La seguridad y los derechos humanos de los porteños en peligro

A partir del 1º de abril, y por resolución 234/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación, entró en vigencia la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que depende de la Dirección de Violencia Institucional de ese ministerio. Su misión principal es “garantizar plenamente la protección de los derechos humanos de los efectivos”.

Lejos de fomentar políticas públicas equitativas e inclusivas en materia de derechos humanos, que continúen un proceso de evolución para nuestra castigada sociedad que transcurrió tiempos oscuros no muy lejanos, la ministra Patricia Bullrich, una vez más, redobla su apuesta provocando la segmentación hacia un sector social que aplaude estas lamentables decisiones.

Obviamente la señora ministra pasa por alto la “Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía”, un manual redactado por Naciones Unidas. En él se recomienda, básicamente y como principal objetivo, capacitar a las fuerzas de seguridad en la materia, como parte de aquella evolución que las sociedades necesariamente deben transitar.

A contramano del rumbo referenciado por la doctrina internacional, Bullrich sobreactúa para su minoritaria platea, ignorando que las fuerzas de seguridad son quienes ejercen la represión interna del Estado. Son quienes deben velar y garantizar, aquellos derechos que todo ciudadano de a pie goza por mandato constitucional. El Estado transfiere, en estos hombres y mujeres armados, esa tarea.

El oficialismo en su empecinamiento por gobernar para las minorías, pasa por alto que el Estado no existe para endurecer posturas, en detrimento de las mayorías, sino que debe equilibrar ecuánimemente para garantizar inclusión.

Desde ya que partir de la premisa que “los derechos humanos son un curro”, o que la doctrina en materia de seguridad sostiene que “la policía no es culpable en un enfrentamiento” (caso Chocobar, por ejemplo), explica esta realidad ejercida por el oficialismo gobernante, sumado los últimos operativos “cazafantasmas” que impulsó la Ministra, principalmente con ciudadanos extranjeros inocentes que se encontraron de paso por nuestro país.

Ante la pobreza de políticas públicas en derechos humanos, que brillan por su ausencia tanto desde la Nación, a través de Claudio Avruj, o desde la Ciudad con Pamela Malewicz, la sociedad argentina debe soportar estoicamente los desaciertos y provocaciones de la Ministra de Seguridad Nacional.

Los argentinos no merecemos tanta improvisación y despropósito provocativo, en un tema tan caro como los derechos humanos. Nuestro país superó un genocidio perpetrado en el último golpe militar de 1976, como resultado de un proceso iniciado desde el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955 y que signó un período de historia reciente con proscripciones, persecuciones, exilios, desapariciones y muertes. La sensatez, el sentido común, la seriedad y el respeto, sería lo mínimo que merecemos de nuestros funcionarios de turno, en esta aún incipiente democracia.