"Derechos Humanos y políticas públicas", por Mario Reina

La Nación debe fomentar y garantizar la memoria colectiva mediante políticas de Estado, como claramente lo dejó sentado el presidente Alberto Fernández días pasados, en el Instituto Geográfico Nacional, con motivo del acto en el que fuera repuesta la placa que homenajea al hijo de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Alejandro Almeida trabajaba en el área de cartografía de dicho Instituto, hasta que fuera secuestrado y desaparecido por grupos de tarea de la Triple A, en junio de 1975. La placa en su homenaje había sido colocada en 2013, hasta que días pasados fue robada por un empleado del organismo que trabaja hace 30 años allí y que es hijo de militares. Se habría llevado la placa en un acto de intolerancia y, arrepentido, la devolvió al día siguiente.

El presidente Fernández enfáticamente manifestó: "La memoria no se puede robar ni destruir; siempre la mantendremos viva". Si bien la memoria colectiva es una realización que suma a individuos, el marco de la concreción colectiva debe ser impulsado por el propio Estado. Estos últimos años este objetivo se venía perdiendo, bajo el gobierno del ex presidente Macri, quien fomentaba una clara política negacionista mediante el típico accionar de todo gobierno de ese perfil: la desfinanciación y el consecuente desmantelamiento de programas y políticas públicas.

Hoy que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación sea un nieto recuperado, es una contundente respuesta que refleja el retorno de un Estado presente en materia de Derechos Humanos.

Pero las políticas públicas no solamente deben referirse a la memoria colectiva. Es un objetivo mucho más integral y que el actual gobierno lo deja en claro, con cada una de las decisiones que viene impulsando en este corto tiempo que lleva de iniciado.

El desafío que tenemos como sociedad es evitar quedar atrapados en pujas sectoriales, que pueden tensar por derecha o por izquierda, y consolidar definitivamente reales políticas de Estado que perduren a los vaivenes políticos.

Las nuevas generaciones no deben ni pueden ignorar que una vez en la Argentina reinó el terrorismo de Estado, es por ello que el pasado debe ser honrado con la memoria colectiva y el Estado tiene el sagrado deber de fomentarla. Un pueblo sin memoria tiene un dramático futuro de desencuentro y oscurantismo.

En cambio, un Estado presente siempre será garantía de Justicia Social.