Casa Santa Cruz: denuncian negociados entre el dueño del inmueble y el GCBA

La Casa Santa Cruz se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes. Desde años viven bajo la amenaza de un posible desalojo, ayer se dio una nueva alerta pero las familias llegaron a un acuerdo para que se postergue el desalojo judicial por seis meses.
 
También, acordaron que se abra una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio y que celebraron la noticia con aplausos y cánticos de "Vivienda sí, desalojo no".
 
Casa Santa Cruz es un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del '90, y en el que fueron instándose familias desde 2004. En 2010, Leandro Ratuschny compró el inmueble, donde ya vivían decenas de familias, a un precio irrisorio para un inmueble de unos 65 mil metros cuadrados: sólo 1,5 millones de pesos.
 
Según consignó Télam, Ratuschny es conocido por gerenciar hoteles familiares que alojan a personas en situación de vulnerabilidad que reciben un subsidio del Gobierno porteño, y como “inversor” en negocios inmobiliarios a través de la compra de propiedades de gran superficie y que estén pendientes de desalojo.
 
Las causas que acumula Ratuschny se registran desde el 2001, con un proceso iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante la detección de irregularidades en torno a la operatoria de los hoteles que asistían a personas sin techo y que obtenían un pago del Estado por brindar ese servicio.
 
En ese momento, el empresario fue denunciado por estar en una lista de propietarios que “inflaba” el número de personas registradas para su alojamiento, por lo cual, percibía mayores ingresos de fondos públicos. También se lo investigó porque algunos de sus hoteles, entre ellos uno llamado Zavalía, no cumplía con los requisitos para estar habilitado.
 
Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) denunció que esta situación ocurría “con la connivencia de los organismos de gobierno” y fue denunciada por la Defensoría del Pueblo “en los casos particulares y, en líneas generales, respecto de todos los que no tenían habilitación y usufructuaban de las diferentes operatorias involucradas”.
 
En relación a la compra de Casa Santa Cruz, según testimonios de los residentes, Ratuschny intentó cobrarles un alquiler a las familias, luego les ofreció venderles la torre en un valor veinte veces mayor al cual había adquirido el lugar y, finalmente, eligió avanzar con el inicio de una demanda por desalojo ante el Juzgado en lo Civil 60, donde quedó radicado el caso hasta la actualidad.
 
Remarca que aparece también “como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.
 
De acuerdo a diversas fuentes consultadas por Télam, el mecanismo contempla la adquisición de los inmuebles “de grandes superficies que están pendientes de desalojo”, para luego ejecutar la desocupación de la propiedad y, una vez liberada, ponerlas a disposición del Gobierno de la Ciudad para los programas habitacionales.
 
Ratuschny, desde hoy, recibirá un pago mensual y por un semestre del Gobierno porteño para permitir la permanencia de las más de 100 familias que habitan en el lugar, como parte de un acuerdo alcanzado para evitar el desalojo previsto para esta mañana.
 
Mientras tanto, las partes alcanzadas por este conflicto conformarán una mesa de trabajo para dar con una solución habitacional adecuada.