Los incumplimientos del GCBA con las familias que quedan viviendo en el Riachuelo

La causa Riachuelo, conocida también como Mendoza, es una de las deudas históricas de la Ciudad que abarca tanto lo ambiental como la situación habitacional de quienes viven en la vera de estas aguas. Tal como publicó Nueva Ciudad, el conflicto ya cuenta con más de una década y desde el Ministerio Público de la Defensa porteño (MPD) mantienen la advertencia sobre la falta de relocalización de las familias.
 
El capítulo anterior se centró en los incumplimientos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en relación con la cantidad de viviendas que faltan construir y cómo se están gestionando los proyectos. Allí se indicó que, a más de una década del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sólo se han relocalizado a 1.094 familias de las 2.745 afectadas por la liberación del camino de sirga; es decir, aproximadamente el 40% de la población prevista que vive a la vera del Riachuelo.
 
En este nuevo capítulo de incumplimiento de Rodríguez Larreta el eje está puesto sobre las condiciones en las que viven las familias que aún no fueron relocalizadas: el 60 % de la población que habita en la vera del Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires. Un informe del MPD indicó que hay tres problemáticas concretas que se enfrentan al vivir en el camino de la sirga: los mejoramientos definitivos, arreglos de emergencia y las obras de agua, cloacas y pluviales.
 
La primera problemática referida a los mejoramientos definitivos responde a que, en 2018, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) aprobó “la Operatoria de rehabilitación o mejoramiento y cambio interno”. Así se abrió la posibilidad para que algunas familias pudieran permanecer en un sector denominado “fuera de línea de demolición”. Es decir, que no sean relocalizadas, sino que el Gobierno porteño asegure sus condiciones de habitabilidad a través de obras de mejoramientos.
 
“Resulta importante señalar que, sin perjuicio de esta línea de demolición fijada por el GCBA, numerosas familias que viven en este sector se encuentran censadas y cumplen los requisitos para ser mudadas a viviendas nuevas”, aclara el informe. Para cumplir la demanda habitacional de estas familias es necesario su relocalización o que su actual vivienda cumpla con las condiciones ordenadas.
 
La realidad de las familias que no serán relocalizadas, por estar fuera de esta línea de demolición, está empeorando ya que Rodríguez Larreta tiene casi suspendidos los proyectos de mejoramiento de las viviendas. “El Gobierno de la CABA, a través del Instituto del a Vivienda, no incluyen en su planificación la realización de estas obras pendientes”, denuncia el informe del MPD que agrega: “Desde la Defensoría entendemos que esta línea de trabajo es especialmente importante para incidir en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estos barrios”.
 
Otra problemática nombrada como “arreglos de emergencia” responde a las obras que deben realizarse en las viviendas de las personas que deben ser relocalizadas, pero aún no lo fueron. El principal reclamo recae, otra vez, sobre la demora del Gobierno de la Ciudad en avanzar con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y mudar a los habitantes.
 
Cabe destacar que son 11 años de retraso sumado a una “ausencia de medidas paliativas por el paso del tiempo” lo que derivan en que las “condiciones edilicias y en muchos casos estructurales de las viviendas comenzaron a deteriorarse”. Desde el MPD presentaron varias veces esta problemática al IVC y, según informaron, “recién este año se pudo avanzar en la discusión de criterios para establecer la priorización en los arreglos de emergencias”. Mientras que “se encuentra en discusión el presupuesto necesario para que el avance de estas obras tenga algún impacto en la vida de los vecinos del barrio”.
 
Las familias que viven en el camino de la sirga enfrentan un tercer problema relacionado con los incumplimientos en la obra de agua, cloacas y pluviales, que abarca el total de la zona de camino de sirga afectada por caso Mendoza. Si bien desde ACUMAR se anunció que las obras habían finalizado, todavía quedan sectores de los barrios donde no hay servicios.
 
“Resulta preocupante la inconsistencia con lo planificado y los pasillos que luego de realizada la obra no podrán recibir el servicio de AYSA”, asegura el informe donde se detalla que en estos lugares no hay tendido de la red, así como tampoco tienen servicio las familias que no fueron relocalizadas debido al retraso de las obras.
 
ACUMAR anunció el fin de las obras, pero lo cierto es que desde el MPD indican que no es posible “establecer el real alcance de la gran obra realizada ya que ni el IVC/ACUMAR/AYSA han aportado información clara y precisa sobre el número de familias que efectivamente se conectaron a la nueva red de cloacas ya que la obra no previó las conexiones intradomiciliarias”.
 
Según relevamientos realizados por instituciones que acompañan el proceso de Riachuelo desde sus inicios y con una importante inserción territorial, informan que en San Blas un gran porcentaje de hogares no se ha logrado conectar al sistema cloacal, “lo cual resulta gravísimo atendiendo que esta obra se propuso un impacto mayúsculo en el barrio y por tal motivo fue financiada por el Banco Mundial”.
 
Mientras que en los lugares donde no llegó la obra, el Gobierno de la Ciudad tampoco ofrece ninguna solución alternativa que garantice estos servicios básicos. Tal es así que en los Asentamiento Magaldi como en el Pueblito, ambos afectados por esta causa ambiental y que están esperando su urbanización, existen serios problemas de provisión de servicio de agua y de cloacas desde hace años (desbordes cloacales, falta de presión de agua).
 
En ese sentido, desde el 2020 hay órdenes judiciales en relación a la necesidad de obras de infraestructura para estos barrios a las que abiertamente el GCBA manifiesta falta de presupuesto.
 
En más de una década, el Gobierno porteño a cargo del PRO no resolvió los problemas de las familias que viven en la vera del Riachuelo y alega falta de presupuesto en una de las Ciudad más ricas del país.