La candidata bien paga

Si les parecía que era mucho que Horacio Rodríguez Larreta hubiera propuesto para el Tribunal Superior de Justicia a un juez macrista y una radical, les tengo malas noticias: se pone peor. La candidata que postuló el jefe de Gobierno también tiene una incompatibilidad porque cobra un doble sueldo: uno como jueza y otro como funcionaria del Gobierno porteño encargada de entrenar a la Policía de la Ciudad. Esta incompatibilidad seguramente surja en la discusión de su pliego en la Legislatura porteña. Ya hubo un antecedente con la jueza Ines Weinberg de Roca, que fue propuesta por Macri. El entonces legislador Rafael Gentili la denunció también por haber cobrado un doble sueldo, el segundo en dólares. La Legislatura no investigó, le aprobó el pliego (hoy es jueza del TSJ y candidata de Macri a la procuración, sin aval del Senado) y luego se supo que lo que denunciaba Gentili era real.

La noticia debería haber sido escandalosa: Larreta propuso para el TSJ a dos jueces que son claramente de Cambiemos. El primero es Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia del Gobierno nacional bajo el ala de Germán Garavano. Huelgan comentarios al respecto de esta postulación. La segunda es la jueza Marcela de Langhe, que tiene el aval del bloque de Martín Lousteau. Según a quién se le pregunte, la magistrada es radical, su pliego es una concesión del Gobierno a la familia judicial o es una candidata que responde al ex ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro.

Estos datos serían suficientes para generar un escándalo político de magnitudes, pero pasaron desapercibidos en la política porteña, subsumida al desastre nacional, y en donde además el PRO goza de mayorías holgadas en la Legislatura. Sin embargo en los últimos días se sumó un nuevo dato para la polémica: la juez De Langhe no estaría trabajando ad honorem en el instituto que forma a la Policía de la Ciudad, sino que cobraría un sueldo del Ejecutivo, lo que es incompatible con sus funciones.



Concretamente, De Langhe es camarista del fuero penal, contravencional y de faltas y, a su vez, es directora de Formación Académica en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Si se bucea en el Boletín Oficial, se puede hallar que De Langhe fue designada en el cargo por Montenegro y percibe un sueldo básico de 123.117,40 pesos, más suplementos por “responsabilidad profesional” (61.558.70) y por “anticipo de servicios” (19.698,78) y un adicional fijo de 5.918,19 pesos, lo que hace un total de 210.293,07 pesos. En tanto como jueza cobra otros 106 mil pesos.

En la web del Instituto Superior de Seguridad Pública, De Langhe se muestra “orgullosa” de ocupar  ese cargo. Este doble sueldo por parte del Poder Judicial y del Ejecutivo va en contra de la Ley de Etica Pública porteña, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, y en el reglamento del Consejo de la Magistratura. Este último dice que los jueces no pueden  “desempeñar cualquier otro cargo, empleo o ejercicio profesional remunerado público (nacional, provincial, municipal o de la Ciudad)”.  Lo mismo plantean las otras normas.

No es la primera vez que se da esta situación. Cuando Macri propuso a Daniela Bruna Ugolini como jueza del Tribunal Superior de Justicia, se desató una polémica porque era una fiscal que dictaminaba siempre en su favor. El escándalo creció con fallos contra el procedimiento utilizado que terminaron desembocando en un conflicto entre los tres poderes. Macri luego mantuvo por un largo tiempo la vacante en el TSJ. Luego propuso a Ines Weinberg de Roca, a quien conoció en un gimnasio de Barrio Parque. Es la misma que Macri postuló para ocupar el lugar del que sacó con amenazas a la procuradora Alejandra Gils Carbó. No consiguió el respaldo del Senado y el lugar sigue vacante.

Cuando se discutía la candidatura de Weinberg de Roca para el TSJ, el entonces legislador Gentili advirtió que ella tenía un doble cobro de sueldo. Como jueza y como integrante del Tribunal Internacional de Ruanda.  Gentili señalaba que cada vez que tuvo que viajar por sus tareas internacionales siguió cobrando como jueza porteña, dado que lo planteó ante el Poder Judicial como actividades científicas y culturales. En la declaración jurada de Weinberg, además, no figuraba ningún pago del tribunal internacional, que es en dólares.

Los macristas consiguieron en ese momento archivar la denuncia y avanzar con la designación de Weinberg, que hoy ocupa un lugar en el equivalente a la Corte Suprema de la Ciudad. Lo llamativo fue que después de que se la designara llegó la respuesta del tribunal internacional a los pedidos que formuló Gentili y se comprobó que tenía razón.  Años más tarde Weinberg, amparada por el PRO, llegó a quejarse de esa denuncia: dijo que en la Argentina era el único lugar en el mundo donde la criticaban por haber formado parte de ese tribunal internacional. En rigor, no fue por eso que la denunciaron. Habrá que ver qué suerte tienen las denuncias contra De Langhe.