Podrían cerrar a causa del atentado a la AMIA por varios pedidos de sobreseimiento

Toda la investigación sobre la conexión local del atentado contra la AMIA quedó al borde del cierre: el fiscal Sebastián Basso pidió el sobreseimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul –el pie hacia la llamada pista siria-; de Nassib Haddad, de quien se sospechó que podría haber provisto el amonal con que se voló la mutual judía y, además, colocó un volquete en la puerta de la AMIA cinco minutos antes de la explosión- y otras diez personas a las que el fiscal Alberto Nisman y el juez Juan José Galeano les adjudicaron algún papel decisivo en el atentado.

Antes del pedido de Basso, según consignó Política Argentina, el tribunal oral absolvió a Carlos Telleldín, el otro supuesto cómplice decisivo. Por supuesto que falta la decisión del juez a cargo -salió sorteado Daniel Rafecas esta semana-, pero es muy difícil que el magistrado tome una decisión ya que no será el juez definitivo.

Los familiares agrupados en Memoria Activa respondieron con un escrito de su abogado, Rodrigo Borda, señalando que de ninguna manera se puede considerar que la investigación “fue exhaustiva”, como sostiene Basso, sino más bien todo lo contrario: estuvo llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones.

Aún así, que la parte acusadora -el fiscal-, pida el sobreseimiento, deja a la causa AMIA sólo sostenida por la “conexión internacional”, que se basa mucho más en informes de inteligencia de la SIDE, la CIA y el Mossad, que de pruebas judiciales. Para colmo, Basso también dejó pagando algunas de esas supuestas evidencias.

En tanto la conexión local era la clave de la investigación porque se trataba, nada menos, que de determinar de dónde salió el explosivo -300 kilos de Amonal- para atacar la AMIA y producir 85 muertos. El atentado se hizo con una camioneta Trafic, algo que está definitivamente probado a partir del análisis con un microscopio de barrido electrónico que estudia las partículas de los restos metálicos encontrados en los cuerpos de las víctimas.

Esa camioneta fue vendida por Carlos Telleldín ocho días antes del atentado, el 10 de julio de 1994. No se sabe quién se quedó con el vehículo aquel domingo. Tampoco se sabe dónde estuvo la camioneta del 10 de julio hasta el sábado 16 y, por lo tanto, quien y dónde se armó el explosivo en la camioneta-bomba.

El sábado 16, alguien dejó la Trafic en el estacionamiento llamado Jet Parking, al lado de la Facultad de Medicina, a tres cuadras de la AMIA. No se sabe tampoco quién retiró la Trafic el lunes 18 de julio, minutos antes del ataque. Tampoco se conoce quién manejó la camioneta hasta el predio de Pasteur y lo incrustó en la mutual judía.

Y por último, no se sabe quiénes fueron los apoyos locales al atentado. Como se ve, de los hechos concretos del atentado no se sabe nada de nada.

Lo que queda de la causa AMIA es la conexión internacional, con la acusación apuntada a Irán y prófugos de esa nacionalidad. Uno de los puntos de esa imputación es que el supuesto organizador, un tal Samuel Salman El Reda, o Salman Raouf, un libanés casado con una argentina, vinculada a Rabbani. La evidencia de importancia fueron supuestas llamadas a El Líbano con teléfonos adjudicados a la organización Hezbollah, información que seguro provino de la CIA o el Mossad.

En el escrito de Basso hay un paralelismo inquietante. Según los servicios de inteligencia, también había dos llamadas de elementos de Hezbollah desde El Líbano al teléfono en Buenos Aires de Jatma Massud, con vínculo con Kanoore Edul. Cuando Basso pidió las pruebas, esas llamadas no se pudieron acreditar.

Buena parte del expediente demuestra que toda la investigación es un fracaso y va camino al cierre. Y lo que queda en pie es un tembladeral en el que ninguna prueba es sólida porque su origen son servicios de inteligencia en los que juega mucho más la política que la evidencia.