A siete años de su aprobación, la Justicia ordenó reglamentar el cupo laboral trans en la Ciudad

La jueza María Soledad Larrea del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 21 ordenó al Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires que en 30 días corridos dicte la reglamentación que permitirá implementar el cupo laboral para el colectivo travesti trans en el Poder Judicial. Así esta establecido en la Ley 4376 de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

En diálogo con la agencia de noticias Presentes, la abogada y activista trans Cristina Montserrat Hendrickse explicó por qué inició la demanda: “Cuando yo me presenté, me respondieron que esta ley no era de cumplimiento obligatorio. Entiendo que sí, por lo que inicié una acción colectiva en la justicia pidiendo la reglamentación y una medida cautelar, para que mientras se resuelva la cuestión de fondo, se contrate a personas trans. Este fallo va sobre la reglamentación y pone un plazo de 30 días”.

Este fallo permite que otros poderes, como el Ejecutivo porteño, tomen medidas similares a fin de dar total cumplimiento al cupo laboral trans. “Esto es muy importante porque la ley se incumple en los tres poderes y esto no es un privilegio: nuestro promedio de vida tiene que ver con la exclusión a las que nos someten en todos los ámbitos de la vida y, sobre todo, en el trabajo”, agregó la abogada.

La Ley 4376 conocida como la Ley Nacional de Identidad de Género incluye en su artículo 5 que el Estado de la Ciudad debe garantiza la implementación de una política pública de “Trabajo digno”. Es decir, la generación de “estrategias para garantizar que las personas LGTBI accedan a oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando acciones que fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo al emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local”.

Allí se propone que la “incorporación” sea “en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas del colectivo trans en el sector público de la Ciudad”. “Por datos particulares sabemos que sólo una empleada es trans, en el juzgado de la Doctora Elena Liberatori, desconociendo si pertenece a planta o a contratos precarios. Lo mismo sucede en el Poder Legislativo de la Ciudad, donde trabaja una sola persona trans. Y en la administración central, también por averiguaciones particulares, se sabe que trabajan 43 personas trans, desconociendo si en planta o contrato de locación de servicios. Estos datos están muy por debajo de los 6.928 puestos de empleo trans porque allí trabajan 138.567 personas”, aseguró la activista y abogada.