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- 23.09.2021
CIUDAD
Una deuda del GCBA por 21 millones de pesos dejaría en la calle a cientos de manteros
En 2017, fueron trasladados a dos galpones para que no vendieran en la calle. Ahora, el Gobierno de la Ciudad dejó de pagar los alquileres y 200 familias perderían sus ingresos.
En 2017, cientos de trabajadores ambulantes y manteros fueron desalojados de las calles y trasladados a dos galpones en el barrio porteño de Once. Días atrás, llegó una orden judicial que indica que ante la falta de pago de los alquileres, por parte del Gobierno de la Ciudad, se podría efectivizar un desalojo.
Omar Guaraz, titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció en diálogo con La Retaguardia explicó que por falta de pago del Gobierno, la Justicia porteña ordenó el desalojo y más de 200 familias quedarían a la deriva.
Guaraz detalló: “El titular de los inmuebles es Manchego, Alberto. Uno (de los locales) está ubicado sobre la calle La Rioja y el otro en la calle Perón. Esta persona se dirigió a la Justicia después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el de La Rioja, el Gobierno lo dejó de pagar antes de los inicios de la cuarentena obligatoria, y el otro pocos meses después. Por lo tanto, el dueño pide la restitución de los mismos y el desalojo. La deuda es de más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno”.
“En este momento debe haber unos 100 compañeros trabajando, la mayoría de edad avanzada, algunos con algún tipo de discapacidad y madres con niños”, agregó. “En el año 2017, el Gobierno hace uno de los desalojos más masivos. Había 2100 manteros en Once. También se les dijo que se les iba a dar solución a todos y que no se iba a permitir la ilegalidad. En aquel momento eran unos 16 mil. En concreto, en esos locales ingresaron 550 manteros, dando solución a solo un 3%”, relató Guaraz en relación a la gestión del Gobierno de la Ciudad.
Guaraz asegura que durante este tiempo “el Gobierno continuó con la represión hasta el día de hoy”. “Nosotros denunciamos apremios ilegales en la comisaría, que incluyeron torturas. Algunos oficiales de la Policía utilizaron una plancha caliente. Recordemos también que murieron dos compañeras, Beatriz Flores y María Berrechea”, recordó Guaraz.
Sobre la posible solución de este copmnflicto, Guaraz aseguró a La Retaguardia que “no hay diálogo entre vendedores y el Gobierno de la Ciudad”.
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