Represores que cobran de nuestro ABL

Desde que Mauricio Macri habló del “curro de los derechos humanos” para acá no esperamos demasiado de sus gobiernos en esa materia. Pero estaría bueno que tanto él como su sucesor Horacio Rodríguez Larreta al menos cumplieran con la ley. Resulta que por estos días me enteré que un condenado por delitos de lesa humanidad viene cobrando 49 mil pesos por mes de un subsidio del Gobierno porteño, pese a que la ley es clara: no podía cobrar desde su procesamiento. La tarea de excluirlo del listado estuvo en su momento en manos del subsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien no quiso, no supo o no pudo hacerlo. Para peor: el represor en cuestión es Gonzalo Gómez Centurión, primo segundo de Juan José Gómez Centurión, que por ese tiempo también era funcionario porteño. Yo se los cuento, después si un fiscal quiere o no investigar, eso ya es otro tema.

La cosa es así: por la ley  1075,  de la época de Aníbal Ibarra, todos los veteranos de la guerra de Malvinas pueden tramitar un subsidio en la Ciudad, lo que es justo. Pero la ley –por impulso de grupos de ex combatientes- también buscó evitar que lo cobraran aquellos militares que participaron de la represión ilegal en la dictadura. Por eso, en su artículo 7 dice específicamente que no pueden cobrar quienes "hubieran sido condenados como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente". Además, la ley tuvo una modificación en 2010 por la que se agregó un artículo más restrictivo aún: "El beneficio será suspendido cuando el beneficiario se encuentre procesado, con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente, hasta tanto se resuelva su situación procesal". Es decir que, por ley, una persona procesada por delitos de lesa humanidad no podría cobrar el subsidio.

Gonzalo Gómez Centurión fue incorporado al subsidio en octubre de 2009 por el subsecretario de Derechos Humanos Helio Rebot. En ese momento, no se encontraba procesado por lo que no estaba excluido por la ley. Hasta acá, todo normal. Pero  Gómez Centurión fue procesado en 2012 en la causa en la que se investigaban los delitos de lesa humanidad en la llamada "subzona 15", la red de campos de concentración en el área de Mar del Plata. En ese momento, el subsecretario era Claudio Avruj, quien tuvo varias discusiones con organizaciones de ex combatientes de Malvinas por la inclusión de personas vinculadas a la represión de la última dictadura. ¿Por qué Avruj no lo sacó del cobro del subsidio en ese año o en alguno de los siguientes? Sólo él lo sabe. Lo cierto es que Gómez Centurión siguió cobrando hasta hace poco, según me informaron cuando llamé para preguntar por su caso al Ministerio de Desarrollo Humano, que es el que administra ahora el registro de veteranos de guerra. También me dijeron que iba a dejar de cobrarlo.

Para más datos, Gonzalo Gómez Centurión es primo segundo de Juan José Gómez Centurión. Es importante recordar que desde 2012 Gómez Centurión fue funcionario porteño, como titular de la Agencia Gubernamental de Control con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Luego, con Macri presidente, fue su director de Aduana y más tarde pasó al Banco Nación. Finalmente, se enemistó con Macri y lo enfrentó el año pasado como presidente del partido NOS. Las declaraciones de Gómez Centurión en campaña a favor de liberar o mandar a sus casas a los represores no deberían sorprender.

Su primo, el ex capitán de la Fuerza Aérea Gonzalo Gómez Centurión, entonces, cobró un subsidio que por ley no podía cobrar durante gran parte de los gobiernos de Macri en la Ciudad y durante todo el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hizo que cesara de cobrarlo? Este año, el 27 de abril fue condenado en plena cuarentena junto a otra decena de militares por delitos de lesa humanidad. A Gonzalo Gómez Centurión lo condenaron a 12 años de prisión y requirieron su detención, porque era el único que permanecía excarcelado.

Los delitos por los que fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata son privación ilegítima de la libertad en su calidad de funcionario público agravada por mediar violencia y amenazas, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos. Además de disponer su detención el tribunal ordenó que se suspenda "el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudiera percibir".

Allí recién fue cuando el Gobierno porteño decidió hacer cesar el cobro. ¿Podrían haber hecho otra cosa? Sí: la ANSES, por iniciativa del fiscal Gabriel De Vedia, había reaccionado en 2017, suspendiendo las pensiones para Gonzalo Gómez Centurión, entre otros militares que estaban siendo investigados. Por lo tanto, en la Ciudad, con el respaldo del texto de una ley, se podría haber hecho otra cosa. Por qué eligieron seguir pagándole a un genocida con la plata de nuestros impuestos, es algo que tendrían que explicar los funcionarios involucrados.

El de Gómez Centurión no es el único caso. En una rápida recorrida por el listado de 1325 personas inscriptas, se puede ver por lo menos uno más: Marcelo Dorigon, un ex capitán del Ejército que fue funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri y que está denunciado por un grupo de ex combatientes por presuntas torturas a 23 soldados en Malvinas. La causa tramita en el juzgado Federal de Río Grande y todavía no se hicieron las indagatorias. Es llamativo como todo esto sigue ocurriendo pese a que los ex combatientes fueron claros en querer separar el cobro de ese subsidio –que, insisto, es algo justo- de aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero claro, si pensamos que los derechos humanos son un curro, tal vez esa línea divisoria no esté tan clara.