"La Corte de Larreta no es mejor", por Werner Pertot

Si alguien cree que tenemos problemas con todo el debate que hubo la semana pasada con la Corte Suprema, debería darse una vuelta por la situación en la Ciudad. La Corte de Horacio Rodríguez Larreta –llamada a veces Tribunal Superior de Justicia- no pasa por una suerte mejor. La última acción que emprendieron fue un manotazo a una causa en la que se investigaba un posible espionaje por parte del Gobierno porteño a través de las cámaras de la ciudad y del programa de reconocimiento facial. En un solo movimiento, los jueces que pusieron Larreta y Macri sacaron al juez que el jefe de Gobierno no quería frente a la causa y eliminaron todos sus efectos. Pero fue la última de una larga cadena, que incluye fallos que contradicen abiertamente la letra de la Constitución porteña y niegan el derecho a la educación. También está haciendo el intento de meterse por la ventana en causas que complican a Macri, como la del Correo.

Hace tiempo que estoy convencido de que la colonización del Poder Judicial está en el ADN del PRO, algo que escribí por acá en 2015. No pueden decir que no se los dije. Y tampoco que es algo nuevo. Pero creo que comenzó a notarse más y tuvo un crecimiento exponencial cuando Larreta consiguió nombrar a dos jueces del Tribunal Superior. Desde entonces, los fallos han sido cada vez más escandalosos.

Empecemos por el último. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires apartó al juez Andrés Gallardo de la causa en la que se investiga el sistema de reconocimiento facial que dependía de la Policía de la Ciudad y del que ordenara su suspensión cuando no estaba vigente. Además, se revocó su fallo. Completó el trabajo que había empezado el Gobierno de Larreta de correr a juez de la causa, para que nunca se sepa por qué había ingresados perfiles de dirigentes políticos de primera línea, empresarios, sindicalistas y de una cantidad sideral de personas comunes en un sistema que debería solo buscar a unos pocos prófugos.

El fallo llegó justo, pero justo cuando una pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le había dejado en claro al juez Gallardo que había al menos 8000 registros que no tenía nada que hacer en un sistema, se supone, creado para buscar a los prófugos. Esa pericia también había planteado que se había estado tocando los datos del sistema, quizás para borrar evidencias de mayores delitos.

Todo esto fue lo que vino a borrar el fallo del Tribunal. Los principales argumentos en contra los presentaron los jueces del TSJ Marcela De Langhe y Santiago Otamendi que -oh casualidad- son los dos que nombró Larreta. El último llegó casi directo del gabinete de Mauricio Macri cuando era presidente. La primera fue una de las autoridades de la escuela de la Policía de la Ciudad, la misma que estaba bajo la lupa con esa investigación. El tercer voto se los dio Inés Weinberg de Roca, la juez designada por Macri y a la que Macri quería como jefa de los fiscales a nivel nacional. Los otros dos jueces votaron en contra.

Se nota mucho que la mayoría está construida por jueces que no solo llegaron en tiempos de Macri o Larreta sino que actúan como verdaderas extensiones del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que lo hacen. Ya tuvieron un pedido de juicio político (bloqueado por la mayoría larretista en la Legislatura) cuando aseguraron que los niños y niñas de menos de 4 años no tienen derecho a la educación pública, sobre todo si se pueden pagar un jardín privado. Esto fue abiertamente contra la letra de la Constitución porteña que dice que el Estado porteño tiene la obligación de brindar educación “desde los 45 días”.

También hicieron un intento de meterse en la causa por la deuda del Grupo Macri con el Correo para fallar a favor de Macri. Había un solo problema… ¡Esa causa se tramita en la Justicia nacional! Aún así estos jueces se quisieron meter por la ventana. Luego Larreta sacó una ley para intentar convalidar futuras intromisiones de su Tribunal (a esta altura, le podemos decir así: SU tribunal. ¿no?).

Tiempo antes, sacaron otro fallo polémico, que permitía a la Policía de la Ciudad detener personas por portación de rostro. Lo que queda en claro es que son jueces que llegaron con el objetivo de hacer un trabajo sucio y lo están haciendo.

No son las únicas movidas que se ven en el Poder Judicial. La cabeza de los asesores tutelares está en manos de la ex ministra de Desarrollo Social de Macri, Carolina Stanley. Hace poco sacó una resolución por la que crea una unidad especial para demandas colectivas. La unidad especial tendrá "competencia exclusiva" para ocuparse de este tipo de acciones, donde están afectados derechos de un grupo grande de niños y niñas. La jugada era obvia: poner a alguien de ellos frente a las demandas colectivas para asegurarse de que no ocurran.

Un grupo de asesores tutelares reclamaron que se dé marcha atrás con la medida, que les impide iniciar causas colectivas de oficio cuando estén afectados los derechos de niños, niñas o adolescentes.

Stanley nombró por un año como coordinador de esta Unidad de Procesos Colectivos a Damián Natalio Corti, un asesor tutelar y exfiscal que tiene ya su historia en esta materia de absorber litigios problemáticos para la gestión PRO. Cuatro jueces y tres defensores oficiales denunciaron en 2020 que a través de un mecanismo irregular (un acuerdo entre Corti y el procurador porteño Gabriel Astarloa) se absorbían todas las causas vinculadas a la pandemia que apuntaran a los ministerios Educación, Salud o Desarrollo Humano porteños en un único juzgado y en una "mesa intersectorial" que integraba Corti.

Corti intentó cerrar una causa en la que se planteaba que el Gobierno porteño debía dar internet y herramientas para educación a distancia a niños y niñas de las villas. En ese caso, quedó asentado el giro que dio en un fallo del juez Andrés Gallardo: Corti fue quien inició la causa, pero "a menos de una hora de sorteada la demanda (es decir, cuando se enteró de que el juez sorteado era Gallardo), solicitó la suspensión del proceso". Luego dijo que había llegado a un acuerdo con el Gobierno porteño y que pedía que se cerrara la causa.

La medida de Stanley para frenar procesos colectivos llegó después de que varios amparos impactaran en el Gobierno porteño, como el que obligó a Soledad Acuña a poner micros para personas con discapacidad.

Quien quiera ver cómo está el Poder Judicial porteño tras décadas de PRO, solo tiene que observar estos casos.