Un freno a la venta de Costa Salguero para un gobierno que no cumple los fallos

En términos judiciales, Horacio Rodríguez Larreta recibió una paliza esta semana. El fallo más celebrado por la oposición porteña fue el que le impide vender los terrenos del Costa Salguero y desnuda una trampa legislativa a la que recurrió el jefe de Gobierno para conseguir el número de votos que necesitaba para privatizar esas tierras. La disputa seguirá hacia arriba en el Poder Judicial porteño, del que Larreta maneja más de un resorte. Otros dos fallos que pasaron más desapercibidos hablan de la política del mandatario porteño hacia la educación: el primero intima al Gobierno porteño a cumplir con una orden judicial de no computar faltas y garantizar clases virtuales. El segundo ratifica que, como dice la Constitución porteña, los niños y niñas tienen derecho a la educación desde los 45 días. Este fallo, de una Cámara de apelaciones, es uno más que contradice al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, alineado con Larreta.

La primera piña llegó en una semana en la que Larreta buscó mantener las clases presenciales con todos los números epidemiológicos en contra. Y no vino de la Corte, como algunos esperaban, sino de un simple tribunal porteño: el juez en lo contencioso administrativo Leonardo Fuchi suspendió la venta de los terrenos de Costa Salguero y declaró inconstitucional la ley por la que habilitaron esa privatización a fines de 2019.

¿Cuál fue el planteo del juez? Que no se cumplió con el procedimiento legislativo de doble lectura previsto para los terrenos públicos, por el cual se debe votar una vez, luego hacer una audiencia pública y votar una segunda vez. En 2019, los operadores legislativos de Larreta lograron pasar al Costa Salguero como un “dominio privado” para eludir ese procedimiento. Pero ahora un juez les dijo que hicieron trampa y les frenó la venta. Pueden leer el fallo completo acá.

Sucede que Costa Salguero es un terreno público, no privado, aunque está concesionado hace décadas a privados –algunos de los dueños de la empresa concesionaria son muy cercanos al PRO, hasta comparten cama con alguna de sus dirigentes-. El Costa Salguero es uno de los grandes ejemplos de las concesiones escandalosas, donde el Estado cobra un canon irrisorio y el privado hace dinero con terrenos públicos. No es la única: hace poco, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gagliardi, advirtió sobre un informe de la Auditoría que muestra “incumplimiento a normas constitucionales, concesiones a empresas con deudas y falta de actualización de cánones”.



En base a esto, el legislador Matías Barroetaveña presentó un proyecto de resolución exigiendo al Gobierno porteño que dé explicaciones sobre por qué no actualiza los cánones y por qué permite que sigan explotando espacios públicos empresas que tienen deudas con el Estado. “Entre los contratos señalados en un informe de la Auditoría se encuentran las concesiones gastronómicas en Costanera y Bajo Autopistas como Mirasol de la Recova, Happening, la ex Pizza Banana y Punta Carrasco”.

Precisamente, Punta Carrasco forma parte de los terrenos que Larreta quería privatizar para siempre y un fallo judicial se lo impidió. El amparo había sido presentado originalmente por la diputada Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Luego de una primera negativa y de un fallo de la Cámara de apelaciones a favor de los demandantes, el juez Fuchi concluyó que “la autorización para disponer (la venta) otorgada por la Ley 6.289 no ha cumplido con el trámite legislativo propio de la desafectación de los bienes de dominio público, no cabe más que declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trata”. Ahora hay dos caminos: o bien Larreta consigue que su TSJ le falle a favor y, nuevamente, desconozca lo que dice la Constitución porteña. O tienen que volver a votar la venta.

Lo cierto es que por algo buscaron esta trampa en 2019: tenían los dos tercios en la Legislatura para votar la ley, pero con el cambio de composición tras las elecciones, podían perderlos. De hecho, hubo una segunda ley para rezonificar esos terrenos –y permitir torres más altas- que está empantanada. Esa sí siguió el procedimiento de doble lectura: se votó en primera instancia, pero luego asistimos a la audiencia pública más larga de la historia de la Ciudad, con miles de personas que se inscribieron para decirle no al proyecto de un barrio náutico VIP, con amarraderos propios y hasta un helipuerto. Mientras tanto, desde la oposición porteña siguen proponiendo que se utilicen esos terrenos para crear otro pulmón verde para la Ciudad.

No fue el único fallo en contra que recibió Larreta. El jefe de Gobierno había tenido otro revés en una sentencia del juez Guillermo Scheibler, que ordenó que –hasta que la Corte resuelva- las clases debían ser virtuales para todas las familias que eligieran no mandar a sus hijos e hijas a las escuelas y no se podían computar faltas ni poner en riesgo las vacantes. El Gobierno porteño apeló, pero el fallo sigue vigente. El Ministerio de Educación porteño hizo todo lo contrario a lo que le ordenaba el fallo: presionó a docentes para que no den clases virtuales en ningún caso, mandó empleados a fiscalizar en las escuelas, dio de baja Zoom. Desde la supervisión del Distrito Escolar 10 llegaron a mandar un correo en el que amenazaban con denunciar judicialmente a quienes no mandaran a sus hijos o hijas. Luego tuvieron que aclara que el mail no decía eso que todos leímos que decía. A raíz de todo esto hubo una nueva presentación y el juez Scheibler intimó a cumplir el fallo, so pena de aplicar una multa de 50 mil pesos sobre la ministra Soledad Acuña.

Por último, hubo un tercer fallo que pasó desapercibido. En él, la Sala I de la Cámara de apelaciones ratificó que los niños y niñas tienen derecho a la educación desde los 45 días, según lo establece la Constitución porteña y, por lo tanto, el Estado porteño debe darles vacantes en el sistema público. Esta es una nueva sentencia que contradice la que, de forma vergonzosa, el TSJ larretista sacó hace un tiempo en la que aseguraba que la educación para menores de 4 años pasaba a ser solo para quienes no tengan los medios para pagarse un jardín privado. Así, planteaba que había que mostrar un ‘certificado de pobre’ para acceder a algo que la Constitución de la Ciudad planteó como un derecho para todos sus habitantes. Ese fallo va en línea con lo que afirma la ministra Acuña, quien niega el derecho a la educación (y a una vacante) de manera sistemática desde que llegó a su cargo.

En contra de eso, los camaristas de la Sala I recordaron que “en una reciente decisión, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló –por mayoría– que el GCBA no tiene el deber de proporcionar vacantes para el nivel inicial ‘no obligatorio’ del sistema educativo de gestión pública para todos los niños y niñas que las soliciten, sólo debiendo asignar aquellas existentes de conformidad con el régimen de prioridades”. Pero advirtieron que “el mandato constitucional es preciso: la Ciudad ‘asegura’ la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días de vida. Las autoridades locales tienen, en consecuencia la responsabilidad indelegable de garantizar el acceso a todos y todas los/as habitantes de la Ciudad a la educación pública inicial, a partir de transcurrido un mes y medio desde el nacimiento de sus titulares”.

Y finalizaron con una reflexión, que ojalá algún día escuchen las autoridades educativas: “Toda política pública que se establezca con relación al derecho a la educación debe velar, facilitar y promover el libre acceso a la enseñanza pluralista, en igualdad de oportunidades y sin discriminación”. Para que alcancen las vacantes, hay que construir más escuelas. Larreta lleva recortados 528 millones de pesos del presupuesto de infraestructura escolar en lo que va de este año.