"Una ministra más policial que educativa", por Werner Pertot

Cuando ya parecía que la ministra de Educación, Soledad Acuña, la de las frases célebres, no podía superarse, lo hizo de nuevo. La misma que trató a los estudiantes pobres de dealers y a los docentes de viejos y fracasados, alcanzó un nuevo nivel al intentar frenar las tomas de secundarios –que le exigen que revise el sistema de viandas y las pasantías- con denuncias penales contra padres y madres que tienen cero sustento, con denuncias civiles por cifras millonarias que, incluso, superan lo que el Gobierno porteño invierte en la infraestructura de las escuelas. Y, finalmente, mandándole la Policía de la Ciudad a los padres y madres a su casa por la noche para “notificarlos” de una contravención que no guarda ninguna relación con lo que estaba pasando, en un evidente intento de amedrentar.

Para ser justos, el que inauguró un uso indisimuladamente político de la Policía de la Ciudad fue Horacio Rodríguez Larreta, que banca a Acuña en cada barbaridad que dice o hace. El jefe de Gobierno mandó a la policía a cercar la casa de la vicepresidenta y a reprimir a quienes querían manifestarse en su favor. Inédito. Si sumamos a eso lo que decidieron hacer ahora: enviar a los policías a amedrentar padres y madres (hay casos en los que, al no encontrar a la persona, empezaron a hacer preguntas sobre sus horarios y ocupaciones a vecinos), los límites cada vez se cruzan a mayor velocidad. No puede ser que la carrera para ver quién es más de derecha con Patricia Bullrich les haga olvidar que tienen que gobernar con apego a la Constitución. Pero, lamentablemente, este es el escenario que venimos viendo.

Todo esto, para no discutir las dos o tres cuestiones básicas que venían planteando las y los estudiantes y que, luego de un largo tiempo de no escuchar los reclamos, llevó a las tomas. No es cierto que “pasaron de 0 a 100 en un minuto” como dijo Acuña. La realidad es que las cuestiones que plantean vienen siendo debatidas hace tiempo, sin que la ministra atine a dar una solución.

Tomemos, por caso, las viandas: la legisladora Ofelia Fernández, por un lado, y un grupo de cooperadoras, por otro, hace tiempo que plantean que hay serios problemas con el sistema actual de comedores escolares, donde el Gobierno porteño terceriza en empresas privadas la alimentación de niños, niñas y adolescentes. ¿Tomó en sus manos el problema Acuña? No, ratificó el sistema actual y cajonearon el proyecto de Ofelia Fernández. Primera oportunidad perdida para no llegar a esta situación.

El reclamo, no obstante, no solo es por la calidad de la comida sino por la cantidad: son numerosos los casos que denuncian donde llegan menos viandas de las necesarias. El trámite para pedir becas escolares es engorroso a propósito. Ya en junio se habían movilizado por este tema con la consigna “con hambre no se puede estudiar”. ¿Acuña tomó nota? ¿Cambió algo? No.

Tampoco pareció prestar atención a un informe de la Auditoría porteña, que alerta sobre la falta de control sobre las empresas que prestan el servicio. En rigor, eso tampoco es nuevo: hay informes de estos desde hace por lo menos cinco años.

Segundo tema: las pasantías. Ya Acuña había tenido un fuerte conflicto cuando lanzó Secundarias del Futuro. En ese momento, había fuertes sospechas sobre lo que representaban esas pasantías. Pero el problema es que ahora los y las estudiantes secundarios pudieron comprobar en carne propia que, lejos de tener experiencias educativas en ámbitos laborales, les están restando días de clase para que armen sanguchitos, laven platos, sirvan café, trabajen para la policía. Y todo gratis. En algunos trabajos, con lo de los hoteles, hasta le pidieron a las adolescentes que se vistan con polleras cortas o mandaron a los chicos a lavar platos porque no tenían la ropa adecuada. ¿Quién está controlando cómo se hacen estas pasantías?

En este panorama, sumado a las condiciones edilicias por las que ya vienen reclamando hace tiempo, ¿no era obvio que todo terminaba en una protesta?

A falta de soluciones, Acuña desplegó una maquinaria represiva: primero fueron mails amenazantes a los padres y madres. Luego, cuando arrancó la toma del Mariano Acosta, enviaron una persona que les cortó la luz. Siguió con la decisión de aplicar un “protocolo antitomas” que dejó sin clases a estudiantes del jardín y la primaria del Acosta, pese a que la toma era en otro edificio (de paso, tiramos por la borda la supuesta pretensión de que “cada día de clase cuenta”). Con esta medida buscó enfrentar familias de una escuela con las de otra, así como intentó enfrentar padres con hijos.

Dispuesta a no revisar ninguna de sus malas políticas educativas, Acuña anunció que denunciaría penalmente a los padres y madres de los chicos y chicas que participen de las tomas. Y empezó a pedir cifras siderales a partir de un juicio civil.

El problema es que eso números la deschavan. El legislador Juan Manuel Valdés hizo un cálculo de cuanto invierte en infraestructura escolar el Gobierno porteño y cuanto le pide a las madres y padres por supuestos daños a las escuelas, aún a comprobar. La cuenta es notoria: mientras el Gobierno porteño invierte por día 3.944.247 pesos en escuelas, le pide a las familias por la toma de ocho escuelas que pongan 6.106.962 pesos. Esto revela el tremendo compromiso que tienen por la educación.