La comunidad educativa de un jardín de Barracas resiste para que el Gobierno porteño no lo cierre

El cierre de escuelas y la fusión de establecimientos educativos como escuelas y jardines de infantes en la Ciudad se han normalizado. Hace más de una década que las diferentes gestiones macristas implementan esta modalidad ante la fuerte demanda de miles de familias que exigen vacantes en la educación pública. Esta decisión política pone en riesgo la continuidad pedagógica de miles de chicas y chicos y afecta la organización de las familias.
 
Si bien la gestión de Horacio Rodríguez Larreta será recordada como la que más instituciones escolares cerró e intentó cerrar entre 2016 y 2023, como los 14 secundarios nocturnos, o el cierre de al menos cinco jardines maternales; el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, a pocos meses del inicio de su gestión, retomó el mismo camino que su antecesor.
 
La comunidad educativa del jardín N°3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, resiste el cierre de su jardín que, según lo informado por las autoridades porteñas el pasado 25 de marzo, cerrarían las salas de 4 y 5 del turno de mañana. Las familias junto a legisladores porteños presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil.
 
Tras el aviso de cierre, las familias denunciaron hostigamiento por parte de la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel, aseguran que recibieron llamados que si no aceptaban el pase a otro jardín iban a perder sus vacantes.
 
“Los directivos nos informaron que las salas iban a cerrar tanto en el turno mañana como el turno tarde, y que teníamos que elegir a qué escuela iban a ir nuestros hijos. Situación que vivimos cuando ya habían empezado el 26 de febrero, o sea, durante el primer mes que es de adaptación, que es donde todos los nenes y las nenas empiezan a conocer la escuela”, señala a Tiempo Susana Moreno, mamá de Román que asiste al jardín.
 
Algunas familias aceptaron el cambio de escuela pero la mayoría resistió el cierre del jardín. “Nosotros hicimos todo un trámite de inscripción en el mes de octubre del año 2023, posterior confirmación en diciembre del año 2023, posterior reconfirmación en febrero, previo al inicio de clases, y en ningún momento nos informaron ni que la escuela ni que esas salas iban a cerrar”, agregó.
 
Susana denunció que “las familias empezamos a recibir todo el tiempo llamadas telefónicas preguntándonos a qué escuela habíamos decidido mandar nuestros hijos, que ya nos habían asignado una vacante en otra escuela; recibimos correos con las mismas indicaciones, todo el tiempo mensajes en los contestadores diciéndonos las mismas cosas, o sea, un hostigamiento constante para que nos cambiemos”.
 
A un padre lo convencieron de firmar diciéndole que la madre de su hijo ya había firmado, lo cual era mentira. “Ante semejante atropello, algunas madres se pusieron en contacto con mis compañeros docentes de la agrupación 9 de Abril, y luego con las abogadas y abogados del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), con quienes presentamos una acción de amparo colectivo contra el GCBA por vulnerar los derechos de estos chicos”, contó a Tiempo la diputada porteña del FIT Alejandrina Barry.
 
La causa fue radicada en el Juzgado de 1ra instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 23, a cargo del Dr. Francisco Javier Ferrer, quien solicitó los expedientes administrativos correspondientes a los reclamos realizados por las familias del jardín, y que se informe sobre el posible cierre de las salas, los antecedentes de hecho y derecho, si se informó a los padres de dicha situación al momento de solicitar la vacante del año 2024, entre otros puntos.
 
“Esta es un pelea de mucho tiempo que venimos realizando con mi compañera Myriam Bregman y Patricio del Corro, y el colectivo Vacante para Todos, obteniendo fallos que nos daban la razón de que el Gobierno de la Ciudad no otorgaba las vacantes necesarias para todos los chicos, sobre todo en la zona sur de la Ciudad e instaba a que construyeran las escuelas necesarias. Mientras seguimos peleando por más vacantes creemos que este es un paso importante en evitar que los chicos y chicas pierdan su derecho a estudiar y que se siga exigiendo al Gobierno que resuelva la situación”, agrega Barry.
 
Además, las familias denuncian que la supervisión del distrito escolar número 5 informa que el jardín ya cerró y esconde las vacantes cuando cientos de familias piden un lugar en la educación pública. “La supervisión tiene el manejo de las vacantes, y cuando alguien pregunta por la escuela le dicen que ya está cerrada, que no toman vacantes, con lo cual eso no debería ser así porque el jardín está abierto y habilitado, los chicos están yendo y se pueden inscribir durante todo el transcurso del año”, explica Samantha Bonet, mamá de Túpac, que asiste al jardín.
 
“Lo que estamos haciendo ahora es tratar de informar a otras familias que el jardín sigue abierto y que sus hijos pueden anotarse para evitar que el Gobierno argumente falta de inscriptos y que la escuela siga abierta”, continúa Samantha.
 
Ante la solicitud del Dr. Ferrer el Gobierno porteño negó el cierre de cualquier sala que tuviera inscriptos. Argumentó que las inscripciones en línea sufren una baja año a año debido a la baja de la tasa de natalidad en la Ciudad.
 
Ante estos argumentos, la abogada del CeProDH, Agustina Ferro, manifestó que lo dicho por el GCBA “es totalmente falaz, la crisis de vacantes surge desde la implementación del sistema de inscripción en línea. Desde entonces toda la información relativa a las vacantes queda bajo la llave del mismo GBCA que desmantela la educación pública en favor de las instituciones privadas, vulnerando el derecho a la educación de los pibes, como así también el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación”.