Amparos más lentos para que no molesten a Larreta

Despacito y en silencio, como decía Horacio Rodríguez Larreta que le gustaban los desalojos, consiguió una ley que le permitirá entorpecer las cautelares y los amparos contra su gobierno. Ya venía de tener que afrontar un fallo que le frenaba la venta del Costa Salguero y hay otras causas que le molestan. Quizás por eso una ley que votó su bloque la semana pasada obliga a que en las causas intervengan una y otra vez los fiscales en cada instancia, de forma tal que todo el proceso se vuelva más lento. Los fiscales, como sabemos, los comanda Juan Mahiques. La gran mayoría de los jueces y camaristas del fuero contencioso administrativo se opusieron a la ley, que igual se votó sin que hiciera ruido en la esfera pública. ¿Será Larreta el político más blindado del país?

Vamos a los datos. El autor de la ley es el radical Martín Ocampo, ex jefe de los fiscales con Mauricio Macri y ex ministro de Justicia de Larreta (tuvo que dejar el cargo luego del escándalo de la final de la Copa Libertadores y desde entonces el vicejefe Diego Santilli interviene en el área). La ley plantea que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir de manera obligatoria  "de forma especial" y "bajo sanción de nulidad" en las causas que involucren obra pública, servicios públicos o bien en las que "a criterio del Ministerio Público Fiscal esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad”. O sea en casi todos los casos. Y podrá intervenir no en una sino en múltiples oportunidades. Para quienes no conozcan la dinámica de los tribunales, esto significa que en cada etapa del proceso, de ahora en más, el juez le “corre vista” especialmente al fiscal y tiene que esperar a que responda. Eso permitirá que los fiscales, bajo el comando de Mahiques, manejen los tiempos y puedan enlentecer las causas que le molesten a Larreta.

Una de las críticas al proyecto es que pone a los fiscales por encima de los defensores públicos y de los asesores tutelares (las otras dos instituciones del Ministerio Público porteño). Esto rompe con un concepto que en derecho se conoce como “igualdad de armas”, es decir, que las partes en un litigio tienen igualdad de condiciones. Desde la semana pasada, en el sistema judicial porteño los fiscales tienen coronita.

El proyecto tuvo una fuerte resistencia del Poder Judicial, que pasó desapercibida. No menos de17 jueces del fuero contencioso (sobre un total de 21) y cinco camaristas enviaron una carta a Ocampo en la que dijeron que "así redactado, el proyecto en cuestión podría implicar una complejización y desnaturalización de los procesos alcanzados en la propuesta e incluso llegar a afectar garantías constitucionales de los justiciables y la independencia en el ejercicio de la judicatura". "Quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad", advirtieron. Lo firmaron los jueces Elena Liberatori, Andrés Gallardo, Fabiana Schafrik, Patricia López Vergara, Guillermo Schaibler, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín y Carlos Balbín, entre otros.

También tuvo argumentos en contra de diversas ONGs como el Observatorio de Derecho a la Ciudad, FARN, INECIP, ACIJ y CELS. Le enviaron otra carta a Ocampo en la que directamente le plantearon que la propuesta es "improcedente e inconstitucional". Advirtieron que desequilibra la intervención de los fiscales con respecto a los defensores y los asesores tutelares. Y que el proyecto terminará por volver más lentas las causas judiciales. "Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas", remarcaron.

Por supuesto, el oficialismo porteño usó esas cartas de papel higiénico y, con la mayoría que supo construir Larreta, la ley se aprobó: con 36 votos contra 17 por la negativa. En la sesión, también se escucharon voces en contra. Por ejemplo, la legisladora del FIT Myriam Bregman dijo: "Esto es muy grave y una barbaridad porque afecta al interés general y concentra el poder en el Fiscal General". Y la del Frente de Todos, Claudia Neira, consideró que "este proyecto que se trata es una gravedad inusitada" porque "la reforma modifica el rol del Ministerio Público Fiscal y lo convierte en un auxiliar del Poder Ejecutivo".
Es llamativo que, mientras Juntos por el Cambio declama los “avances sobre el Poder Judicial” a nivel nacional, Larreta hace estas modificaciones en la Justicia porteña para que dejen de molestarle los amparos y cautelares y todo ocurra en un silencio cómplice que cada vez se nota más.