Masacre en el Pabellón Séptimo: la causa por delitos de lesa humanidad que altera los planes de Larreta para trasladar la Cárcel de Devoto

por Luciana Rosende 

En marzo del año pasado el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció con bombos y platillos el traslado de la Cárcel de Devoto a Marcos Paz. Dijo que era algo “histórico” que respondía a reclamos vecinales y anunció que las obras comenzarían en agosto. Prometió más espacio público y verde, pero enseguida comenzaron las especulaciones sobre más negociados inmobiliarios fomentados por el macrismo porteño. Sin embargo, una investigación por delitos de lesa humanidad altera los planes de Larreta. En el último día hábil de 2018, la Justicia dictó una medida de no innovar sobre uno de los pabellones. Es decir, el sitio debe resguardarse: no puede demolerse ni venderse.

Se trata del Pabellón Séptimo, donde el 14 de marzo de 1978 agentes de Servicio Penitenciario Federal provocaron una masacre. Los presos fueron gaseados y ametrallados, y se los dejó morir quemados y asfixiados: hubo 65 muertos y otras 89 víctimas de torturas. Por este caso, el juez federal Daniel Rafecas procesó el viernes 28 de diciembre último con prisión preventiva al ex jefe del penal y a otros tres penitenciarios por tormentos seguidos de muerte. El mismo magistrado dictó la orden de no innovar sobre el lugar pabellón donde ocurrió todo, e indicó además que se debe seguir investigando si hubo otras zonas de la cárcel involucradas. Es decir, la Justicia podría indicar la preservación de más áreas de la cárcel.

“Nosotros habíamos pedido una medida de no  innovar sobre toda la unidad. El juez dice que hay que producir aún medidas de prueba y falta todavía información por ejemplo sobre la posibilidad que haya huesos en una zona. Faltan todavía medidas sobre otros lugares de la unidad. Pero sobre el pabellón no hay dudas sobre lo que sucedió. Por eso se dictaron los cuatro procesamientos, el mismo día que se dictó la medida de no innovar. Lo que el juez dice es que por ahora se dicta una medida de no innovar sobre el Pabellón Séptimo, y se sigue investigando sobre el resto”, explicó Claudia Cesaroni, una de las abogadas querellantes, en diálogo con Nueva Ciudad.

“Para nosotros es muy importante. Y después de enero vamos a trabajar con los legisladores de la Ciudad porque hay un acuerdo entre Nación y Ciudad sobre un espacio físico que teóricamente se va a vender, pero no se va a poder vender todo porque hay una medida de no innovar. Y el Pabellón no se puede no tocar si se toca el resto, porque está en el medio de otros dos. No podés tirar abajo una planta entera y dejar en el aire el Pabellón Séptimo”, señaló la abogada, autora del libro Masacre en el pabellón séptimo y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).

“Vamos a insistir en que hay otros espacios en que ya sabemos que pasaron cosas y que también se mantengan intocados, y sobre todo avanzar en la idea de que se transforme en un espacio de memoria”, resaltó Cesaroni, quien además presentó un pedido de amparo contra la demolición y el traslado de la cárcel, que está en curso.

“La preservaci ón  del sitio   en   que   tuvieron   lugar   los   hechos   investigados   resulta   primordial ante la eventual realización de un debate oral y público respecto de las personas que han sido cauteladas”, escribió Rafecas en la orden de no innovar, tras dictar el procesamiento de cuatro penitenciarios por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pabellón Séptimo. Y resaltó que la conservación del espacio es fundamental ante la posibilidad de que en el marco del juicio “se considere   necesario   la   realización   de   una   inspección   judicial   –con   la participación   de  los   sobrevivientes¬   al   lugar  de  los  hechos   o,  incluso, una   reconstrucción   de   los   eventos,   medidas   probatorios   que   podrían ser solicitadas por las partes que tomen intervenci ón en la instancia de debate oral”.

Rafecas también remarcó que “al   mismo   tiempo,  el mantenimiento del sitio indicado en las condiciones en que actualmente se encuentra, tiene una importancia trascendente   para   la   conservación   de   la   memoria   de   los   sucesos   que marcaron   la   historia   de   nuestro   país”.

Sobre el avance de la causa por la masacre en la que fueron asesinadas 65 personas en 1978, Cesaroni destacó que los procesamientos son “muy importantes. Es la primera vez que se procesa a penitenciarios federales por hechos ocurridos en dictadura cuyas víctimas fueron detenidos llamados ‘comunes’, no por su intervención en un centro clandestino o en la represión de presos políticos, sino por un hecho que involucra solamente a presos comunes, en un contexto entendido como delito de lesa humanidad. Es el primer caso, y es una larga batalla que tenemos para que este hecho sea entendido como masacre y no como un motín –cosa que creo que ya hemos logrado- y para se llegue a un juicio”.