la Ciudad, que no quieren hacer antes de la licitación, porque –en ese caso- tendría que tener control de la Legislatura porteña. Otro gesto del Gobierno de la transparencia es evitar los controles legislativos en las concesiones cada vez que se pueda.
El que gane la licitación tendrá que remodelar el desastre que deja Otero, pero se quedará por 35 años con las ganancias de estacionamiento, publicidad, depósitos, boleterías, maleteros y con el verdadero negocio: la explotación de locales comerciales. Actualmente, esos locales no pertenecen a Otero, pero deben recibir la mercadería de una empresa vinculada al empresario. Cualquiera sabe que un café con medialunas en la terminal de Retiro está a valores europeos. Lo que nadie en ninguno de los Gobiernos tiene muchas ganas de recordar son los negocios que hicieron con Otero desde el PRO. Como ya relatamos en esta columna, Otero le vendió a Macri en 2012 un proyecto llave en mano de una terminal en el sur. El jefe de Gobierno lo aceptó y consiguió que la Legislatura lo aprobara dos años después.
La terminal Dellepiane, que ya fue construida en Villa Soldati, fue sometida a una licitación en la que (oh, casualidad) solo se presentó la empresa de Otero y ganó. Las condiciones no podrían ser mejores: el contrato implica la posibilidad de comprar las tierras -37 mil metros cuadrados de terrenos públicos- con un leasing a 18 años. Al final de ese tiempo, TEBA se quedará con los terrenos por el 5 por ciento del valor de la construcción. Y el Estado no cobrará un canon, nada.
El ex legislador Rafael Gentili presentó una denuncia penal por este acuerdo en 2014. Se sumó a esa denuncia el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido. Denunciaron a los funcionarios porteños por los presuntos delitos de administración fraudulenta y negocios incompatibles con las funciones públicas. De esto, nadie quiere acordarse tampoco.
La estación Dellepiane, fruto de este acuerdo entre Otero y Macri, se inauguró ya con Larreta como jefe de Gobierno con la participación del entonces ministro de Modernización, Andy Freire, y el secretario de Transporte, Juan José Méndez, pero hoy sigue siendo una estación fantasma. Sucede que las empresas de micros consideran demasiado costoso mudarse a esa zona, que no tiene buena conectividad ni llegada del subte. Es decir que una mole con 48 dársenas, boleterías, locales y oficinas está hoy prácticamente sin actividad. Originalmente, un decreto de Macri indicaba que el 35 por ciento de los micros debían derivarse al sur. Pero luego el ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, le otorgó el 1 por ciento del total de micros (luego aclararon que era un piso y no un techo). La terminal del sur no parece levantar vuelo. Pero, eso sí, las tierras públicas quedarán en manos privadas. El negocio ya está hecho.
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