Inmobiliaria 31

“La villa 31 es el único lugar de las villas que es muy difícil transformar en un barrio, entonces mi sensación es que hay que hacer la regularización dominial para que cada persona tenga su casa y su propia escritura. Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media.” El plan, descripto con sinceridad brutal, fue expuesto por la actual vicepresidenta Gabriela Michetti hace cinco años. Su archienemigo en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, empezó su gestión con la promesa de la urbanización de la villa 31.  No obstante, el proyecto que presentó en la Legislatura para la Villa 31 deja en claro que su plan está mucho más cerca del expuesto por Michetti: la iniciativa no fija qué precio deberán pagar los vecinos para adquirir sus propiedades, pero les permite la reventa y libera el destino de las tierras con un pago extraordinario que los grandes jugadores inmobiliarios verán como una propina. De las 2500 viviendas sociales que se proyectaban, ya solo quedan 1200 en pie.

Gentrificación. Esta palabra designa al proceso por el cual el mercado inmobiliario torna impagable la vida en determinadas zonas de la Ciudad para los sectores de bajos ingresos y los expulsa hacia los márgenes de la urbe. Esto es lo que ha resistido la Villa 31 y la 31 bis en uno de los terrenos más codiciados por el mercado inmobiliario por el valor del metro cuadrado en la zona.
La gestión PRO pasó los ocho años de Mauricio Macri en la Ciudad con la idea de erradicar la villa. Larreta cambió la estrategia y anunció su urbanización, como contamos en un informe especial de Nueva Ciudad. Como ocurrió con otras promesas –como el Ecoparque- el plan, que a primera vista se veía como algo positivo, en verdad venía con una trampa. La semana pasada empezó a quedar más en claro cuál era ese artilugio: el proyecto que presentó el Gobierno porteño no fija los precios que el Estado les intentará cobrar a los vecinos de la 31, pero señala que podrán vender sus viviendas, mientras se demuestre que se utilizarán para otra vivienda definitiva y cancelen la hipoteca en forma total. Hasta acá, nada extraño. Pero luego el proyecto indica que si el nuevo comprador paga por adelantado el valor de tres hipotecas queda liberado del deber de que sea una vivienda única y de ocupación permanente.  Así se liberan los terrenos del objetivo original, que es que fueran viviendas sociales.

¿Qué es lo que puede ocurrir en la 31? Que los precios de las viviendas sean tan altos que los vecinos se vean obligados a vender y los compradores no sean otros que los grandes jugadores del mercado inmobiliario, para los que tres hipotecas pueden ser una moneda al lado de los dólares que cosecharán con la construcción de torres. El contexto de recesión económica y caída de capacidad adquisitiva no augura una gran posibilidad a los vecinos de pagar por sus tierras. Si la erradicación con la topadora no funcionó, ahora se viene la erradicación por la vía de los billetes. Esto es parte de un panorama general en donde en las otras villas que Larreta prometió urbanizar hay demoras serias en las obras.

La semana pasada advirtieron sobre esta situación desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad  (ODC) con un informe que remarca que, con el proyecto de Larreta, el peligro es que “la tierra pública que actualmente está ocupada por un barrio popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario”. “El proyecto  tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario”, cuestionaron desde el ODC, desde donde advierten que en la villa el 68 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.

Al secretario de Integración Urbana y Social, Diego Fernández, le preguntaron por la llamativa ausencia de datos sobre los precios que le pondrán a las viviendas y respondió: “Al precio del metro cuadrado no lo puedo precisar en este momento, pero será acordado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en función de los costos de los terrenos que son propiedad de ese organismo. Creemos que todos los vecinos tienen que pagar, en relación a sus posibilidades, pero tienen que asumir derechos y obligaciones”.

Fernández debió dar detalles del proyecto el lunes pasado en la Legislatura en una reunión conjunta de las comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto. Tuvo un grupo de vecinos que fueron a manifestarse en contra. En su defensa, dijo: “Generamos mesas de trabajo junto a los vecinos del barrio. Fueron más de diez versiones diferentes que se analizaron en 600 reuniones”. No todos están de acuerdo. El viernes, sin ir más lejos, los vecinos de la Villa 31 cortaron la Terminal de Omnibus de retiro para señalar que quieren tener voz y voto en el armado del dictamen de la iniciativa de Larreta. Indicaron que no hay un plan maestro y que no se sabe qué harán con los terrenos que no están ocupados por viviendas.  También indicaron que el Gobierno porteño no logró el apoyo de los dos tercios de los concejeros vecinales para la iniciativa.

Lo cierto es que habrá menos viviendas sociales que las proyectadas en un comienzo como necesarias para los vecinos. Si originalmente en el proyecto de urbanización de la 31 presentado en 2011 se habían proyectado 2500, la iniciativa de Larreta las rebaja a 1200. Menos de la mitad. Una decisión más que llamativa, sobre todo si se toma en cuenta que el sitio El Destape publicó un documento del Banco Mundial sobre un préstamo de 194 millones para la urbanización de la Villa 31.

Fernández aseguró que no habrá desalojos, pese a que el proyecto indica que se eliminará la zona del Bajo Autopista, que será destinada a comercios (el empresario macrista Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, ya dio una mano con el anuncio de que su sistema de pago ingresará a 900 comercios de la villa).  El informe del ODC cuestiona otro artículo del proyecto que permite instalar nuevos comercios, mientras generen un 20 por ciento de empleo en el barrio. Sostienen que será otra forma de desmantelar la estructura económica de sus habitantes para forzarlos a irse.