Un fiscal reconoció la vulneración sistemática de derechos de una mujer trans y pidió el sobreseimiento por narcomenudeo

En un dictamen que da cuenta del impacto de las luchas de feminismos y disidencias incluso en el plano judicial, un fiscal pidió el sobreseimiento de una mujer trans en una causa por narcomenudeo, tomando en consideración la vulneración sistemática de derechos que sufre el colectivo al que pertenece.

El fiscal federal Franco Picardi consideró que la carencia de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna por parte de la imputada configuró un estado de necesidad disculpante, excusándola así de reproche penal. Además, puso énfasis en la condición de “sobreviviente” de la víctima, por pertenecer a una población cuya esperanza de vida oscila entre los 35 y 40 años.

La mujer está procesada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su dictamen, según consignó el portal del Ministerio Público Fiscal, Picardi tuvo en cuenta que la imputada “carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna", lo que "la pone frente a un marco en el que su vida misma se ve amenazada”.

Incluso, el fiscal pidió que se investigue si existen organizaciones criminales que se valen de las mujeres trans en situación de vulnerabilidad para la comercialización de estupefacientes. También requirió que se le otorgue intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación para que asista a la imputada y que se solicite a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se la incluya dentro de los programas integrales destinados a la población trans.

El expediente comenzó con una denuncia realizada el 11 de marzo de 2018 por el personal que se encarga de visualizar las cámaras de seguridad que forman parte de la División Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad. Lo que observaron fue una situación donde una mujer trans de 35 años aparentemente vendía estupefacientes a baja escala a pocas cuadras de la Plaza Constitución, lo que comúnmente se denomina “narcomenudeo”.

En febrero pasado, tras una serie de allanamientos y peritajes a su celular, la imputada fue procesada por ser considerada autora del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Se ordenó luego la realización de un informe socioambiental que, a pedido de la Fiscalía, abordó aristas como la manifestación social de la identidad de género autopercibida, salud, educación, inserción laboral, condiciones socio-económicas, exposición a violencia física y/o sexual.

A partir de ese informe, y con el antecedente de otro pedido de sobreseimiento para cinco mujeres trans en una causa similar, el fiscal elaboró un dictamen donde hizo hincapié en la vulnerabilidad de las personas trans y travestis y la discriminación y estigmatización que sufren en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Explicó así el estado de “necesidad disculpante” en el que está la imputada.

En el dictamen, la Fiscalía Federal tuvo en cuenta que la imputada pertenece a un grupo “especialmente desaventajado y que arrastra una historia de vulneraciones de derechos significantes”. También señaló que la mayoría de las personas trans y travestis han estado históricamente relegadas del derecho a la educación. Además, por la pronta expulsión del hogar y la falta de educación, son muchas las personas trans que quedan en la calle. El escrito también da cuenta del contacto conflictivo que las femineidades trans y travestis tienen con las fuerzas de seguridad.

En el expediente quedó evidenciado que la mujer trans transitó una infancia muy difícil en su país de origen (Perú), marcada por serias carencias económicas. Dejó sus estudios a los 11 años para ingresar al mercado de trabajo precario e informal. Con respecto a su identidad de género percibida, desde la pre-adolescencia habría comenzado a definir su identidad de género, que mantuvo oculta durante muchos años.

De acuerdo al informe, surge que a los 18 años habría comenzado a prostituirse esporádicamente y a travestirse en espacios “socialmente habilitados” para vivir su identidad. “Esos espacios, como sabemos, son marginales, y por esa condición son los espacios históricamente habilitados socialmente para la proliferación de las actividades prohibidas, como ser la prostitución, la venta de drogas”, amplió la Fiscalía.

Picardi explicó que "no cualquier situación acuciante configura una causal de estado de necesidad legalmente excusante, sino que debe tratarse de una situación que no ofrezca otra alternativa más que la comisión de un ilícito como medio para evitar un mal actual e inminente", lo que consideró acreditado en la causa. “La actividad que fue conjurada en el marco de estas actuaciones tenía que ver con el único modo de subsistencia posible", remarcó.

El fiscal aclaró que el dictamen no significa adoptar una posición de no punibilidad de personas trans involucradas en la venta de sustancias ilícitas. “Más bien, responde a un análisis individualizado de los escenarios fácticos presentes en el caso y de la interpretación de los mismos a la luz de una perspectiva de género, orientación sexual, identidad de género y/o su expresión, así como de una derivación razonada del ordenamiento vigente”, puntualizó.