“La aprobación de los convenios urbanísticos evidencia con claridad para quién gestiona Larreta”

No hubo sorpresas. La mayoría con la que cuenta el oficialismo en la Legislatura aprobó cambios en convenios urbanísticos para levantar once nuevas torres en la Ciudad de Buenos Aires. Ocurrió sólo algunas horas después del violento desalojo en la Villa 31 a cerca de 200 familias que tomaban un predio en reclamo de soluciones habitacionales. “La aprobación de los convenios urbanísticos evidencia con claridad para quién gestiona Larreta”, definió el legislador Javier Andrade, del Frente de Todos.

“Le ofrecen a los desarrolladores inmobiliarios la posibilidad de comprar constructividad, un escándalo”, alertó en diálogo con El Destape Radio, tras la sesión legislativa que –se sabía- transcurriría en medio de la polémica.

En una sesión ordinaria cargada, se dio primera sanción -con votos del bloque oficialista y aliados- a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito.

Los acuerdos obtuvieron 33 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo; 18 negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica. De todos modos, para la aprobación final, el proceso contempla que haya una audiencia pública y un nuevo debate en el recinto, para la aprobación en doble lectura.

Estaba previsto el tratamiento de 16 convenios para 16 nuevos edificios, uno de los cuales contemplaba la habilitación para una torre de 23 pisos en un predio situado en un Área de Protección Histórica del microcentro porteño, lindante a una iglesia y un monasterio construidos en 1745. Pero ese expediente, y otros cuatro, fueron retirados del listado original ante la falta de acuerdo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó la agencia estatal Télam.

Para el legislador del Frente de Todos (FDT) Matías Barroetaveña, “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”.

“Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor".

En defensa del proyecto oficialista, el diputado Daniel Del Sol precisó que "los convenios urbanísticos en cuestión representan seis mil puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad".

Los once predios contemplados en los convenios en los que se construirán torres están ubicados en Campichuelo 644, San Juan 2502, Amenábar 1501, Díaz Vélez y Virasoro, Lafinur 3126, 11 de Septiembre 1535, Corrientes 3410, Corrientes 5761, Del Libertador 5723, Arcos 3631 y Arcos 1865.

La legisladora Laura Velasco señaló la contradicción entre el desalojo de la Villa 31 casi en paralelo con el avance de proyectos para construir torres de lujo. "Esto sucede en el mismo día en el que en la Legislatura discutimos convenios urbanísticos para construir torres de lujo en 12 barrios. Mientras tanto, los sectores medios y bajos tienen cada vez más dificultades para acceder a un alquiler. La prioridad de Larreta es clara".