Revés judicial para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes

En el marco de las restricciones sanitarias aún existentes y teniendo en cuenta la brecha digital entre la ciudad formal y los barrios populares, en enero de este año la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó una medida cautelar, que debía ser resuelta de modo urgente para garantizar los derechos en juego en el proceso y evitar daños irreparables. En la cautelar  se pidió  que se establezcan protocolos y  aseguren conectividad y dispositivos adecuados para que las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires exceptuados de presencialidad -ya sea porque pertenecen a un grupo de riesgo, por condiciones especiales de sus familias o por aislamiento de la burbuja a la que pertenecen- puedan acceder a su derecho a la educación.
 
En los últimos días, el Juzgado de Primera Instancia Nº14 rechazó la medida cautelar solicitada en una sentencia sin fundamentar adecuadamente la decisión adoptada. “Esto afecta directamente el derecho a la educación de niñas y niños sin acceso a conectividad y sin clases presenciales y continúa dilatando medidas urgentes que el Estado en su conjunto debe adoptar para resguardar los derechos fundamentales de las poblaciones más desaventajadas”, denuncian desde ACIJ.
 
La causa judicial comenzó en mayo de 2020, ante las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia, con el objetivo de exigir un adecuado acceso a internet en las villas porteñas para garantizar los derechos de quienes las habitan en condiciones de igualdad. Si bien en primera instancia el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de CABA, a cargo del juez Roberto Andrés Gallardo, ordenó acciones en este sentido, a partir de la apelación del GCBA la Cámara dio marcha atrás y suspendió, casi en su totalidad, lo resuelto.
 
“En la Ciudad de Buenos Aires,  miles estudiantes llevan a la fecha más de 19 meses sin clases por no contar con conexión a internet y/o un dispositivo tecnológico adecuado. Esto significa que se afecta el derecho a la educación de un colectivo especialmente vulnerable, pero también implica barreras para el acceso a otros derechos y tratos discriminatorios”, continúan desde ACIJ.
 
“Ante la situación actual, es preciso que las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, reconozcan que aún hoy persisten diversas modalidades de educación no presencial y garanticen conectividad y dispositivos para quienes deben continuar su trayectoria educativa desde sus hogares”, concluyen desde la asociación civil.