Cara de cerámica

Uno, dos, tres, muchos fallos en contra del Gobierno porteño y de su intento por avanzar sobre la educación pública. Las sentencias judiciales, todas apelables por la gestión PRO, han sido motivo de festejo por parte de distintos sectores de la comunidad educativa que respiraron aliviados al saber que habían conseguido, mediante la lucha y el reclamo judicial, frenar una avanzada, aunque sea por un momento. Pero, bien visto, no hay motivos de festejo: este número de fallos judiciales –que no fueron coordinados ni tienen un único juez como responsable- de lo que nos habla es de un jefe de Gobierno que está permanentemente jugando al límite de las reglas democráticas y tensando la convivencia institucional con todos los actores de la comunidad educativa.

El primer fallo tiene que ver con el cierre del lactario del jardín del Ramos Mejía. La posición de la ministra de Educación, Soledad Acuña, sobre este tema fue un tanto errática. Primero dijeron que la idea era mudar el jardín y que no se cerraban cursos. Luego que se cerraban, pero solo por este año y volvían en 2020. Luego quedó claro que no volvían. En el medio, sostuvieron que no es lo ideal que haya jardines en un hospital (señal de alarma para todos los otros maternales) y que las aulas del lactario no estaban en condiciones. La comunidad educativa del Ramos Mejía se organizó y reclamó activamente con cortes de calle, ferias y las más variadas medidas de protesta. Al mismo tiempo, las trabajadoras del hospital –el jardín, si bien no es cerrado, tiene como principal función proveer tareas de cuidado para estas laburantes- se organizaron en una demanda colectiva que fue llevada adelante por los y las abogadas del Grupo de Litigio Estratégico.

Allí intervino el juez Marcelo López Alfonsín. Con buen criterio, dado que el Gobierno puso como argumento el estado de las aulas, el magistrado hizo una inspección ocular. En su fallo dejó en claro que el Gobierno porteño mentía y que no había impedimentos para que esas salas del jardín funcionaran. También contradijo a la ministra Acuña, quien suele afirmar que no tiene obligación de garantizar vacantes hasta los cuatro años, y le recordó que la Constitución porteña dice otra cosa: “El Estado asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”.

El juez le ordenó, por lo tanto, que suba a la inscripción esas vacantes de 45 días a 1 año que había retaceado. Hasta el cierre de esta columna, el Gobierno de la Ciudad no había cumplido esa orden judicial. En un contexto en el que faltan decenas de miles de vacantes en la educación inicial, cerrar salas era un despropósito. Empecinarse en la decisión es inexplicable.

Segundo caso. La escuela de Cerámica n°1 recibió la noticia de que la iban a cerrar y mudar a otro barrio (en el Polo de las Artes, en la comuna 10). La comunidad educativa, nuevamente, se puso en campaña para evitar la medida, que iba a implicar cercenar su matrícula actual. No solo protestaron, sino que hicieron propuestas: solicitaron que se mudara, pero a un terreno lindero. Hubo hasta un proyecto para esto en la Legislatura, que el PRO cajoneó. Tuvieron un primer fallo judicial a favor del juez Guillermo Scheibler, que entendió que había que suspender la mudanza. Pero el Gobierno porteño apeló.

El asesor tutelar Gustavo Moreno evaluó que la ministra Acuña no tenía razón y pidió que se rechazara la apelación. Advirtió que el 80 por ciento de los alumnos viven en la Comuna 5 y trasladarla a la comuna 10 les impedía continuar con sus estudios. Un simple dato que en el Ministerio de Educación no se tomaron el trabajo de analizar antes de tomar la medida. En la Cámara de apelaciones el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sufrió una segunda derrota: los jueces Hugo Zuleta y Esteban Centanaro rechazaron la apelación, con el voto disidente de Gabriela Seijas. Los magistrados le advirtieron al ministerio de Educación que debía disponer de “instancias de participación” antes de tomar medidas como esta. No viene siendo el estilo de la gestión PRO, que en los últimos años con los cierres de las nocturnas (con los que debieron dar marcha atrás), las secundarias del futuro y la UNICABA se han manejado con una política de hechos consumados y de poco o nulo diálogo.

Tercer caso, y ya vamos viendo un modus operandi que tiene que ver con recortar y recortar. El Ministerio de Educación dispuso que los alumnos y las alumnas de las salas de 4 y 5 de la Escuela Álvarez Thomas, en Agronomía, ya no contarían con cursos de natación y se reducirían para la primaria. De nuevo, protestas y una causa judicial en la que el juez Aurelio Ammirato dispuso restituir el derecho a niñas y niños. Esta causa, una vez más, escaló cuando el Gobierno porteño apeló el fallo. La Cámara de apelaciones le volvió a dar la razón a la comunidad educativa. Los camaristas indicaron que en la disposición desde el Gobierno porteño “no exponen fundadamente los motivos por los cuales no resultan aplicables a la escuela 4 DE 16, las previsiones del Diseño Curricular para la Educación Inicial sobre actividades en el medio acuático.”

En este caso, fueron las juezas Mariana Díaz, Fabiana Schafrik y el juez Carlos Balbín. Como verán, ya tenemos a nueve magistrados distintos interviniendo en distintas causas, entre los de primera instancia y camaristas, de los cuales la gran mayoría interpreta que el Gobierno porteño se está extralimitando. En todos los casos, el denominador común es el avance sobre los derechos educativos y la falta de diálogo de quienes lo pregonan mucho, pero no lo practican demasiado.