La tregua: cómo el coronavirus frenó la guerrita pendiente entre Alberto Fernández y Larreta

Qué semana. Mientras nos adentramos cada vez más en una película de terror (solo que no es una película), algunos datos políticos nuevos surgen de la situación, en especial en la relación entre el Presidente y el jefe de Gobierno.  Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta pasaron de un inminente conflicto por la coparticipación porteña (¿se acuerdan de eso? Parece de hace dos vidas atrás…) a una inesperada sintonía frente a la pandemia que llegó a la Argentina para quedarse. No obstante, otras noticias muestran que el PRO sigue siendo el PRO: las niñas y niños recibieron viandas que los funcionarios porteños nunca le darían a sus hijas e hijos –de fondo, como siempre, el sistema privatizado de comedores escolares- lo que terminó en una acción judicial. Y, hablando del Poder Judicial, hubo un extraño intento de absorber todas las causas que pueda tener Larreta por el coronavirus que parece estar naufragando. Además, una vendedora ambulante fue atropellada en un operativo de desalojo y falleció días después. Las protestas fueron reprimidas así como la noticia, que nuevamente es tapada por la pandemia.

En medio de la convocatoria que hizo Larreta para que la población ayude voluntariamente a los adultos mayores, el jefe de Gobierno dedicó unos minutos a hablar de su relación con el presidente: "Estamos trabajando muy bien en equipo con el Gobierno nacional y con la Provincia. En realidad somos un solo equipo. Vamos a seguir con los operativos conjuntos", afirmó Larreta en la enésima conferencia que dio esta semana. Lo terrible de la pandemia y las consecuencias sociales que puede tener parece haber apagado –aunque sea por el momento- cualquier indicio de conflicto entre ambos gobiernos. De hecho se reunieron ya más de tres veces en un período de tiempo muy corto. En un reportaje en Telefé, Fernández también destacó que buena sintonía que viene observando con el jefe de Gobierno porteño.

De hecho, conformaron junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof una mesa intergubernamental en la que están el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; y el de Kicillof, Carlos Bianco. La coordinación se volvió a ver el domingo en un operativo conjunto que supervisaron Larreta junto a Kicillof y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. Una foto impensada hace no tanto tiempo.

No obstante, la buena onda que se prodigan entre ambos gobiernos no debería tapar el hecho de que el PRO sigue siendo el PRO y esto se ve en acciones concretas contra la pandemia. Cuando algunos periodistas insistimos en la destrucción del sistema de salud por parte de la gestión PRO, hay quienes creen que forma parte de una lógica de pelea entre facciones políticas. Hay algo más importante que se deja de lado en esa forma de ver las cosas: la destrucción de las políticas de salud tiene consecuencias concretas para la población y merecen ser informadas, gobierne quien gobierne. Hoy podemos apreciar por qué se plantea que no se deben recortar los fondos de salud, como tampoco de educación y de vivienda. El PRO recortó las tres durante años y años.

Ahora, con las escuelas cerradas pero con los sistemas de alimentación todavía funcionando, se puede apreciar por qué algunos periodistas ponemos el foco en el sistema privatizado con el que se le da de comer a niños y niñas. El tema de las viandas fue uno de los temas de esta semana: desde el Gobierno porteño, donde se han mostrado laxos de controles al punto de no reaccionar de una manera más decisiva ante intoxicaciones de estudiantes, dispusieron que los concesionarios privados mandaran solo sándwiches. Esta decisión incluyó niños de uno y dos años. Recibieron un sándwich de queso en fugazza, barrita de pochoclo y una fruta. Y suerte.

Las denuncias se multiplicaron en la semana: una escuela en el Bajo Flores denunció que les mandaron 375 viandas para 800 niños; un CPI de Flores advirtió que las “viandas calientes” de la empresa Dassaults SA-Hispan SA llegan, en realidad, frías; un lactario en Saavedra no recibió leche el miércoles pasado. Y los ejemplos siguen.

Esto llevó a que la legisladora Myriam Bregman presentara un amparo, al que le dio curso la jueza Romina Tesone: le ordenó al Gobierno porteño “que arbitre las medidas necesarias para garantizar un almuerzo saludable en todo establecimiento educativo público del nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad”. Algo que el Poder Judicial no debería tener que recordarle a la ministra de Educación, Soledad Acuña.

También está en el terreno judicial la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia. El juez Guillermo Scheibler tiene una causa ya sobre el tema desde el año pasado –a lo que se le sumó el virus- y se encontró con un intento de sacarle el expediente, con un escrito del asesor tutelar Damián Natalio Corti. Es el mismo que orquestó un acuerdo con el procurador Gabriel Astarloa para que todas las cuestiones vinculadas a la pandemia recaigan en el juzgado de Andrea Danas,  a la que se la cuenta entre los jueces cercanos al oficialismo porteño. El intento viene naufragando, primero porque cuatro jueces y tres defensores oficiales presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porteño y, en segundo lugar, porque distintos tribunales estarían sosteniendo sus competencias originarias para esquivar la maniobra.

La última y triste noticia de la semana la protagonizó Beatriz Flores, 75 años, jubilada y vendedora ambulante. Estamos hablando de una persona que fue atropellada por una moto cuando intentaba escapar de un operativo de la Agencia Gubernamental de Control y de la Policía de la Ciudad para desalojar vendedores ambulantes. Tras varios días de agonía, falleció. Su nombre fue poco recordado en una semana donde toda la vida social se trastocó. Solo se la recordó porque en una protesta por su muerte delante de la AGC, Juan Grabois y otras 24 personas fueron detenidas.  Toda una marca de que el gobierno del PRO sigue siendo bien PRO, aún en épocas de pandemia.