Piden frenar el desalojo de cien familias en un predio ferroviario del Barrio 21-24

La vivienda sigue siendo una de los derechos más vulnerados en la Ciudad. Así lo demostraron ayer, cien familias que dieron una conferencia de prensa para intentar frenar el desalojo de la toma de tierras que realizan hace una semana en el Barrio 21-24. La Justicia ordenó el “desalojo pacífico” del terreno.

La toma está ubicada en un predio ferroviario de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional y, según indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La toma comenzó el martes pasado y el fin de semana Policía federal y de la Ciudad bloquearon las entradas.

“No podes entrar ni salir, estamos privados de la libertad”, relató el delegado, Nahuel Arrieta, de la toma que habló con los medios del otro lado del muro. La Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la suspensión del desalojo. Los vecinos reclamaron la apertura de una mesa de negociación.

"Tenemos una necesidad real, consecuencia de la crisis habitacional que invade a la Ciudad y que crece en los barrios populares, como acá en la 21-24", indicaron. "Por más de 35 años este terreno estuvo abandonado y ahora hay familias del barrio. Hay madres solas con sus hijos que no pudieron pagar más los alquileres de 15 mil pesos por una pieza diminuta en la que no entran", continuó Arrieta.

Según los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas dentro el predio, todas provenientes de la zona del barrio conocida como "Tierra Amarilla". "Desde que estoy acá en ese terreno nunca hubo nada. Nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo para que se urbanice el barrio, que haya cloacas, que haya luz. Nunca se hizo nada, el GCBA no tiene voluntad de buscar una solución", indicó a Página 12 por su parte Flavia Romero, vicepresidenta de la Junta Vecinal del barrio, que apoya a los vecinos de la toma aunque no forma parte de la ocupación.

Sobre un posible desalojo, Arrieta aseguró: "Estamos resistiendo de manera pacífica, no estamos llamando al enfrentamiento ni vamos a emplear la violencia. Tenemos todas las intenciones de dialogar, por eso pedimos la mesa de negociación, que bajen representantes del IVC, de Nación y del ferrocarril para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos que están sin uso o de acceder a otra vivienda".

Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la Justicia federal, y este lunes el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3, emitió un oficio para instar al Ministerio de Seguridad nacional a desalojar el predio "de manera pacífica y sin la utilización de violencia, atento a la presencia de niños".

Por la tarde del lunes, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF, solicitó a Rafecas "el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto".

Axat argumentó que existe una "vulneración de derechos histórica y persistente de las personas involucradas" y que dentro del predio hay cuatro niños con "discapacidad o enfermedad crónica que requieren de medicación", dos mujeres embarazadas, un adulto mayor con asma y otro con diabetes.

"Si la Policía quiere avanzar vamos a resistir de manera pacífica, siempre y cuando las fuerzas de seguridad estén de manera pacífica. Haremos un cordón humano para intentar detenerlos, pero no vamos a usar la violencia", concluyeron los vecinos.