Lo condenaron por obstaculizar un aborto a una mujer violada y ahora va como candidato a diputado por CABA

El mes pasado el juez Álvaro Maynet condenó al ginecólogo Rodríguez Lastra por de incumplir con sus deberes de funcionario público al haber interrumpido el aborto que cursaba una joven de 19 años que había sido violada y no quería continuar con el embarazo. Este fin de semana, conel cierre de listas, se supo que el médico se postula en la “lista celeste” –todos son antiderechos- del partido Demócrata Cristiana para ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, su candidatura podría terminar muy pronto ya que en dos semanas la Justicia dará a conocer su pena que podría incluir la inhabilitación para ejercer como funcionario público. Para el juez, Rodríguez Lastra realizó “una maniobra dilatoria” al exigir requisitos no contemplados para el acceso a la interrupción legal del embarazo y mentir para forzar la continuidad de la gestación.

Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Río Negro, Daiana Neri, dijo en diálogo con Página 12: “La noticia acá cayó como una bomba. Para nosotras es terrible que un ginecólogo que fue declarado culpable en un fallo histórico con respecto a la interrupción legal del embarazo pueda ser candidato en otro distrito. Acá no tuvo respaldo político de ningún partido”.

El juez a su vez consideró acreditadas las maniobras dilatorias y mentiras del ginecólogo Rodríguez Lastra. Por esa evidencia, sostuvo, “no puedo menos que concluir que el acusado nunca tuvo la menor intención siquiera de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba” la joven violada.

“Nos genera mucha impotencia el hecho de que en términos legales su candidatura pueda estar habilitada. Que la Justicia diga que alguien no es garante de derechos y que de todos modos pueda ser candidato es un antecedente muy malo”, agregó Neri. Río Negro es una de las pocas provincias que cuenta con una ley para garantizar la atención de los abortos no punibles (el resto de provincias lo hace a través del fallo FAL).

“Nuestra ley es muy clara en este sentido. Por más objetor de conciencia que sea el profesional que recibe un caso tiene la obligación de garantizar la práctica. Si bien cuesta porque hay muchísimos médicos objetores, la voluntad política de la provincia es ésta. Cuesta pero de a poco se va implementando”, dijo la integrante de la Campaña.

“Sabemos que está de licencia mientras hace campaña. Lo que queremos ahora es que el Estado, el mismo que lo condenó, le retire el cargo. Necesitamos ginecólogos garantes de derechos”, finalizó Neri.