Juzgan a cuatro policías por cobrar coimas para proteger a tres prostíbulos en Flores

Cuatro ex integrantes de la Policía Federal, que formaban parte de la cúpula de la Comisaría 38 de Flores, están siendo juzgados y acusados de cobrar coimas a cambio de proteger a tres prostíbulos que funcionaban en ese barrio, donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Según consignó la periodista especializada en cuestiones de género Mariana Carbajal en el diario Página 12, se trata del ex comisario Roberto Cabrini, los ex subcomisarios Jorge Durán y Alfredo Martínez y el subinspector Sergio Rodríguez. Durante la investigación fiscal, se determinó que falsificaban actas con supuestas tareas de inteligencia o inspecciones policiales a los locales nocturnos Doly’s, Fama y Envidia, pero lo cierto es que “hacían la vista gorda” para dejarlos operar como prostíbulos.

En el juicio oral y público se les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsificación de documento público.

El proceso empezó el 1° de marzo y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°20. Durante el debate declararon más de 35 testigos. Este lunes será la instancia de los alegatos. La instrucción de la causa la llevaron los fiscales Fernando Fiszer, a cargo de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).  En el juicio interviene el fiscal general Carlos Gamallo.

Doly’s, uno de los locales investigados, dejó de funcionar tras ser allanado en 2011 como parte de un mega operativo contra locales nocturnos donde se sospechaba había explotación sexual de mujeres, pero los otros dos prostíbulos –según declararon testigos en el juicio– seguirían en actividad en otras ubicaciones.

En tanto, una causa paralela que se abrió en su momento por trata de personas contra el dueño de Doly’s prescribió llamativamente a pesar de que –como señaló el Ministerio Público Fiscal al cuestionar el cierre de causa– los hechos investigados tenían por objeto “la prostitución de dos menores de edad, el homicidio de una de ellas como consecuencia de esta actividad, la compra de un barco entre el imputado y el por entonces comisario de la seccional 38ª de la PFA entendida esta transacción como una ‘coima’ a cambio de protección entre aquél y este último, y maniobras destinadas a la inserción en el mercado de bienes de origen ilícito, algunas de ellas, incluso concretadas con posterioridad al período de imputación que aquí se le reprocha”.

En esa causa, la investigación promovida por la Protex, estimó una ganancia ilícita de entre 9.155.567 y 10.037.921 pesos durante el período imputado de agosto de 2006 a julio de 2010. En setiembre de 2012 la Protex pidió la elevación a juicio de ese caso, donde estaban imputados dos encargados del local. En febrero de 2014, el juez interviniente hizo lugar. Pero en agosto de ese año la defensa pidió la suspensión del proceso a prueba, que fue rechazada por el juez Gabriel Omar Guirlanda; dos meses después, la defensa interpuso recurso de Casación contra dicha resolución, en abril de 2016 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto y el 31 de mayo de ese año la causa volvió a manos del juez de primera instancia. Finalmente, el 9 de agosto de 2016 el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N°3 dispuso declarar extinguida la acción penal por prescripción y el caso quedó en la nada.