"Policía de la Extorsión", por Werner Pertot

En cualquier película o serie mafiosa, de Los Sopranos para acá, siempre vemos al mafioso cobrarle una tarifa por “protección” a comerciantes. Y es conocida la vieja práctica de la policía de demandar un aporte ya sea en especias (la clásica pizza de muzzarela) o en dinero contante y sonante a comercios, trapitos y vendedores ambulantes en general. Pero una cosa es saber que esto ocurre en nuestra sociedad y otra es que un fallo judicial te lo confirme. La semana que pasó una sentencia de Casación dejó en claro que la Policía de la Ciudad (aquella fuerza que fue creada de cero y se suponía, iba a limpiarse de las viejas prácticas de la Federal) tenía una red de extorsión en zona norte que le cobraba a comerciantes y a cuidacoches.

Es una causa que viene de los orígenes del experimento macrista en la Ciudad y por la que estuvo preso el primer jefe de la Policía de la Ciudad, luego de su mutación de Policía Metropolitana en lo que es hoy. Sobre esto, recomiendo la excelente nota de Néstor Espósito en Tiempo Argentino. Intentaré, no obstante, resumir los detalles: El jefe policial en cuestión era el comisario José Pedro Potocar.

El jefe de Gobierno en ese entonces era Horacio Rodríguez Larreta. El escándalo se llevó puesto al policía, que estuvo preso, pero luego fue absuelto.

No obstante, la causa siguió su curso y fue ascendiendo por los escalones judiciales hasta llegar a la Cámara de Casación. Lo interesante del fallo es que se aleja de la teoría de la “manzana podrida” y destaca que lo que se encontró y se probó fue una verdadera red policial de extorsión. Los camaristas Gustavo Bruzzone, Jorge Rimondi y Horacio Dias escribieron en su fallo: “No se trata de un par de efectivos policiales que abusaron de su autoridad para beneficio personal, se trata de una verdadera organización criminal y paralela en el seno de una dependencia que debía contribuir a prevenir y perseguir la criminalidad”.

Me importa más este planteo sobre lo sistémico del sistema de recaudación que las penas individuales que recibieron los policías a los que se le probó su participación.

Casación remarcó que en el juicio oral de 2021|se probó que en “la Comisaría 35ª de la PFA se había montado una organización criminal de estructura jerárquica que había funcionado, de forma permanente, entre finales de enero y comienzos de febrero de 2016 (…) La empresa criminal desplegó un sistema de recaudación con el objetivo de obtener sumas de dinero a cambio de ofrecer mayores medidas de seguridad a los comercios aportantes u omitir el cumplimiento de las funciones y deberes propios de sus cargos como agentes de una fuerza de seguridad -dejar trabajar tranquilos a los cuidacoches”.

Se trata de una práctica largamente conocida: hacer la vista gorda sobre una irregularidad a cambio de una coima o bien presionar a un comerciante con lo que le puede pasar si no da su “aporte voluntario”. Pero es importante que esto esté probado en un fallo judicial con fechas, datos, nombres y apellidos (si bien, a los efectos de este análisis, los nombres importan menos que el sistema que se expuso).

La constatación de la persistencia de estas prácticas policiales de larga data (que, como decíamos, son igualitas a la de los mafiosos de las películas) no deja de mostrar una vez más que el hecho de que la nueva policía fue construida directamente con la vieja Federal tiene consecuencias a todos los niveles. La primera fue la escandalosa salida del “Fino” Palacios, procesado por el encubrimiento a la AMIA en el momento en que era el primer jefe de la Metropolitana. Pero también hay prácticas más subterráneas, arraigadas en la institución policial, que la gestión PRO no parece haber erradicado de la nueva fuerza policial.

El desafío sería como pensar en tener realmente una policía de proximidad, como la que se prometió cuando votaron la ley que la creó en la Legislatura, y no una versión del pasado en copa nueva, eso sí, con amplia capacidad para reprimir jubilados.