Denuncian que el Gobierno de la Ciudad obliga a empleados estatales a militar su campaña electoral

Las precandidatas a diputadas nacionales por el Frente de Izquierda #Unidad, Myriam Bregman y María del Carmen Verdú, denunciaron que trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad son obligados por funcionarios a participar de volanteadas, timbreos, charlas con vecinos, call centers y actos políticos de campaña, bajo amenaza directa de despido.

"Según los testimonios recabados, esta práctica es sistemática y está extendida en todo el Estado porteño. Lejos de lo que el gobierno de Cambiemos sostiene, la participación no es de carácter voluntario: a los trabajadores que se niegan a participar de la campaña de Juntos por el Cambio se les pide la renuncia", advirtió Verdú, y difundió un comunicado de su espacio político, Poder Popular.

Bregman agregó que "la dirección de los sectores obliga a anotarse en actividades electorales a empleados y, si no lo hacen, se les asigna igualmente un día y horario para volantear".

Por caso, los trabajadores deben asistir a actos políticos de campaña, que en general son en lugares cerrados, donde también asisten Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. “Primero fuimos a repartir volantes y después nos llevaron al acto, nos dieron hamburguesas y Coca gratis, yo no pienso votar a Larreta, pero no puedo negarme porque si no pierdo el laburo”, contó uno de los empleados que tuvo que participar en el acto del 20 de julio en el Club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, donde también estuvo el presidente Mauricio Macri.

En cuanto a las volanteadas, la denuncia indica que gran parte de las personas que están volanteando son trabajadores del Gobierno de la Ciudad. “Nosotras fuimos y te recibe alguien que sí parece del partido, te toma lista y te pregunta de dónde sos (por el lugar de trabajo), después te dan los volantes y te piden que vayas a repartirlos en determinadas calles. Excepto el que estaba tomando lista, el resto éramos empleados del Gobierno de distintas dependencias, no había militantes. En nuestro caso, caminamos un par de cuadras y los tiramos. Después hicimos tiempo y volvimos para entregar una planilla que te dan al principio”, contó un trabajador.

La  misma práctica se aplicaría en torno a los Call Centers del oficialismo. En este caso, los trabajadores deben abandonar sus puestos de trabajo para ir a los espacios equipados para llamar a una lista de vecinos para informarles las obras hechas por la gestión macrista. En cuanto a la fiscalización partidaria, según los testimonios el gobierno obliga a los trabajadores a fiscalizar los domingos de elección para el partido gobernante: “En las elecciones de 2015 nos obligaron a todos, hubo dos pibes que se negaron y al mes siguientes los hicieron firmar la renuncia”.

Las abogadas señalaron que "es una práctica ilegal, la ley Nº 25.164 establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de ‘valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política’ (artículo 24 inciso e)".

"Esta situación representa también un desvío de los fondos públicos estatales para fines particulares de campaña política y se constituye como una práctica totalmente avasallante sobre los derechos y la libertad política de cualquier persona", remarcaron.

El asunto no es nuevo. Hace un año, trascendió la denuncia de trabajadores de la Ciudad sobre la utilización de empleados y contratados del GCBA para realizar tareas de difusión de obras y políticas públicas del Gobierno porteño, sin ningún tipo de remuneración extra y durante su horario laboral.