GCBA pagó 29 millones a La Rural por el centro vacunatorio: habían informado que era una “cesión”

Hoy se conoció una nueva polémica que rodea al Gobierno de la Ciudad y la gestión de la pandemia de coronavirus. Como denunció Página 12, el Ejecutivo porteño pagó 29 millones de pesos, en tres cuotas, a La Rural S.A. por el centro vacunatorio y de testeo que funciona en el predio del barrio de Palermo. Este servicio fue presentado por la Rural como una “cesión”.

Desde la oposición porteña advirtieron en diálogo con Página 12 que ampliarán el pedido de informes que ya habían presentado en la Legislatura y advirtieron que, al igual que lo denunciado en el caso del Movistar Arena, la contratación de La Rural "está floja de papeles".

El caso del Movistar Arena tiene similitudes, el Gobierno porteño pagó más de 16 millones de pesos a Buenos Aires Arena, la empresa del Grupo La Nación, dueña del Movistar Arena. El pago fue efectuado por servicios de un período que ya había sido abonado anteriormente.

La polémica en este nuevo caso es que la empresa La Rural S.A. había informado en su momento:"En La Rural hemos cedido espacios para la instalación de un centro de vacunación del Gobierno de la Ciudad". Sin embargo, el 29 de marzo, poco más de un mes antes del posteo en redes sociales, en el Boletín Oficial (BO) de la Ciudad se publicaba la Disposición 157/2021 de la Dirección General de Abastecimiento de Salud, que aprobaba la contratación directa de La Rural con el respectivo pago de 14.266.753 pesos "para la utilización del Pabellón Frers de La Rural, para la instalación de una posta de vacunación peatonal contra covid - 19", según consignó Página 12.

A diferencia de lo sucedido con el Movistar Arena, donde la "cesión" tomó forma de contrato de comodato y los pagos millonarios se efectuaron en razón de "adendas", el acuerdo con La Rural se cerró por medio de una contratación directa por "la necesidad de contar con un espacio físico de amplias dimensiones que pueda utilizarse como Centro Vacunatorio", según se lee en la disposición.

En diálogo con Página 12, el legislador porteño, Matías Barroetaveña, indicó: “Vemos que esta contratación está floja de papeles y le sale carísima a los porteños. Los centros de testeos empezaron a funcionar antes de que se hagan las contrataciones, iban a ser gratuitos y terminan costando decenas de millones de pesos”.

Barroetaveña confirmó que este viernes ampliará el pedido para incluir el caso de La Rural ya que "no se cumplió con ninguna normativa de contratación y, pese a los pedidos de informes presentados, el Gobierno no da ninguna respuesta". Entre las irregularidades que enumera el legislador se encuentra la falta de una norma --o de su publicación-- que regule la relación entre La Rural y el GCBA desde que el centro empezó a funcionar hasta la primera contratación, además de la ausencia de publicación de la disposición que llamó a dicha contratación directa.