Concesiones para rato

El Gobierno porteño decidió dar por finalizada (y no extender más) la concesión que tenía el grupo IRSA en el Buenos Aires Design. La noticia no tendría nada de raro si no fuera por el festival de concesiones (en todos los sentidos de la palabra) que viene desplegando el macrismo desde hace 11 años en la Ciudad, en las que IRSA fue uno de los grandes beneficiados. Sin ir muy lejos, hace poco la Legislatura le extendió a Metrovías por un año más la concesión del subte. Hay versiones de que en la decisión de ir contra el empresario Eduardo Elsztain está involucrada Elisa Carrió, quien –recordemos- obtuvo porcentajes enormes de votos en la Ciudad de Buenos Aires en la última elección. El final de la concesión se cargaba también a todos los negocios que sualquilan y que alertaron que iban a dejar a 700 personas en la calle. El Gobierno porteño pasó de decir que era “un problema entre privados”  a sentarse a negociar. Finalmente, el predio seguirá abierto un año más sin que nadie pague un canon. 

En un informe especial de Nueva Ciudad, dimos detalles de lo que son las múltiples concesiones del Gobierno porteño. Una de las escandalosas es la que tenía Elsztain en el Buenos Aires Design. Según nos contó en ese momento el ex legislador Facundo Di Filippo, el “Buenos Aires Design era parte del Centro Cultural Recoleta. La intendencia de Grosso lo secciona y lo cede por un canon irrisorio, que prorrogó el jefe de Gobierno en el año 2012 hasta el 2018”. El espacio de 34 mil metros cuadrados está concesionado desde 1990. Lo que nadie imaginaba era que en 2018 se lo iban a sacar.

El canon era hace dos años 220 mil pesos (hoy ronda los 400 mil) y el cálculo siempre fue que con el subalquiler de uno de los 70 locales que tiene ya le pagaba al Estado. Lo mismo ocurre con el Complejo Costa Salguero, que el macrismo tiene como lugar fetiche para sus elecciones y que ahora usará como uno de los lugares para celebrar la cumbre del G20.  Ni la muerte de jóvenes en una fiesta electrónica consiguió empañar esa relación entre el PRO y el Costa Salguero.

La concesión del Buenos Aires Design formó parte de una causa judicial en la que la fiscal Paula Asaro hizo un análisis pormenorizado de las irregularidades en esa concesión: indicó que el canon se fijó muy bajo a cambio de que el grupo IRSA hiciera inversiones por dos millones de pesos, pero luego la fiscal se encontró con que computaron como “mejoras” otras cosas básicas de mantenimiento y la inversión real nunca la hicieron. Según la fiscal,  “más que de ampliaciones y mejoras, (sumaron) meras medidas de mantenimiento de instalaciones ya presentes en el predio concesionado y, en todo caso, la cláusula antes citada, le daba la posibilidad al concesionario de aplicar el monto comprometido en mantenimiento de instalaciones que, de todos modos, debería realizar”. La fiscal advirtió que la gestión macrista no controló que se hicieran las obras. Pasaron años desde ese fallo sin que se hiciera nada.

Por supuesto, los 700 trabajadores y trabajadores cuyos puestos estuvieron en peligro no tienen la culpa de nada de esto. Ni tampoco el Gobierno porteño le está quitando la concesión por estos motivos, meramente porque se venció el plazo de extensión. Lo llamativo es que, tras las negociaciones con IRSA, no haya accedido a prorrogar la concesión (IRSA pedía entre 18 y 30 meses más) mientras avanzaba la licitación de una nueva concesión, algo que está discutiendo actualmente la Legislatura. De nuevo, para tomar el caso del subte: allí le prorrogaron a Metrovías la concesión casi por las dudas, mientras que sigue la licitación para el nuevo concesionario (que puede seguir siendo Metrovías). En el caso del Buenos Aires, Design los dueños son IRSA y Hope Fund, del financista Enrique Blaksley, hoy preso por presunto lavado de dinero. Algo ocurrió para que el Gobierno no quisiera renovarles la concesión a estos empresarios con los que hizo tan buenos negocios. Hay quien dice que ese algo tiene nombre y apellido: Elisa Carrió.

Ante el riesgo del fin de la concesión, varios de los locales ya habían cerrado: en total, se habían ido ya 14 de los 70. El resto, según señalan en la empresa, son en un 90 por ciento Pymes y sus trabajadores se preguntaban por qué deben perder sus empleos para que el predio quede cerrado. Es decir, por qué no –por ejemplo- se hacía cargo el Estado mientras se discute la nueva concesión por 20 años (15 con la opción de otros 5), que ya tiene una votación en primera lectura en la Legislatura. El cierre implicaba la eliminación de la sede del Hard Rock Café en Buenos Aires, en donde trabajan 120 personas. Los empleados hicieron cortes en Libertador y Pueyrredón, en protesta por el cierre. Para cortar la calle, usaron sillones y muebles de lujo de los que se venden en el shopping de diseño.

Ante esto, la primera reacción del Gobierno porteño fue decir que no era un problema de ellos sino “entre privados”. En un comunicado, indicaron que el final de la concesión "era una cuestión sabida de antemano por todos los actores intervinientes, tanto al momento de firmar el presente contrato como en los siguientes contratos celebrados entre la concesionaria y otros sublocatarios. La Ciudad está analizando distintas opciones de cara al futuro. El proyecto de ley impulsa una concesión por 20 años, enfocado en un desarrollo cultural, gastronómico y comercial del predio, y con un nuevo mecanismo de actualización de canon". No termina de entenderse por qué esto dejaría afuera a los sublocatarios.

Las primeras reuniones con los funcionarios fueron un fracaso. Uno de los involucrados salió de esa reunión furioso y dijo que se trataba de “una tomada de pelo”. Pero allí entraron a jugar los tiempos políticos: el año que viene hay elecciones y el Gobierno de Larreta quedaba como el responsable de echar a 700 personas sin grandes explicaciones de por qué lo hacía. Fue por eso que el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se involucró personalmente en las negociaciones y las llevó a un resultado que permite conservar los puestos de trabajo, si bien no es el más conveniente para el Estado. Concretamente, acordaron que IRSA se irá en diciembre y a partir de allí el lugar será administrado por la Cámara de empresarios madereros y afines (CEMA) -conducida por Roberto Fontela- y por la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC), que tiene al frente a Ariel Amoroso. Este concesionario de uso precario no pagará canon alguno al Estado durante el año que durará el acuerdo. Y los locales tampoco le pagarán alquiler. Solo se pagarán gastos de mantenimiento, expensas, limpieza y seguridad.  Un dato: nada les garantiza que en un año no los obliguen a cerrar, pero será después de las elecciones porteñas.

Siempre una solución que no deje a los trabajadores en la calle es bienvenida, pero no se entiende por qué esto es más conveniente que dejar a IRSA hasta que hubiera una nueva licitación. De canon irrisorio pasamos a canon cero.