Xenofobia porteña

La estrategia de diferenciación del Gobierno nacional que supo tener en algún momento Horacio Rodríguez Larreta está cada vez más lejana. El jefe de Gobierno no dudó en lanzarse a la campaña para expulsar inmigrantes que el macrismo ha decidido convertir en uno de los ejes para conseguir la reelección. Tiene, claro está, el pequeño problema de que fomenta el odio, las peores actitudes sociales hacia los otros y que tiene consecuencias bien concretas sobre los cuerpos de los migrantes, como le ocurrió a la madre peruana que fue expulsada del país con su bebé luego de vivir acá desde la adolescencia y a la que el Estado separó de sus dos hijos.

Larreta se sumó sin problemas a la estrategia nacional de incentivar las expulsiones de extranjeros, pese a que no existen datos que muestren una variación en su incidencia en el delito en los últimos 15 años. Junto con el presidente, el jefe de Gobierno increpó a una jueza por la liberación de un asaltante (recuerden sus palabras cuando vuelvan a hablar de la independencia de poderes) y le reclamó: "Los jueces no tienen que liberar tan rápido a los extranjeros que roban. El año pasado la Policía de la Ciudad apresó a casi 190 motochorros. No quedó ninguno preso. Hay que expulsar a los extranjeros que roban".

La posición de Larreta no sorprende. Pocos lo recuerdan, pero antes de que Macri como jefe de Gobierno dijera su famosa frase de que el problema es “la inmigración descontrolada que viene de la mano del narcotráfico”, Larreta había arrancado ese día con invectivas similares contra los extranjeros. Recordemos: los dos lo dijeron en plena toma del Parque Indoamericano en 2010, cuando las policías Metropolitana y Federal estaban disparando sobre migrantes. Tres resultaron muertos por balas de plomo en una investigación que nunca termina de encontrar culpables entre los uniformados. Con ese antecedente, ¿quién podía esperar escrúpulos en la campaña 2019?

A Larreta se sumó también su vicejefe Diego Santilli, que ahora cumple funciones como ministro de Seguridad. “El que viene a delinquir tiene que estar de patitas afuera de la Argentina.  El que mató o el que cometió un delito más grave tiene que cumplir la condena y después ser expulsado”, sostuvo el dirigente. Lo dijimos: el alineamiento con Patricia Bullrich del Gobierno porteño ahora es total. No se mueven un centímetro de lo que dicta la ministra de plomo.

Lo mismo está ocurriendo en otras provincias: el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, ya consiguió que la Legislatura local le apruebe una ley para empezar a cobrarle a los extranjeros el uso de la salud pública. Era algo que ya había planteado el macrismo a nivel nacional y, si hacemos memoria, también había dicho el primer ministro de Salud de Macri cuando era jefe de Gobierno, Jorge Lemus. Solo que Lemus dijo que también había que cobrarle a los bonaerenses. Siguen los éxitos: el gobernador peronista de Chubut, Mariano Arcioni, decretó que hay que expulsar de su provincia a los extranjeros con antecedentes penales o con condenas no firmes e impedir el ingreso de otros. Bullrich salió a aplaudirlo. En el medio, se cargaron la presunción de inocencia y las competencias federales (detalles que no importan en esta era bolsonarista). El ministro de Gobierno chubutense llegó a decir que había una ola de delincuentes que entraban al país para terminar con la paz social, el mismo mensaje que transmiten Bullrich y los gobernantes porteños.

Todo esto, por supuesto, no tiene correlación con los datos oficiales:
          -Menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal.
          -El porcentaje de personas extranjeras encarceladas en establecimientos federales y provinciales va el 4,9 por ciento y el 6 por ciento. En los últimos quince años no hubo un aumento significativo.

Estas dos estadísticas claves fueron distribuidas por el CELS, Amnesty International, CAREF y otros organismos de derechos humanos. Son datos muchas veces comentados. Las autoridades porteñas los conocen. Las nacionales también. Lo único que demuestran es que los Gobiernos decidieron no encarar un problema concreto, sino una campaña de reelección con demagogia punitiva.

Y es necesario recordar que no se trata solamente de discursos. Esas políticas públicas que están impulsando tienen efectos concretos sobre las vidas de las personas, como la de Vanessa Gómez Cueva, una madre peruana de 33 años que fue expulsada del país. Ella había sido condenada por una infracción a la ley de estupefacientes tras un juicio abreviado en 2013. En 2014 salió antes de prisión por buena conducta. Estudió enfermería y comenzó a trabajar de eso. Vivía en la Argentina desde sus 16 años y tiene tres hijos nacidos aquí, de 14, 5 y 2 años.  No obstante, el Estado comenzó hace cuatro años el proceso para expulsarla. Apeló en todas las instancias y no la escucharon. En la última parte del juicio directamente no tuvo abogado defensor.  La Policía Federal fue a su casa y le dijeron que debía acompañarlos para firmar una notificación. Se fue con su hijo de dos años, con un par de pañales y los otros dos quedaron en la casa. Nunca la volvieron a ver.

En lugar de la notificación, resultó ser que la iban a expulsar. La dejaron con su bebé en una celda sin luz ni agua. Mientras su abogado presentaba un habeas corpus, la trasladaron a Ezeiza, le sacaron a su bebé y le dijeron que si no se subía al avión, lo mandaban al niño de dos años solo. Así fue como la mandaron a Lima con lo puesto. Allí está en una situación absolutamente precaria, se comunica con su familia a través de teléfonos  públicos. Ningún juez ni ninguna autoridad migratoria hizo alguna verificación socioambiental para saber si alguien se podía ocupar de los dos hijos que quedaron en Villa Lugano : la más grande dejó de hablar y el más chico se la pasa preguntando cuando vuelve de trabajar su mamá.

Si se mantiene la sentencia, Vanessa no podrá volver al país hasta dentro de ocho años. Hasta Donald Trump tuvo que revisar su política de separar a madres de hijos migrantes, que causó daños irreparables en las familias que cruzaron la frontera a Estados Unidos. Es necesario recordar una y otra vez este caso para ponerle una cara a estas políticas de xenofobia impulsada desde el Estado. Tanto el jefe de Gobierno como los otros funcionarios deberían repensar su idea de seguir hasta el final la línea Bullrich. Quizás no nos lleve a un buen destino.