Los fallos que el GCBA desacata y cuáles son las estrategias de Larreta para incumplirlos

El Gobierno de la Ciudad mantiene una pelea con el Gobierno nacional por el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación. Sin embargo, en territorio porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene una serie de estrategias para incumplir los fallos judiciales en su contra.

Página 12 hizo un recuento de las decisiones que el Gobierno porteño no acata y son problemas estructurales de la Ciudad como por ejemplo la falta de vacantes en las escuelas porteñas de la Ciudad.

Cuál es la estrategia del GCBA para incumplir fallos

La Justicia porteña cuenta con algunas normativas que le permiten a Rodríguez Larreta no acatar determinados fallos. Una de ellas es una ley votada en la Legislatura en 2020 que establece que cada vez que se presenta un amparo hay que notificar a la fiscalía como "control previo". Este control previo recae sobre el Ministerio Público Fiscal, cabe recordar que esta institución está dirigida por Juan Bautista Mahiques señalado por participar de un viaje a Lago Escondido con jueces federales, funcionarios porteños y periodistas de Clarín.

Mahiques fue parte de la filtración de chats que derivó en una causa judicial por el viaje a la estancia del magnate británico, Joe Lewis, y que está caratulada como a "Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas". En la misma se intenta determinar si, como surge de la denuncia inicial realizada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y como se desprende del pedido de imputación firmada por la fiscal Etchepare, el vuelo y el alojamiento de los funcionarios judiciales y políticos de CABA fue financiado por el Grupo Clarín. Junto a Mahiques está imputado el ex Ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, entre otros.

Por otro lado, Página 12 consignó que en los tribunales porteños hay causas que son "juicios estructurales", como los que atañen a urbanización de barrios vulnerados, servicios esenciales, el uso de terrenos públicos, comedores escolares y calidad de la comida, construcción de escuelas, de hospitales, la garantía de derechos laborales, derecho a la vivienda, acceso a la educación.

Cuando la Justicia falla en contra del GCBA en estos casos, muchas veces con medidas cautelares, la estrategia es el incumplimiento absoluto o la creación de obstáculos legales que impidan el acatamiento pleno de las medidas. Así, presentan apelaciones y recusaciones a jueces para dilatar el cumplimiento. También promueven juicios políticos, como hicieron con Guillermo Scheibler después que exigió un estudio de impacto ambiental para el proyecto de IRSA en la Costanera Sur.

Otra estrategia del GCBA es utilizar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como sucedió con la decisión judicial de la sala III de la Cámara en lo Contencioso y del juez Scheibler que fue anulada. Ésta indicaba que la Auditoría General porteña debía respetar el cupo de al menos un 30 por ciento de mujeres en su integración. Scheibler incluso dispuso que la Legislatura publicara un pedido de disculpa pública por incurrir en una conducta discriminatoria. La mayoría macrista/larretista legislativa no acató y la corte de la Ciudad blanqueó esa postura al ignorar la Constitución porteña que prevé la proporción de participación femenina en órganos colegiados.

Incumplimientos de la Legislatura porteña

Seguridad de repartidores a domicilio

El juez Gallardo, recusado en varias oportunidades por el GCBA, emitió una medida cautelar que buscaba mitigar el riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación de la salud de los repartidores a domicilio que conducen bicicletas para Rappi Arg SAS; Kadavara SAS (Glovo) y Pedidos Ya S.A. Así ordenó a las empresas regularizar la situación de las y los trabajadores y al gobierno de la CABA, garantizar que eso suceda. Mientras tanto se suspendía la actividad.

El fallo exigía un plan de contingencia económica social para todos los repartidores. Fue incumplido, incluso el juez declaró la falta de acatamiento, y en el ínterin murió un trabajador de Rappi y en un accidente. 
 
Pandemia de coronavirus

Durante la pandemia, el GCBA no acato dos resoluciones. Una del juez Darío Reynoso para que el gobierno porteño elaborara y cumpliera un "protocolo Covid" en los barrios vulnerables (provisión de agua, alimentos, elementos de higiene y limpieza). Sin embargo, Rodríguez Larreta decidió recusar al juez.

Otro, fue un fallo de Gallardo que había dispuesto que el GCBA entregue a las y los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad algún dispositivo para seguir con su educación en forma remota y que instalara WiFi en las villas y asentamientos porteños. Tampoco hubo cumplimiento. 

Vacantes en las escuelas de la Ciudad

La jueza Elena Liberatori emitió un fallo en 2019 que obliga al GCBA a resolver la falta de vacantes en la escuelas, que en ese momento eran aproximadamente unas 20.000, pero hoy serían más. El GCBA debía informar, además, sobre las 54 escuelas nuevas que Larreta dijo haber construido ya que, según advertía su sentencia, en realidad se trata de las mismas que promocionan desde 2008, cuando Macri era jefe de gobierno.  Si bien el fallo fue confirmado el año pasado en Cámara, Larreta nunca acató.

Discapacidad

Otro fallo del juez Gallardo ordenó en 2018 implementar un sistema de acceso a las estaciones de subte que carezcan de escaleras mecánicas y/o ascensores para personas con discapacidad o incapacidad motriz. El juez fijó una multa y explicó que más del 15% de escaleras y ascensores no funcionan. En otra causa resolvió que las y los pasajeros en general viajaran gratis cuando no funcionaran esos accesos, pero Subterráneos de Buenos Aires logró apartarlo del expediente.
 
Vivienda

La crisis habitacional en la Ciudad es sistemáticamente ignorada pr el GCBA que incumple varios fallos sobre la cuestión. En 2018, integrantes del colectivo trans iniciaron una demanda y el juez Gallardo dictó una cautelar para que se les otorgue un subsidio suficiente para acceder a una vivienda digna y que se cree un plan de empleo para este colectivo que —argumentó— se encuentra en situación de vulnerabilidad social, sin condiciones de vivienda digna, ni acceso al mercado formal de trabajo, con baja expectativa de vida y el padecimiento de discriminación por identidad de género.

La respuesta del GCBA fue la recusación del juez al igual que hicieron con su colega Martín Converset, quien determinó que las políticas habitacionales en la Ciudad eran suficientes.

Lo mismo sucede con la causa Riachuelo, conocida también como Mendoza, que es una de las deudas históricas de la Ciudad que abarca tanto lo ambiental como la situación habitacional de quienes viven en la vera de estas aguas. Tal como publicó Nueva Ciudad, el conflicto ya cuenta con más de una década y desde el Ministerio Público de la Defensa porteño (MPD) mantienen la advertencia sobre la falta de relocalización de las familias.

A más de una década del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sólo se han relocalizado a 1.094 familias de las 2.745 afectadas por la liberación del camino de sirga; es decir, aproximadamente el 40% de la población prevista que vive a la vera del Riachuelo.

En detalle, faltan construir cerca de 700 vivienda para cumplir con la relocalización de las personas de la Villa 21 24, 150 para cumplir con las del Asentamiento Lamadrid y un número impreciso aún para hacer posible la urbanización de los Asentamientos Magaldi, El Pueblito y Lújan.

En ese sentido, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2, a cargo del Dr. Rodríguez, ha ordenado que se ponga a disposición de la causa viviendas terminadas para dar cumplimiento al fallo. La Ciudad de Buenos Aires tiene proyectos constructivos en Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20, mientras que Nación tiene en Estación Sáenz y Estación Buenos Aires. Sin embargo, lo cierto es que el Juzgado a pesar de la orden no avanzó en pedir esas viviendas