GCBA exige a familias de las tomas que paguen casi el doble de lo que destina a infraestructura escolar

Mientras se mantiene las tomas de escuelas y el Gobierno de la Ciudad amenaza con causas penales, la ministra Soledad Acuña anticipó que además prepara “una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases”. Hoy, el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, denunció que el monto que exigen a las familias es casi el doble de lo que la Ciudad destina por día a infraestructura escolar.

La exigencia de dinero recayó sobre familias de ocho colegios y el monton total que se demanda es de 6.106.962 pesos. Mientras que, por día, el GCBA destina a infraestructura y mantenimiento escolar unos $ 3.944.247, informó Valdés, que se basó en el presupuesto votado por la Legislatura. En la práctica el número suele ser menor, porque la gestión de JxC suele subejecutar el monto destinado a infraestructura.

“Tan poco les importa la educación a Larreta y Acuña que el dinero que le exigen a las familias de los estudiantes por jornada de toma es más que el presupuesto diario en Infraestructura Escolar”, reclamó Valdés.

El Gobierno de la Ciudad anunció que exigirán a las familias el pago del “costo laboral de salarios del personal docente” durante la vigencia de la medida de protesta. En el caso de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Mariano Acosta» es equivalente a $1,5 millón diario.

Ante este escenario, Valdés calificó ante Télam a la medida como “un claro abuso por parte de la ministra de Educación y del jefe de Gobierno que quieren hacer campaña con esto. Necesitamos que la dirigencia política vuelva a la reflexión, que dialogue, porque el diálogo tiene que ser algo más que una consigna de campaña”.

Y pidió a Rodríguez Larrea que “escuche más a la oposición y a la comunidad educativa y menos a su asesor estrella Federico Di Benedetto”, en alusión al secretario de Comunicación porteño, que “se dedica a mostrarle encuestas y ‘focus group’”.

Esta nueva demanda se da en el marco de la aplicación del protocolo “antitomas”, que creó el Ministerio de Educación hace 4 años y que aplica cuando los estudiantes toman un colegio. Entre otros puntos, ordena a las y los directivos de los colegios que identifiquen a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al “patrimonio escolar”, para luego “elevar” esa información a la Procuración General.