Denuncian irregularidades en el programa de reciclado en el Barrio Padre Carlos Múgica

En 2018 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley No 6.129 que establece en sus lineamientos principios de justicia ambiental y tiene por objeto la reurbanización e integración de los barrios 31 y 31 Bis con el resto de la Ciudad de Buenos Aires y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones de la Ley No 3.343.
 
El programa ATR es uno de los ejes del proyecto de reurbanización, respecto a la recuperación de basura y el reciclado. En el mismo se encontraron fallas administrativas respecto a la estructura, se observó que las coordinaciones de las Gerencias Operativas, las áreas de gestión de recursos humanos, presupuesto, administración, asuntos legales y evaluación carecen de formalización, es decir no hay protocolos ni manuales de procedimientos en la base de la estructura.
 
Respecto a esto el auditor general Lisandro Teszkiewicz señala que “Tanto el programa ATR como la Ley de Basura Cero que también auditamos años anteriores, proponen soluciones mágicas frente a una realidad ni siquiera cuentan con una gestión transparente ni regulación interna”.
 
Entre otras cuestiones, no se encuentra establecido cómo se configura la relación entre el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CeDEL) y las empresas. Además, en su planta física carece de ventilación en el baño para personas con discapacidad, presenta humedad en cielorraso, vidrios rotos, ventanas bloqueadas que no ventilan, artefactos de luz mal instalados entre otros incumplimientos.
 
En referencia a la gestión de recursos humanos, en su “Manual CeDEL” no están identificados quienes se encargan de la recolección, además la nómina de personas no coincide con el listado de transacciones. Por otro lado, carece de instrumentos para realizar actividades diagnósticas, no hay equipo de trabajo, no determinaron criterios utilizados para la selección en la oferta de cursos de capacitación y formación, ni actividades de inserción.
 
Respecto a esto el auditor de Unión por la Patria resalta que “no se sabe que sucede cuando los trabajadores no pasan el periodo de prueba en los puestos que ofertan, no hay criterios establecidos para abordar situaciones relacionadas con la violencia laboral, ni para las tareas de mejoramiento, saneamiento, retiro y traslados de residuos áridos”.
 
En relación a la recolección de basura se detectaron debilidades del sistema de registro de la coordinación de cooperativas. Figuran dos empresas contratadas McKinsey y Deterra, pero en la base de datos, entregada en una planilla Excel, no hay registro de la cantidad de materiales disponibles para la venta, no dice quién realizó la fiscalización de las acciones de limpieza y recolección de las cooperativas, en otros términos, no hay una trazabilidad de qué ocurre con la basura.
 
Ante la ausencia de documentación física que da cuenta de la efectiva realización de la inspección, es otorgada una plantilla de Excel. El auditor general concluye que “esta planilla al poder ser modificada, debilita la integridad y confiabilidad del sistema de supervisión y monitoreo de la prestación. Por otro lado, que no haya un registro de la trazabilidad de la basura, demuestra la poca intención de Macri por brindar transparencia respecto a la urbanización de uno de los barrios populares más emblemáticos de la Ciudad, por ejemplo, contratando empresas tercerizadas, cuando tenemos cooperativas que funcionan muy bien, es la evidencia empírica que demuestra el verdadero interés en hacer negocios privados en vez de mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos”.