Archivaron la causa de los chats filtrados entre D’alessandro y Robles

El juez federal Sebastián Ramos desechó la denuncia por los chats filtrados entre Silvio Robles, el colaborador del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quien había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

El magistrado tomó esa determinación en coincidencia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, al considerar que las pruebas fueron obtenidas “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos.

Quien manifestó su descontento frente a la decisión fue el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que afirmó que “dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios”.

“Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte”, enfatizó, en contacto con Página 12.

Cabe destacar que la acción la había iniciado el abogado Gastón Matías Marano, quien dijo haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre Robles y D’Alessandro en base a la aplicación Telegram “a través de distintos medios de comunicación”.

Por su parte, Stornelli interviene también en una denuncia presentada por D’Alessandro por “la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal” como “parte de un plan criminal sistemático que califica como dirigido a dañar, ante la opinión pública, su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados”.

De esa manera, el fiscal subrayó que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”.